Este espacio diseñado por Miguel Vte. Segarra, pretende tener actualizados la legislación, los principales problemas y posibles alternativas desde un punto de vista progresista de NUESTRO SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN SOCIAL
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domingo, 10 de enero de 2021
EL NUEVO Y CAMBIANTE MUNDO DEL TRABAJO. UNA MIRADA ABIERTA Y CRÍTICA A LAS NUEVAS REALIDADES LABORALES (Eduardo Rojo )
domingo, 6 de diciembre de 2020 (Estudio (Eduardo Rojo Tordecilla)
Unión Europea.
La puesta en marcha del semestre europeo 2021.
Estrategia anual de crecimiento sostenible 2021,
Propuesta de Recomendación sobre la política económica de la zona euro, Proyecto de informe conjunto sobre el empleo,
e Informe sobre el mecanismo de alerta
1.
La Comisión Europea, presidida por Ursula der Leyen, hizo públicos el 18 de noviembre los documentos con los que inicia el ciclo del semestre europeo 2021
de coordinación de las políticas económicas, presupuestarias y sociales, y que
he tenido oportunidad de leer, teniendo como punto de referencia principal la
Estrategia anual de crecimiento sostenible 2021, publicada dos meses antes, el
17 de septiembre, en la que se afirma, según una nota de prensa, que “inaugura
el siguiente ciclo del Semestre Europeo y establece la orientación estratégica
para la aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Confirma el
objetivo de la UE de seguir una nueva estrategia de crecimiento basada en el
Pacto Verde Europeo y en el concepto de sostenibilidad competitiva. Las cuatro
dimensiones de la sostenibilidad competitiva, a saber, la sostenibilidad
medioambiental, la productividad, la equidad y la estabilidad macroeconómica,
identificadas en la EACS del año pasado deben seguir siendo los principios
rectores para la aplicación del Mecanismo”. Se añade que “Para poder acogerse
al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los Estados miembros deben
presentar proyectos de planes de recuperación y resiliencia en los que se
expongan los programas nacionales de inversión y reforma adoptados en
consonancia con los criterios estratégicos de la UE mencionados anteriormente.
Los planes de recuperación y resiliencia de los Estados miembros también deben
abordar los retos de política económica que figuran en las recomendaciones
específicas por países de los últimos años y, en particular, en los ciclos de
2019 y 2020. Dichos planes deben permitir asimismo a los Estados miembros
intensificar su potencial de crecimiento económico, creación de empleo y
resiliencia económica y social, así como hacer frente a las transiciones
ecológica y digital”. Tomando en consideración más general todos los
documentos presentados, la Comisión explica que presenta “su paquete de otoño
relativo a la política económica, que abarca los dictámenes sobre los
proyectos de planes presupuestarios de la zona del euro (PPP) para 2021 y las
recomendaciones políticas para la zona del euro. Se trata de la última etapa
del ciclo del Semestre Europeo de 2021, que se inició en septiembre con la
publicación de la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible centrada en el
concepto de sostenibilidad competitiva. La Estrategia también proporcionó a
los Estados miembros orientaciones estratégicas para la elaboración de sus
planes de recuperación y resiliencia y determinó la relación existente entre
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el Semestre. El paquete de medidas presentado hoy se basa en las previsiones económicas de
otoño de 2020, elaboradas en un contexto de gran incertidumbre, que preveían
que, debido a la perturbación económica provocada por la pandemia de
coronavirus, la producción en la zona del euro y en la UE en 2022 se situaría
por debajo del nivel alcanzado antes de que se declarara la enfermedad”. La CE
ha presentado varios documentos. Además del anteriormente publicado dedicado a
la estrategia sostenible, cabe destacar que se han publicado la propuesta de
Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona euro, con el
fin de integrar mejor las dimensiones nacionales y de la zona del euro de la
gobernanza económica de la UE, el Informe sobre el mecanismo de alerta, y la
Propuesta deinforme conjunto sobre el empleo (PICE). El acceso a todos los
documentos se encuentra disponible en este enlace Respecto al PICE, se presenta
de acuerdo a lo dispuesto en el art. 148 del Tratado de funcionamiento de la
Unión Europea (TFUE), documento en el que se ofrece “un resumen anual de las
evoluciones más importantes en materia social y de empleo en Europa, así como de
las medidas de reforma de los Estados miembros, en consonancia con las
orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros. La
información sobre estas reformas respeta la estructura de las orientaciones:
impulsar la demanda de mano de obra (orientación n.º 5), mejorar la oferta de
mano de obra, las capacidades y las competencias (orientación n.º 6), mejorar el
funcionamiento de los mercados de trabajo (orientación n.º 7) y fomentar la
inclusión social, combatir la pobreza y promover la igualdad de oportunidades
(orientación n.º 8)”. Además, el Informe supervisa los resultados de los Estados
miembros en relación con el cuadro de indicadores sociales establecido en el
contexto del pilar europeo de derechos sociales aprobado en la cumbre
interinstitucional de Gotemburgo celebrado el 17 de noviembre de 2017. En la
presentación de los documentos del semestre europeo, se manifestó lo siguiente
por el Vicepresidente Valdis Dombrovskis, responsable de una economía al
servicio de las personas, “Ahora que Europa se encuentra sumergida en la segunda
ola de la pandemia, tenemos que intensificar nuestros esfuerzos para ayudarnos
mutuamente a capear el temporal. El presente paquete de otoño tiene por objeto
pilotar las economías de la UE conduciéndolas hacia aguas más serenas y
proporcionar orientaciones políticas que permitan nuestra recuperación
colectiva. Para que Europa se recupere y reafirme como una fuerza competitiva en
la escena mundial, necesitamos medidas de apoyo presupuestario específicas y
temporales, así como reformas e inversiones cuidadosamente elegidas que impulsen
una recuperación justa, integradora y sostenible. Ahora, es preciso lograr un
rápido acuerdo político sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de
modo que este instrumento nos brinde el ancla financiera necesaria para resistir
ante la tormenta. Aliento a todos los Estados miembros a que establezcan agendas
políticas ambiciosas en sus planes de recuperación y resiliencia, en beneficio
de todos”». Por su parte, el comisario de Economía, Paulo Gentiloni, subrayó que
“La mayoría de las medidas incluidas en los presupuestos de 2021 de los países
de la zona del euro apoyan adecuadamente la actividad económica. Pero para
lograr una recuperación fuerte y equilibrada se requiere la rápida entrada en
vigor de Next Generation EU a fin de restablecer la confianza, relanzar la
inversión e impulsar reformas transformadoras con objeto de preservar nuestro
planeta, construir sociedades más justas y lograr el éxito de la digitalización”
Desde la perspectiva más estrictamente social, el comisario de empleo y derechos
sociales, Nicolas Schmit, destacó lo siguiente: “La crisis de la COVID-19 ha
puesto fin a la tendencia positiva que se venía observando desde hace seis años
en el mercado laboral, lo que ha afectado a todos los europeos, en particular a
los jóvenes, y a las personas con contratos temporales o atípicos. La UE seguirá
movilizando todos los recursos a su alcance y apoyando a los Estados miembros en
sus esfuerzos por atenuar las consecuencias socioeconómicas de la crisis,
proteger a los trabajadores, mantener el empleo y facilitar la transición
laboral hacia la economía verde y digital. Debemos centrar nuestros esfuerzos en
la capacitación y la formación a fin de lograr la adaptación al mercado laboral
que surgirá tras la COVID-19. Es fundamental que, en este periodo de crisis,
lleguemos a las personas más vulnerables de la sociedad y hagamos más hincapié
en la lucha contra la pobreza, la exclusión y las desigualdades”. Reproduzco a
continuación algunos de los contenidos más relevantes de los documentos citados
en el título de esta entrada por lo que respecta a sus contenidos referidos a
las políticas de empleo y protección social. Para el estudio y análisis de los
documentos presentados en 2020 remito a esta entrada,
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2019/12/union-europea-la-puesta-en-marcha-del.html
2. El texto de referencia obligada es la Comunicación de la CE dedicada a la
Estrategia anualde crecimiento sostenible 2021. “I. Introducción La pandemia de
COVID-19 ha provocado una recesión repentina y profunda en el mundo. A pesar de
la respuesta firme, coordinada e innovadora a escala nacional y de la UE, sigue
habiendo muchas incertidumbres; en particular, se desconoce cuánto durará esta
crisis y cómo afectará exactamente a nuestras vidas y economías. Tenemos que
proteger a los ciudadanos europeos, su salud y sus empleos, garantizando al
mismo tiempo la equidad, la resiliencia y la estabilidad macroeconómica en toda
nuestra Unión. Si bien la pandemia ha afectado a todos los Estados miembros, la
magnitud del impacto, así como el ritmo y la fortaleza de la recuperación
variarán considerablemente de unas regiones a otras. ……………………. II. Mecanismo
Europeo de Recuperación y Resiliencia: cómo alcanzar el objetivo de la UE de
sostenibilidad competitiva El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se
fundamenta en el objetivo de la UE de lograr la sostenibilidad competitiva y la
cohesión a través de una nueva estrategia de crecimiento, el Pacto Verde
Europeo. La transición a un modelo económico sostenible e integrador, propiciado
por una difusión y adopción más generalizadas de tecnologías digitales y
limpias, puede convertir a Europa en un líder transformador. Lejos de suponer
una desviación respecto de la agenda anterior a la COVID-19, el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia debe acelerar la adopción de medidas destinadas a
hacer frente a los problemas preexistentes, evitando al mismo tiempo cualquier
nuevo retroceso vinculado a la crisis. Las cuatro dimensiones de sostenibilidad
medioambiental, productividad, equidad y estabilidad macroeconómica recogidas en
la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible de 2020 deben seguir siendo los
principios por los que se rijan los planes de recuperación y resiliencia de los
Estados miembros. Estas prioridades constituyen el núcleo del Semestre Europeo y
garantizan que la nueva agenda de crecimiento logre unos resultados óptimos para
las personas y el planeta. …. La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la
urgente necesidad de abordar cuestiones inveteradas que afectan a la equidad en
la sociedad. Ello incluye la preparación y la resiliencia de los sistemas
nacionales de salud y protección social, así como la igualdad de acceso a una
asistencia sanitaria asequible y de calidad, los cuidados de larga duración y
los sistemas de atención a la infancia, el cambio demográfico, la globalización
o las transiciones digital y ecológica. Los retos que deben abordarse pueden
abarcar ámbitos como el empleo, las capacidades, la salud y la educación, en
particular para hacer frente al aumento de las desigualdades y apoyar a las
personas más afectadas por la crisis, como las generaciones jóvenes, las mujeres
y los grupos vulnerables. La pandemia de COVID-19 también ha puesto de
manifiesto la necesidad de crear un entorno empresarial más justo y sostenible y
de reconsiderar las condiciones de trabajo en muchos sectores. El prolongado
confinamiento ha impulsado los servicios en línea y el comercio electrónico,
tendencia que probablemente continuará. Sin embargo, el entorno en línea está
dominado actualmente por unos pocos grandes operadores, con un poder de mercado
cada vez mayor y unas bases impositivas móviles, a veces en detrimento de la
capacidad de muchas pequeñas empresas europeas de iniciar su actividad y
expandirse en el mercado único. Debe prestarse especial atención a brindar apoyo
a aquellos sectores que desempeñan un papel clave para nuestras democracias,
especialmente el sector de los medios de comunicación, en el que la ayuda debe
prestarse respetando y promoviendo la libertad y el pluralismo. También es
necesario apoyar a las regiones, las industrias y los trabajadores más afectados
por la transición ecológica y mitigar sus repercusiones socioeconómicas, de cara
a garantizar la igualdad de oportunidades para los ciudadanos y las empresas.
…………………… III. Principios clave en los que se sustentan los planes de
recuperación y resiliencia: establecer prioridades para los Estados miembros El
Semestre Europeo proporciona un marco consolidado para la coordinación de las
políticas económicas y de empleo a fin de orientar a la Unión y a los Estados
miembros en la superación de los obstáculos que plantean la recuperación y la
doble transición. Los planes de recuperación y resiliencia de los Estados
miembros deben abordar eficazmente los retos políticos recogidos en las
recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo. Revertirá en
nuestro interés común abordar las necesidades de reformas e inversión en
paralelo, pues ambos aspectos deben ir de la mano para lograr un efecto en el
que se refuercen recíprocamente. Los planes de recuperación y resiliencia
deberán reflejar los retos específicos pertinentes de cada país y ajustarse a
las prioridades de la UE. Ello incluye las recomendaciones específicas por país
dirigidas a los Estados miembros en los últimos años y, en particular, en los
ciclos del Semestre de 2019 y 2020. Al traducir esas recomendaciones en reformas
e inversiones específicas, los Estados miembros deben centrarse en los retos y
prioridades que generen el impacto más duradero y refuercen el potencial de
crecimiento, la creación de empleo, los sistemas sanitarios, la resiliencia
económica y social y la cohesión regional de cada uno de ellos. Al mismo tiempo,
las reformas y las inversiones tendrán que respetar el principio de «no causar
ningún perjuicio», utilizando como referencia, en la medida de lo posible, el
Reglamento de la UE relativo a la taxonomía. Equidad El proceso de recuperación
y transición debe ser equitativo para evitar que crezcan las desigualdades entre
los europeos, garantizar el apoyo de todos los sectores de la sociedad y
contribuir a la cohesión social, económica y territorial. El Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia ayudará a los Estados miembros a hacer frente a los
retos estructurales que se han detectado desde hace muchos años en el contexto
del Semestre Europeo y que se han visto amplificados por la crisis de la
COVID-19. Aunque los regímenes de reducción del tiempo de trabajo contribuyeron
a contener el impacto de la crisis sobre el empleo, las condiciones del mercado
laboral se están deteriorando, y se espera que el desempleo aumente
considerablemente en varios sectores y partes de Europa. La situación de los
jóvenes requiere una atención especial. Deben hacerse todos los esfuerzos
posibles para evitar que arraiguen el desempleo y la exclusión social y
facilitar la adaptación del mercado laboral, como exigen las transiciones
ecológica y digital. También será importante fomentar la convergencia y mejorar
la resiliencia de las regiones, en particular para reducir las disparidades
territoriales. A la luz del pilar europeo de derechos sociales, los Estados
miembros deben adoptar medidas para garantizar la igualdad de oportunidades, la
educación inclusiva, unas condiciones de trabajo justas y una protección social
adecuada. Junto con el cambio demográfico, las transiciones ecológica y digital
requieren replantearse los sistemas de protección social y los mercados
laborales actuales. Además de a los jóvenes, la crisis ha afectado de manera
desproporcionada a las mujeres y a los grupos desfavorecidos, como las personas
con escasas cualificaciones, los discapacitados y las personas de origen racial
o étnico minoritario. Ello requerirá realizar esfuerzos sustanciales para
facilitar su acceso al mercado laboral, por ejemplo, luchando contra la
segmentación de este en muchos Estados miembros, reforzando las políticas
activas del mercado de trabajo, pero también aumentando la inclusividad de los
sistemas educativos. A este respecto, la igualdad de acceso a una educación y
formación de alta calidad para los grupos desfavorecidos es especialmente
importante de cara a compensar el hecho de que el entorno socioeconómico sea
actualmente el factor determinante más importante de los resultados educativos
de los niños y jóvenes. Diversas formas de desigualdad limitan el crecimiento y
la cohesión social. Tendrá importancia creciente garantizar la igualdad de
acceso a la educación y una asistencia sanitaria de calidad, así como reforzar
los cuidados de larga duración, ya que el impacto global de la COVID-19 en la
salud pública persistirá durante años. Garantizar la prestación de servicios
sanitarios de alta calidad que sean fiscalmente sólidos, asequibles y accesibles
contribuye a una sociedad sana y resiliente y a garantizar una mano de obra
productiva. También es necesario luchar contra las elevadas y persistentes
brechas laboral y salarial entre hombres y mujeres. A este respecto, es
fundamental apoyar adecuadamente unas políticas eficaces de conciliación de la
vida familiar y la vida profesional, garantizar el acceso a guarderías de
calidad, regímenes de apoyo a la renta, reformas de los sistemas fiscales y de
prestaciones que contribuyan a la creación de empleo de calidad y reducir los
desincentivos al trabajo. Reformar el sistema de protección social y el sistema
tributario pueden reducir las desigualdades, desplazando, por ejemplo, la
presión fiscal del factor trabajo hacia impuestos que produzcan efectos menos
distorsionadores. ….. V. Agrupar todas las partes del Semestre Europeo para
centrarse en las reformas y las inversiones El Semestre Europeo y el nuevo
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia están intrínsecamente vinculados. La
evaluación de los planes de recuperación y resiliencia se cotejará con las
recomendaciones específicas por país. Dado que los plazos del Semestre Europeo y
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se solaparán, es necesario adaptar
temporalmente el Semestre Europeo a la puesta en marcha del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia. Los planes de recuperación y resiliencia se
convertirán en el principal documento de referencia de las iniciativas políticas
de los Estados miembros orientadas al futuro. Habida cuenta de las
complementariedades con el Semestre y con el fin de racionalizar el contenido y
el número de documentos solicitados, se insta a los Estados miembros a presentar
el Programa Nacional de Reformas y su plan de recuperación y resiliencia en un
único documento integrado. En él se ofrecerá una visión general de las reformas
e inversiones que el Estado miembro llevará a cabo en los próximos años, en
consonancia con los objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Para
los Estados miembros que presenten su plan de recuperación y resiliencia en
2021, la Comisión adjuntará a las propuestas de actos de ejecución del Consejo
documentos analíticos que evalúen el contenido de dichos planes. Estos
documentos sustituirán a los informes por país del Semestre Europeo en 2021. El
paquete de propuestas de actos de ejecución y evaluaciones por países
reorientadas se publicarán en lotes escalonados, dependiendo de las respectivas
entregas de los planes de recuperación y resiliencia y de la finalización de las
evaluaciones de la Comisión. Dada la naturaleza política global y prospectiva de
los planes de recuperación y resiliencia, no será necesario que la Comisión
proponga recomendaciones específicas por país en 2021 para los Estados miembros
que hayan presentado dichos planes. No obstante, la Comisión propondrá
recomendaciones sobre la situación presupuestaria de los Estados miembros en
2021, según lo previsto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La aplicación
de las reformas seguirá siendo objeto de seguimiento sobre la base de las
recomendaciones específicas por país de años anteriores. La grave recesión
económica provocada por la crisis de la COVID-19 generará riesgos de que se
produzcan nuevos desequilibrios macroeconómicos, en particular debido al aumento
del endeudamiento de las empresas y los hogares, lo que, a su vez, puede
trasladarse al sector financiero. Por lo tanto, la supervisión en el marco de
los procedimientos de desequilibrio macroeconómico del próximo ciclo deberá
centrarse en estos riesgos emergentes. Este será un aspecto central del Informe
sobre el Mecanismo de Alerta de noviembre de 2020. Junto con la evaluación de
los programas de estabilidad y convergencia que los Estados miembros deberán
presentar a finales de abril de 2021, la Comisión incluirá también exámenes
exhaustivos en los que se evalúe la situación de los desequilibrios en los
Estados miembros de que se trate. 3. Parecidas propuestas, como no podría ser de
otra forma, se recogen en la propuesta de Recomendación sobre la política
económica de la zona euro. “… La recuperación en 2021 ahora se prevé que será
más lenta de lo que se había esperado y una gran brecha de producción de
alrededor del -7,0 % del PIB potencial en 2020 no se habrá cerrado para finales
de 2021…. Las perspectivas del mercado laboral también han empeorado,
interrumpiendo siete años de mejoras. Sin embargo, debido al éxito de la
aplicación de medidas ambiciosas en todos los Estados miembros, como los
regímenes de reducción del tiempo de trabajo y otras políticas de apoyo para
evitar despidos masivos y grandes pérdidas de ingresos, el aumento del desempleo
se ha visto mitigado por un descenso de las tasas de actividad porque los
trabajadores desisten y abandonan el mercado laboral, junto con un descenso del
número total de horas trabajadas… La aplicación de políticas bien diseñadas en
el contexto del Instrumento Next Generation EU y su principal instrumento, el
MRR, ayudará a los Estados miembros a acometer reformas que propicien el
crecimiento y aumentará el nivel y la calidad de las inversiones, en consonancia
con los objetivos de resiliencia y la doble transición ecológica y digital. Ello
deberá contribuir a la creación de capital humano y al éxito de la transición
laboral de los trabajadores, factores que, junto con los fondos de la política
de cohesión, serán esenciales para garantizar la cohesión, fomentar la
productividad y mejorar la resiliencia económica y social. Son fundamentales los
objetivos de crecimiento de la UE y los retos estructurales nacionales,
incluidos los señalados en las recomendaciones específicas por país de 2019 y
2020. La Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 7 , que promueve estos
objetivos, presenta siete iniciativas emblemáticas: 1) Activación, 2)
Renovación, 3) Recarga y Repostaje, 4) Conexión, 5) Modernización, 6) Expansión
y 7) Reciclaje y Perfeccionamiento Profesional. Unos sistemas sanitarios y de
protección social adecuados, eficientes e integradores ofrecen una protección
muy necesaria a quienes más lo necesitan, desempeñan un papel clave como
estabilizadores automáticos y deben preservar la sostenibilidad presupuestaria.
Dado que la cuña fiscal sobre el trabajo sigue siendo elevada en la mayoría de
los Estados miembros de la zona del euro, algunas de las reformas consistirían
en desplazar la presión fiscal hacia bases impositivas menos perjudiciales para
la oferta de trabajo, la productividad, la inversión y el crecimiento, teniendo
en cuenta al mismo tiempo el correspondiente impacto distributivo. Hacer más uso
de la fiscalidad medioambiental u otras formas de determinación de precios de
las externalidades puede contribuir al crecimiento sostenible, incentivando
comportamientos «más ecológicos». 13. Unas reformas e inversiones que mejoren la
integración y las transiciones en el mercado laboral, con especial atención a
los empleos digitales y ecológicos, son esenciales para aumentar la resiliencia
económica y social y apoyar la recuperación. Las medidas de crisis adoptadas
inmediatamente a nivel nacional y de la Unión han limitado el impacto económico
y social negativo para los trabajadores. Al mismo tiempo, una serie de reformas
iniciadas hace tiempo son ahora aún más urgentes: políticas del mercado de
trabajo activas y eficaces, incluido el apoyo individualizado, la mejora de la
calidad y la inclusión de los sistemas de educación y formación para reforzar
los resultados educativos desde una edad temprana, medidas sólidas de reciclaje
y mejora de las capacidades e inversión en educación y formación para adultos y
en plataformas de aprendizaje en línea, lucha contra la falta de
cualificaciones, mejora de las perspectivas de empleo de los segmentos más
vulnerables de la población activa, incluidos los jóvenes y los desempleados de
larga duración, y eliminación de la brecha de género. Para apoyar una
recuperación sostenible e integradora, es fundamental fomentar la creación de
empleo de calidad y mejorar las condiciones de trabajo, en particular
garantizando unos salarios mínimos adecuados y abordando la segmentación del
mercado laboral. El diálogo social y la negociación colectiva desempeñan un
papel importante en el éxito del diseño y la aplicación de las políticas. 14….
La aplicación del pilar europeo de derechos sociales 15 es fundamental para
orientar las políticas. Ante la crisis, es aún más acuciante garantizar una
cobertura adecuada de protección social para todos, tanto en términos de
asistencia sanitaria de calidad y de larga duración como en términos de ingresos
de sustitución para todos los trabajadores, incluidos aquellos con contratos
atípicos y los trabajadores por cuenta propia. Muchos Estados miembros han
adoptado medidas temporales de apoyo a la renta y de asistencia social en favor
de los grupos vulnerables con rentas muy bajas y de los trabajadores que no
tienen derecho a prestaciones por desempleo. Se han tomado medidas en relación
con las prestaciones, las condiciones de admisibilidad y los servicios
adicionales en especie. Debe reforzarse la adecuación y la cobertura de los
sistemas de protección social de modo que se garantice la sostenibilidad a largo
plazo de las finanzas públicas y la equidad intergeneracional. RECOMIENDA que,
durante el período 2021-2022, los Estados miembros de la zona del euro adopten
individualmente medidas mediante sus planes de recuperación y resiliencia, y
colectivamente dentro del Eurogrupo, con el fin de: Seguir mejorando la
convergencia, la resiliencia y el crecimiento sostenible e integrador Garantizar
unas políticas activas eficaces en el mercado laboral y apoyar las transiciones
laborales, en particular hacia la economía ecológica y digital. Fomentar unas
condiciones de trabajo justas y abordar la segmentación del mercado laboral.
Garantizar la participación efectiva de los interlocutores sociales en la
elaboración de políticas y reforzar el diálogo social y la negociación
colectiva. Reforzar unos sistemas de educación y formación integradores y la
inversión en la adquisición de cualificaciones, abordando la escasez de las
mismas. 4. El estudio sobre el crecimiento es acompañado anualmente del Proyecto
de Informe conjuntosobre el empleo presentado por la Comisión al Consejo, que
será definitivamente aprobado, como en años anteriores, en el Consejo Europeo de
marzo de 2021 Se trata de un extenso documento de 145 páginas, que dedica su
capítulo I a las principales tendencias sociales y de mercado laboral en la
Unión; más adelante, son objeto de presentación “los principales resultados del
análisis del cuadro de indicadores sociales asociado al pilar europeo de
derechos sociales”, mientras que en el capítulo 3 se ofrece una descripción
detallada de las acciones emprendidas por cada Estado. Los principales mensajes
clave son los siguientes: “… El Informe conjunto sobre el empleo tiene por
objeto ayudar a los Estados Miembros a determinar las esferas prioritarias para
las reformas y la inversión. En cumplimiento del mandato del artículo 148 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Informe conjunto sobre el
empleo ofrece una visión general de los principales acontecimientos sociales y
en materia de empleo en Europa y de la aplicación de las Directrices para el
empleo. Ha sido parte integrante del Semestre Europeo desde el principio,
destacando los principales desafíos sociales y de empleo que deben abordarse en
el ciclo anual, como parte del Paquete de Otoño. En el excepcional Semestre
Europeo de 2021, el Informe Conjunto sobre el Empleo ayudará además a los
Estados Miembros a determinar las esferas prioritarias de reforma e inversión
que han de incluir en sus planes de recuperación y resistencia, en el marco de
las Directrices para el Empleo. Los resultados del Cuadro de indicadores
sociales que acompañan al pilar europeo de los derechos sociales se presentan en
el Informe conjunto sobre el empleo y pueden servir para desarrollar los planes
nacionales. Además, también en el contexto del Informe Conjunto sobre el Empleo,
la Comisión evaluará el contenido de los planes en los documentos analíticos que
acompañan a las propuestas de actos de aplicación del Consejo. En cooperación
con el Comité de Empleo y el Comité de Protección Social, la Comisión también
seguirá de cerca todos los acontecimientos sociales y del mercado de trabajo con
la actualización periódica del correspondiente Monitor de Desempeño del Empleo y
el Monitor de Desempeño de la Protección Social. ********* La crisis de COVID-19
ha afectado fuertemente los resultados del mercado laboral en la UE. Aunque los
signos de desaceleración de las cifras de empleo ya eran evidentes en el segundo
semestre de 2019, la mayoría de los indicadores del mercado de trabajo han
interrumpido su tendencia positiva al estallar la pandemia. El empleo total (que
había aumentado en 15 millones desde mediados de 2013) se redujo en 6,1 millones
de personas entre el cuarto trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020, lo
que supone el descenso más acusado observado en dos trimestres sucesivos. Tras
seis años de evolución positiva hacia el objetivo de empleo de Europa 2020, la
tasa de empleo se alejó de él en 2020. La rápida adopción de planes de trabajo
de corta duración y otras medidas de retención en el mercado de trabajo, junto
con la disminución de las tasas de actividad, dieron lugar hasta ahora a un
aumento sólo moderado de la tasa de desempleo, de un punto porcentual (pp) para
septiembre de 2020. No obstante, el desempleo juvenil (15 a 24 años) aumentó de
manera más marcada que el desempleo de otras cohortes de edad, y se disparó la
proporción de jóvenes que no tienen empleo ni educación o formación (NEET). Los
trabajadores no nacidos en la UE también se han visto gravemente afectados.
Estos resultados varían considerablemente entre los países, las regiones y los
sectores y requieren una estrecha vigilancia y esfuerzos de política para evitar
un impacto más negativo a corto plazo. El uso masivo de esquemas de trabajo de
corta duración ayudó a mitigar las consecuencias de la conmoción en el mercado
laboral. Las horas trabajadas por trabajador disminuyeron abruptamente, en un
11,3% en el segundo trimestre de 2020 en comparación con el último trimestre de
2019; al mismo tiempo, las ausencias del trabajo se incrementaron, pasando del
9,7% en el cuarto trimestre de 2019 al 21,8% en el segundo trimestre de 2020
(alrededor de la mitad de este aumento se debe a los despidos temporales). Desde
el comienzo de la crisis, los Estados Miembros han ampliado (o introducido,
cuando no se disponía de ellos anteriormente) los planes de trabajo a jornada
reducida y/u otros planes de conservación del empleo, con el fin de limitar la
pérdida de puestos de trabajo, evitar la dispersión del capital humano y
sostener la demanda agregada. La Unión Europea está apoyando este esfuerzo con
el instrumento temporal Apoyo para mitigar los riesgos de desempleo en una
emergencia (SURE). El uso extraordinario y sincronizado de los planes de trabajo
de corta duración ayudó a hacer frente a las consecuencias inmediatas de la
crisis y evitó un aumento del desempleo. Sin embargo, cuanto más dure la crisis,
mayor será el riesgo de subvencionar puestos de trabajo en empresas que ya no
son viables. Por lo tanto, al considerar la eliminación gradual de los planes de
trabajo a jornada reducida, es importante sopesar cuidadosamente, por un lado,
la necesidad de proteger a las empresas y a los empleados mientras las
condiciones económicas lo requieran y, por otro lado, la introducción de
políticas para promover el cambio estructural y la reasignación de los
trabajadores (por ejemplo, mediante incentivos de contratación y medidas de
readaptación profesional bien diseñadas). La conmoción económica se experimenta
de forma diferente en los distintos sectores y categorías de trabajadores. Todas
las actividades económicas, excepto la construcción, redujeron su número de
empleados en el año hasta el segundo trimestre de 2020, pero las disminuciones
más pronunciadas se observaron en el sector de la hostelería, en el sector
cultural y del espectáculo, así como en las actividades profesionales. La caída
del empleo ha afectado en mayor medida a los trabajadores en formas de empleo no
estándar, aunque con fuertes diferencias entre los países. Los empleados
temporales se han visto gravemente afectados, con una disminución interanual del
16,7% en el segundo trimestre de 2020, mientras que el empleo permanente se ha
mantenido estable, gracias también a la respuesta de las políticas. Esto se ha
traducido en una disminución significativa de la proporción de empleados
temporales sobre el total de empleados, una vez más con grandes diferencias
entre los países. Debido a COVID-19, los Estados Miembros corren el riesgo de
enfrentarse a un fuerte aumento del desempleo juvenil, lo que exige reformas y
un apoyo reforzado. Tras una disminución continua en 2019, el desempleo juvenil
en toda la Unión Europea pasó de un mínimo del 14,9% en marzo de 2020 al 17,1%
en septiembre, aumentando a un ritmo más rápido que el desempleo general. La
crisis también provocó el mayor aumento entre dos trimestres consecutivos de las
tasas de jóvenes de 15 a 24 años que no tienen empleo, educación o formación
desde el comienzo de la serie de Eurostat en 2006 (del 10,4% al 11,6% entre el
primer y el segundo trimestre de 2020). En 2019, uno de cada diez jóvenes de 18
a 24 años abandonó la educación o la formación con una cualificación inferior a
la de la enseñanza secundaria superior, y más de una cuarta parte de las
personas de 30 a 34 años no tenía una cualificación con acceso directo al
mercado de trabajo (formación profesional secundaria o cualificación de
enseñanza superior). En las propuestas de la Comisión para la Recomendación
sobre la educación y formación profesional y el Espacio Europeo de Educación se
proponen objetivos para mejorar los logros tanto en la educación y formación
profesional como en la educación terciaria. Dado que los aumentos de las tasas
de ENF proceden en gran medida de la disminución de la demanda de mano de obra,
serán esenciales las reformas para apoyar la creación de empleo, la educación y
las aptitudes. Será fundamental que se aplique con éxito la Garantía de Juventud
reforzada, que se basa en unos servicios públicos de empleo y unos sistemas de
educación y capacitación que funcionen bien. En el caso de las mujeres jóvenes
de la ENF, entre las que la inactividad desempeña un papel más importante que en
el caso de los hombres, las reformas también deberían incluir medidas para
eliminar los desincentivos fiscales al trabajo y ayudar a conciliar las
responsabilidades laborales y de cuidado (véase también más adelante). Es
probable que la crisis tenga un efecto desproporcionado en los migrantes no
comunitarios, por lo que se necesitan esfuerzos adicionales para garantizar su
integración en el mercado laboral. Los migrantes no pertenecientes a la UE han
visto mejorar su tasa media de empleo entre 2017 y 2019 (del 61,5% al 64,2%).
Sin embargo, desde el inicio de la crisis la tasa de empleo había disminuido
considerablemente (hasta el 60,8% en el segundo trimestre de 2020), debido a su
excesiva representación entre los trabajadores temporales y en los sectores
fuertemente afectados por la crisis, aunque desempeñaban un papel crucial en las
ocupaciones clave de primera línea durante la pandemia. Además, es más probable
que los trabajadores migrantes de primera generación se encuentren en
ocupaciones menos calificadas, incluso cuando tienen educación terciaria. Las
respuestas de los Estados Miembros en materia de políticas relacionadas con la
oferta de cursos de idiomas, el acceso a la educación y la capacitación, la
orientación sobre el mercado laboral y el reconocimiento de las aptitudes y las
cualificaciones contribuyeron a mejorar su integración en el mercado laboral. El
mantenimiento y fortalecimiento de esas políticas contribuiría a que la
recuperación fuera más inclusiva y a aprovechar las aptitudes y el potencial de
los migrantes, incluidos los refugiados. Abordar las causas de la segmentación
del mercado de trabajo, incluso mediante la adaptación de la legislación y la
garantía de que existan los incentivos adecuados para la contratación con
contratos estables, es fundamental para mejorar la capacidad de recuperación
social. La incidencia del empleo temporal difiere considerablemente entre los
países, y los jóvenes y las mujeres están relativamente más representados en
esta categoría. Los Estados Miembros con una proporción considerable de
trabajadores con contratos de duración determinada han experimentado las mayores
fluctuaciones en el empleo durante la crisis. Desde esta perspectiva, garantizar
que los contratos de plazo fijo apoyen la entrada en el mercado de trabajo, al
tiempo que sirven de "peldaño" para el empleo regular es fundamental para
aumentar la resistencia social y apoyar una recuperación justa e inclusiva. Las
reformas para modernizar la legislación de protección del empleo son importantes
en este contexto, entre otras cosas, estableciendo condiciones claras para la
utilización de los contratos temporales, evitando las relaciones laborales que
conducen a condiciones de trabajo precarias y proporcionando los incentivos
adecuados para la contratación con contratos permanentes. Al mismo tiempo, los
Estados miembros deben garantizar que los solicitantes de empleo con
antecedentes laborales precarios tengan un acceso adecuado a la protección
social y, en particular, a las prestaciones de desempleo mediante requisitos de
elegibilidad adaptables y disfruten de oportunidades de formación y reciclaje.
Muchos trabajadores todavía no están protegidos por un salario mínimo adecuado.
A menudo los salarios mínimos legales son bajos en comparación con otros
salarios de la economía, a pesar de los recientes aumentos en muchos Estados
Miembros. Por lo general, el salario mínimo no es suficiente para proteger a los
trabajadores contra el riesgo de la pobreza. Además, las brechas en la cobertura
ocurren tanto en países con un salario mínimo legal (debido a las exenciones
para categorías específicas) como en países donde los salarios se establecen
exclusivamente a través de la negociación colectiva (para trabajadores que no
están cubiertos por convenios colectivos). Tras una consulta con los
interlocutores sociales, la Comisión propuso una directiva para garantizar que
los trabajadores de la Unión estén protegidos por salarios mínimos adecuados. La
propuesta tiene por objeto promover la negociación colectiva de los salarios en
todos los Estados Miembros. A este respecto, los países que tienen salarios
mínimos establecidos por ley deben establecer las condiciones para que los
salarios mínimos se fijen a niveles adecuados, incluidos criterios claros y
estables para la fijación de los salarios mínimos, valores de referencia
indicativos para orientar la evaluación de la adecuación y actualizaciones
periódicas y oportunas. También se pide a esos países que garanticen la
utilización proporcionada y justificada de las variaciones y deducciones de los
salarios mínimos legales, y la participación efectiva de los interlocutores
sociales en la fijación y actualización de los salarios mínimos legales. Por
último, la propuesta prevé una mejor aplicación y vigilancia de la protección
del salario mínimo establecido en cada país. La adaptación de las condiciones de
trabajo ha pasado a ser fundamental durante la pandemia y seguirá siéndolo
después, lo que exigirá inversiones en el lugar de trabajo y reformas para
aumentar la disponibilidad de acuerdos de trabajo flexibles. Muchos Estados
Miembros han adaptado sus condiciones de trabajo, incluso ampliando el uso del
teletrabajo, prestando especial atención a la protección de los trabajadores
vulnerables. Durante la emergencia sanitaria, el teletrabajo ha demostrado ser
muy importante para garantizar la continuidad de las actividades, al tiempo que
ofrece opciones más amplias para hacer frente a las necesidades de atención
adicional. Sin embargo, también puede entrañar riesgos, incluidos los
relacionados con el bienestar ocupacional, físico y mental de los
teletrabajadores que trabajan desde el hogar. En perspectiva, la pandemia
llevará a replantearse la organización de los lugares de trabajo y el equilibrio
entre el trabajo y la vida privada. Existen diferencias en el contenido y la
cobertura de las reglamentaciones nacionales relacionadas con el teletrabajo,
incluso en lo que respecta a la promoción de las tecnologías de la información y
las comunicaciones (TIC) con ese fin. Sobre la base de las prácticas nacionales
existentes en materia de negociación colectiva, los Estados Miembros deberían
velar por que los entornos de trabajo sean seguros y estén bien adaptados, y por
que se disponga ampliamente de modalidades de trabajo flexibles, a fin de
equilibrar el trabajo, la familia y la vida privada. También es necesario
prestar más atención a la mejora de las condiciones de trabajo de los
trabajadores en situaciones vulnerables y a la atracción de los que realizan
trabajos no declarados al empleo estructurado. La pandemia también ha puesto de
manifiesto la escasez de ciertas profesiones sanitarias y la necesidad de
adaptar o mejorar sus condiciones de trabajo y sus aptitudes. Las políticas
activas del mercado de trabajo son fundamentales para apoyar los ajustes del
mercado de trabajo tras la crisis de COVID-19. Los Estados miembros entraron en
la crisis del empleo con diferentes tasas de cobertura de las políticas activas
del mercado de trabajo (PAMT). Apoyar las transiciones fluidas del mercado
laboral, al tiempo que se previenen los riesgos de una mayor polarización de las
competencias es esencial para el crecimiento inclusivo. Esto es especialmente
importante para los Estados miembros con tasas de desempleo de larga duración
todavía elevadas, que probablemente se verán agravadas como consecuencia de la
crisis de COVID-19. Los Estados miembros han modificado los marcos existentes o
han introducido nuevos sistemas de PLA para responder mejor a las condiciones
del mercado de trabajo, promover el empleo así como la mejora y la reconversión
profesional, a menudo con el apoyo del Fondo Social Europeo. Ahora podrían tener
la posibilidad de combinar los fondos de la política de cohesión con la
financiación del Servicio para la Recuperación y la Resistencia a fin de seguir
promoviendo PLA específicas, incluidas las medidas de mejora de la capacitación
y la readaptación profesional. El acceso a los planes de prestaciones de
desempleo con niveles y duración adecuados es fundamental para mitigar los
efectos negativos de la crisis y apoyar la transición de los desempleados hacia
nuevos puestos de trabajo. El suministro de prestaciones de desempleo adecuadas
de duración razonable accesibles a todos los trabajadores, incluidos los que
tienen contratos atípicos, es fundamental para apoyar a los solicitantes de
empleo durante las transiciones. Se debe prestar especial atención a las
personas con historiales laborales breves o discontinuos, ya que a menudo están
menos cubiertas por esos planes. En respuesta a la pandemia, varios Estados
Miembros han reforzado sus planes de protección contra el desempleo. Tal vez sea
necesario seguir revisando esos planes tras los cambios en las condiciones
económicas a fin de mantener unos ingresos adecuados y apoyar la activación
efectiva del mercado de trabajo de los afectados. Los servicios públicos de
empleo tendrán que ir más allá de las formas tradicionales de trabajo para hacer
frente al aumento del número de personas que buscan empleo y apoyar su
reasignación entre ocupaciones o sectores. La proporción de desempleados que
utilizan los servicios públicos de empleo (SPE) para buscar trabajo ha seguido
una tendencia decreciente en los últimos años, aunque con fuertes diferencias
entre los Estados miembros. Los jóvenes, las personas poco calificadas y las
personas mayores que buscan empleo siguen estando sobrerrepresentados entre
quienes buscan asistencia de los SPE. En el contexto actual, para garantizar una
respuesta adecuada y eficaz a las necesidades de los solicitantes de empleo y
los empleadores puede ser necesario aumentar la capacidad en relación con el
fortalecimiento de los sistemas de elaboración de perfiles, fomentando la
capacidad de orientación y tutoría de los solicitantes de empleo. La inversión
en soluciones actualizadas de tecnología de la información y las comunicaciones
(TIC) y la readaptación del personal de los SPE será importante para reforzar su
capacidad. Un apoyo más firme basado en planes de acción individuales podría
ayudar a los afectados por la crisis a conseguir empleo en el contexto de una
futura recuperación. El diálogo social y la participación de los interlocutores
sociales en la formulación de políticas son fundamentales para fomentar una
recuperación justa y sostenible y apoyar el crecimiento inclusivo. En varios
Estados Miembros, los convenios colectivos y el diálogo social han contribuido a
diseñar y aplicar la respuesta socioeconómica inmediata a la crisis de COVID-19,
incluidas las medidas para adaptar rápidamente las pautas de trabajo, como la
promoción del teletrabajo, y para proteger la salud, los ingresos y los empleos
de los trabajadores de primera línea y esenciales. Las consultas con los
interlocutores sociales en la respuesta a la crisis siguieron siendo intensas en
los Estados Miembros que ya contaban con estructuras de diálogo social bien
desarrolladas. En otros Estados Miembros, la crisis ha agravado la ya limitada
participación de los interlocutores sociales antes de la emergencia sanitaria. A
fin de asegurar la elaboración y aplicación eficaces y sin tropiezos de sus
programas de reforma e inversión en el marco del nuevo Servicio para la
Recuperación y la Capacidad de Recuperación durante el período 2021-23, es
fundamental que los Estados Miembros colaboren con los interlocutores sociales
en la preparación de sus planes nacionales de recuperación y capacidad de
recuperación. …. La desigualdad general de ingresos disminuyó ligeramente en los
últimos años antes de la pandemia de COVID-19, pero aumentó en el extremo
inferior de la distribución de los ingresos en el último decenio, lo que suscitó
preocupación por el carácter inclusivo del crecimiento económico. En promedio,
en toda la UE, el 20% más rico de los hogares tiene una renta que supera en unas
cinco veces la del 20% más pobre. En los últimos años, la desigualdad de
ingresos aumentó más en la parte inferior de la distribución de los ingresos
(S50/S20) que en la parte superior (S80/S50). Según estimaciones preliminares,
los estabilizadores automáticos y las medidas de política adoptadas para hacer
frente a la emergencia han silenciado hasta ahora el efecto de COVID-19 sobre la
desigualdad. Para hacer frente a las desigualdades de ingresos es necesario que
los Estados Miembros introduzcan reformas en diferentes ámbitos políticos, como
el diseño de sus sistemas fiscales y de prestaciones, los mecanismos de fijación
de salarios, la inclusión y la igualdad de oportunidades en la educación y la
formación (desde una edad temprana) y el acceso a servicios asequibles y de
calidad para todos. Debe garantizarse la evaluación de los efectos distributivos
de las políticas, en particular en lo que respecta a las políticas que apoyan la
doble transición verde y digital. …La crisis de COVID-19 es un poderoso
recordatorio de la importancia de los sistemas de protección social y su papel
en la mitigación de los efectos económicos y sociales de la reducción de la
actividad económica. Es probable que la crisis de COVID-19 aumente el número de
personas que reciben subsidios de desempleo y otras ayudas a los ingresos, lo
que pone a prueba la capacidad de nuestros sistemas de protección social. Los
países han ampliado y expandido los planes existentes y han ampliado sus
condiciones de elegibilidad de manera temporal. En una fase de recuperación, se
necesitan esfuerzos sostenidos para mantener y reforzar la protección social
para todos de manera sostenible. Sobre la base de la respuesta a la crisis, se
debe seguir mejorando la protección de los trabajadores por cuenta propia y de
los trabajadores atípicos sobre una base estructural, de conformidad con la
Recomendación sobre el acceso a la protección social. Las reformas deberían
abordar, entre otras cosas, la cobertura, la adecuación, la transferibilidad de
los derechos de protección social y el apoyo a la integración en el mercado de
trabajo de quienes están en condiciones de trabajar. …El cambio demográfico
sigue planteando problemas a largo plazo a los sistemas de pensiones. La
adecuación de las pensiones se mantuvo generalmente estable en 2019. Los
ingresos de las pensiones se deterioraron ligeramente en relación con los
ingresos laborales, mientras que la proporción de personas mayores que sufren
graves privaciones materiales siguió disminuyendo. La brecha entre los géneros
en materia de pensiones sigue siendo grande, a pesar de una disminución gradual
en los últimos diez años. Los efectos de la crisis en el empleo y los ingresos
laborales, en particular en el caso de los trabajadores atípicos y los
trabajadores por cuenta propia, se suman a los riesgos para la adecuación de las
pensiones a largo plazo. Las reformas deben tener por objeto crear sistemas de
pensiones inclusivos y sostenibles, que ofrezcan un acceso adecuado y
oportunidades de ahorro a hombres y mujeres por igual y a personas con
diferentes tipos de contratos y actividades económicas, garantizando al mismo
tiempo unos ingresos mínimos adecuados en la vejez. Los Estados Miembros
deberían adoptar medidas para hacer frente a los desafíos en materia de empleo,
competencias y política social que se señalan en el presente Informe conjunto
sobre el empleo. En el análisis presentado en el informe se destacan varias
esferas prioritarias para las reformas y las inversiones. Éstas deberían tener
por objeto fomentar la creación de empleo, facilitar las transiciones del
desempleo al empleo y entre sectores, mejorar la capacidad de recuperación
económica y social y mitigar el impacto de la crisis en el empleo y la sociedad.
La financiación de la UE, incluso a través del Fondo Social Europeo Plus (con
los recursos adicionales puestos a disposición por REACT-EU) y el nuevo
Mecanismo de Recuperación y Resistencia, proporciona apoyo a los Estados
miembros para acelerar la aplicación de medidas políticas en estos ámbitos. De
conformidad con las Directrices para el empleo, se invita a los Estados Miembros
a que - Mantener los planes de trabajo a jornada reducida durante todo el tiempo
que sea necesario y combinarlos con planes de mejora de las competencias y la
capacitación; tan pronto como las condiciones lo permitan, introducir ayudas
para la reasignación de la mano de obra (por ejemplo, mediante incentivos a la
contratación bien diseñados), en particular hacia la economía ecológica y
digital, protegiendo al mismo tiempo a los trabajadores durante la transición; -
Velar por que los entornos de trabajo sean seguros y estén bien adaptados a los
nuevos requisitos de distanciamiento social, y por que se disponga ampliamente
de modalidades de trabajo flexibles; - Aumentar el apoyo al mercado laboral y
las oportunidades de perfeccionamiento para hacer frente al aumento del
desempleo juvenil, en particular mediante el apoyo al aprendizaje (en particular
en las PYMES), las subvenciones a la contratación, la infraestructura de
aprendizaje, la tecnología y el equipo; - Invertir en los servicios públicos de
empleo, en particular para aumentar su capacidad, modernizar su infraestructura
de tecnología de la información y las comunicaciones, fortalecer los sistemas de
elaboración de perfiles y proporcionar al personal las aptitudes adecuadas; -
Promover la negociación colectiva y el diálogo social; si existen salarios
mínimos legales, garantizar las condiciones para que se fijen a niveles
adecuados, mediante criterios claros y estables, y actualizaciones periódicas y
oportunas, y con la participación efectiva de los interlocutores sociales; -
Reformar la reglamentación del mercado laboral, así como los sistemas fiscales y
de prestaciones, para garantizar que se reduzca la segmentación del mercado
laboral y que la recuperación impulse los empleos de calidad; asegurarse de que
los trabajadores con formas de trabajo atípicas y los trabajadores por cuenta
propia tengan acceso a la protección social; - Invertir en la readaptación y la
mejora de las aptitudes, en particular en el ámbito digital, reforzando los
sistemas de educación y formación profesional, apoyando las asociaciones en gran
escala entre el sector público y el privado y entre múltiples interesados en el
marco del Pacto por las aptitudes, ofreciendo mayores incentivos a las empresas
y los trabajadores para que se dediquen a la readaptación y la mejora de las
aptitudes, invirtiendo en infraestructura y equipo, incluido el digital,
apoyando a los maestros y los instructores; garantizar la igualdad de acceso a
la educación y la formación; - Invertir en una protección social sostenible para
todos, apoyando reformas para mantener y reforzar los niveles de protección y
mejorando la protección de los que no están cubiertos; garantizar prestaciones
adecuadas, la transferibilidad de los derechos, el acceso a los servicios y el
apoyo a la integración en el mercado laboral de los que pueden trabajar;
invertir en la calidad y la accesibilidad de los servicios de educación y
atención en la primera infancia y los servicios de atención a largo plazo;
evaluar los efectos distributivos de las políticas; - Invertir en la renovación
de viviendas residenciales y sociales; facilitar el acceso a viviendas sociales
y asequibles cuando proceda; - Invertir en la capacidad del sistema de atención
de la salud, incluida la capacidad de reacción, la atención primaria, la
coordinación de la atención, el personal de atención de la salud y la
cibersalud. Reducir los pagos de bolsillo, mejorar la cobertura de la atención
de la salud y promover la mejora de las aptitudes y la readaptación profesional
de los trabajadores de la salud 5. Por último, cabe hacer una breve referencia
al Informe presentado por la Comisión sobre elmecanismo de alerta 2021
(elaborado de conformidad con los artículos 3 y 4 del Reglamento (UE) n.º
1176/2011 relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios
macroeconómicos) “… El análisis horizontal presentado en el IMA conduce a una
serie de conclusiones: La incidencia de la crisis de la COVID-19 en el mercado
de trabajo ha sido, por ahora, relativamente baja en comparación con la escala
de la recesión, gracias, entre otras cosas, a medidas políticas como los
regímenes de reducción del tiempo de trabajo, pero se espera que aumente el
desempleo. La crisis ha puesto fin a años de mejora en los mercados de trabajo
de toda la UE. Hasta la fecha, lo que ha causado ha sido, sobre todo, una
reducción en el promedio de horas trabajadas por persona empleada, pero el
desempleo solo ha aumentado ligeramente. Este fenómeno, consistente en el
mantenimiento preventivo del personal, que ha caracterizado a muchas economías
de la UE en 2020, se debe en gran medida a las iniciativas de financiación
pública para preservar el empleo, en particular los regímenes temporales de
reducción del tiempo de trabajo. Sin embargo, se espera que el desempleo aumente
con cierto desfase, tal como suele ocurrir tras las recesiones. En particular,
existen riesgos de pérdidas importantes de empleo en los sectores fuertemente
afectados por la pandemia, que dependerán de la duración de sus efectos y del
vigor de la respuesta política. Los costes laborales unitarios (CLU) han ido
aumentando en varios países de la UE durante los últimos años debido a los
incrementos salariales y a un débil crecimiento de la productividad, pero se
espera que, a partir de ahora, empiecen a moderarse, tras experimentar un fuerte
incremento en 2020…” Buena lectura. Publicado por Eduardo Rojopolítica social europea, UE
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