COMISIÓN DEL PACTO DE TOLEDO


Sesión núm. 18
celebrada el jueves,
9 de febrero de 2017

INTERVENCION DEL CATEDRÁTICO DE DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA (Cruz Villalón):


Señoras y señores diputados, les agradezco la invitación que me formulan para intervenir en la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos del Pacto de Toledo, especialmente porque considero que se trata de uno de los retos más importantes que tiene el país en estos momentos. Ese reto no es otro que el de lograr, según aparece en esta primera diapositiva (Apoya su intervención con una presentación en power-point), el reequilibro financiero de las pensiones con vistas a garantizar una pensión suficiente ante situaciones de necesidad. Algo que no es fácil, dada la situación no solo coyuntural sino estructural en la que nos encontramos.

Quisiera comenzar, dado que mi perfil de jurista necesariamente tiene que tomar como referencia central los mandatos y parámetros constitucionales, haciendo un rápido recordatorio de cuáles son estas reglas que están en nuestro texto constitucional. Sobre todo, porque aunque con seguridad todos ustedes conocerán bien estos mandatos, sin embargo, a veces en las reflexiones, los análisis, los diagnósticos y las propuestas que se hacen se olvida de cuáles son los marcos que diseña nuestro texto constitucional. A título de recordatorio quiero decirles que el artículo 41 refiere al conjunto de las prestaciones públicas de la Seguridad Social a una situación de estado de necesidad del ciudadano. Además, este artículo preconiza la necesidad de una suficiencia de las pensiones públicas, tanto en el artículo 41 relativo a la Seguridad Social como en el artículo 50, relativo a las pensiones por vejez. Estos artículos reclaman una actualización periódica de las cuantía de las pensiones y también algo más que a veces se olvida. El artículo 31 de la Constitución española, cuando hace referencia al régimen tributario de nuestro país, lo hace en atención a la capacidad económica y al principio de progresividad impositiva en nuestro sistema. Digo esto, sobre todo, porque a veces se olvida el hecho de que las cotizaciones sociales, al fin y al cabo, tienen un carácter tributario y también se tienen que someter a este principio del artículo 31.

Estas consideraciones no son meramente teóricas sino que van a estar presentes a lo largo de toda mi comparecencia, porque entiendo que tienen importantes consecuencias. Por señalarles a ustedes la primera y más relevante, cuando se analiza la Seguridad Social hay que hacer abstracción de los criterios del aseguramiento privado. Hay una fuerte tendencia hoy en día a identificar nuestro sistema de Seguridad Social como si se tratase de una gran compañía de seguros, que hace sus valoraciones exclusivamente sobre la base de criterios actuariales. No es esta la premisa de nuestro texto constitucional. Es cierto que también todo esto tiene que enmarcarse dentro del equilibrio financiero del Estado, así como que hay que tomar en consideración lo que supone para el gasto público y que el propio texto constitucional hoy en día menciona. Pero eso no quiere decir que sea todo equilibrio financiero y que nos olvidemos de las premisas, mandatos y reglas que se contienen tanto en el artículo 41 como en el artículo 50 de la Constitución española. Quiero manifestar una conclusión muy concreta, y ya avanzo mi posición personal. En la medida en que hay que hacer abstracción de los criterios de aseguramiento privado a mí me parece que debe rechazarse cualquier idea en torno a las llamadas cuentas nocionales individuales. Porque, al fin y al cabo, las cuentas nocionales individuales proponen traer la lógica del aseguramiento privado al sistema de Seguridad Social y transmiten al ciudadano que este no un sistema de solidaridad intergeneracional, sino que el ciudadano va acumulando un capital que después le viene retornado en el momento de la vejez. No es esta la lógica del reparto intergeneracional que está en nuestro modelo, no solo legal sino constitucional, de Seguridad Social.

En segundo lugar, hay una lectura finalista del carácter contributivo de las pensiones, porque también a veces se identifica el carácter contributivo como un sistema de aseguramiento privado. El carácter contributivo tiene una finalidad distinta y es detectar el estado de necesidad que sufre en concreto cada ciudadano en el momento en que emerge la contingencia, ya sea vejez o incapacidad permanente o cualquier otra. Por tanto, se debe establecer una cierta correlación entre la prestación que debe facilitarle la Seguridad Social, y la prestación que tenía en su origen como ingreso económico durante la vida laboral activa. No tiene una finalidad de cálculo -insisto- actuarial con vistas a asimilarlos al sistema de aseguramiento privado. Algo distinto es que después el cálculo económico requiera saber cuáles son los ingresos, cuál es la financiación de la Seguridad Social y que esté equilibrado.

Por último, si la premisa del artículo 41 es la de atender a los estados de necesidad, también sería necesario hacer un diagnóstico de aquellas situaciones que hoy en día resultan del régimen jurídico que tenemos, ya que se están abonando cantidades económicas a los ciudadanos que no están realmente en un estado de necesidad o que están parcialmente en un estado de necesidad. Hay que poner en correlación la intensidad de las prestaciones y su percepción con el estado de necesidad. Especialmente hay que decir -es una tendencia que hay que aclarar- que el mandato constitucional de estado de necesidad y suficiencia de las prestaciones no está referido al brazo no contributivo de la Seguridad Social, sino que está referido a todo el sistema de Seguridad Social, es decir, tanto a las prestaciones contributivas como a las prestaciones no contributivas. Ustedes pensarán que el jurista hace razonamientos puramente de legalidad y desconoce el marco económico en el que nos desenvolvemos. Sin embargo, en el terreno de la Seguridad Social hay que ser conscientes de que esto no es posible, es decir, hay que tomar en cuenta también cuál es la realidad económica en la que nos encontramos.

Les apunto algún parámetro, pero intentaré no cansarles mucho con datos. En cuanto a los gastos comparados en protección social de España con respecto a otros países europeos, podrán ver -a mi juicio es el elemento más importante- que la última columna de 2014 nos dice que estamos aproximadamente entre tres o cuatro puntos porcentuales por debajo de la media europea. Esto quiere decir que no tenemos un sistema de Seguridad Social que sea especialmente gastoso o despilfarrador, o que sea inconsciente. Es decir, nosotros tenemos un sistema de gasto de Seguridad Social relativamente ajustado y no tenemos ni mucho menos un sistema -aunque es un término que no me gusta utilizar es muy habitual que sea utilizado en la jerga de los economistas, de algunos, no todos, ni muchísimo menos- generoso. Por tanto, el problema del sistema de la Seguridad Social esencialmente a mi juicio se encuentra en el terreno de los ingresos y no en el de los gastos. Con esto no quiero decir que haya que excluir por completo el análisis del régimen de gastos, pero el centro de atención, a la vista de este dato, debe situarse en el apartado de los ingresos y no tanto en el apartado de los gastos, aunque también hablaré de los gastos.

Este segundo elemento se encuentra aquí más detallado. Si ahora desagregamos por tipo de prestaciones, nos encontramos con que España está tres o cuatro puntos porcentuales por debajo de la media en cuanto a la mayoría de las prestaciones, es decir, nuestras prestaciones están por debajo comparativamente con el resto de Europa. Solo hay dos prestaciones que están por encima, las tienen marcadas con las flechas rojas. Están por encima la prestación por viudedad y la prestación por desempleo. En cuanto a la prestación por desempleo no voy a entrar porque no tengo tiempo y porque posiblemente esta cifra esté desfasada. Ustedes saben que el gasto en prestación por desempleo ha caído mucho en los dos últimos años, luego entonces ese 2,7% no es real, no se corresponde con el momento actual, pero, en todo caso, si nosotros tenemos una tasa de desempleo todavía en torno al 19% es comprensible que tengamos más gasto en desempleo que el resto. Sin embargo, no voy a hablar de desempleo, porque soy consciente de que a ustedes sobre todo les interesa el régimen de pensiones, porque es el grueso de lo que se toma en consideración en este momento.

Nosotros estamos por debajo en el gasto en pensión de jubilación. Por tanto, esto redunda en la idea de que no debemos ir a un sistema que vaya a disminuir el gasto en pensión de jubilación, incluso que no es inconsciente proponer algún incremento del gasto en pensiones de jubilación, por lo menos en el periodo transitorio que va a suponer el impacto del baby boom. Por contraste, habrá que decir que si se está produciendo algún tipo de transformación en nuestro sistema social, habría que reconsiderar el sistema de la pensión de viudedad y progresivamente deberíamos ir a cifras similares a la de la media europea. Pero esto hay que hacerlo con cautelas y después me referiré a ello.

No obstante, todos sabemos que existe un importantísimo desequilibrio en estos momentos en el sistema de Seguridad Social, que se viene a situar en torno al 1,5% o 1,7% del producto interior bruto. Esto hay que tomarlo en consideración, pero con un análisis fino, no con el análisis grueso. El análisis fino en esta materia se refiere a que hay que tomar en consideración la diferencia -que bien conocen todos ustedes, no voy a descubrir ahora el Mediterráneo- entre causas que son exclusivamente coyunturales, respecto de otras que son estructurales. Del mismo modo, hay que diferenciar estas causas del desequilibrio, que ya están impactando en estos momentos en el régimen económico de la Seguridad Social, de otras que aunque estén muy próximas todavía no han tenido impacto. Me refiero a las causas más conocidas, como por ejemplo, la debilidad del empleo que lleva a unas cotizaciones no tan potentes como en el pasado. Es de presumir que la reactivación económica, la recuperación del empleo y la recuperación del potencial de producción y de productividad de nuestro país nos lleve a un escenario donde esa debilidad del empleo no sea como hasta ahora ha venido siendo durante el periodo de crisis económica. En segundo lugar, que se estén cargando las políticas de empleo de reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social como medida de fomento de empleo a las arcas de la Seguridad Social, hay que entenderlo también como una medida coyuntural derivada del momento crítico de deuda pública que ha sufrido nuestro país durante el periodo inmediatamente precedente.

En relación con la jubilación de la generación del baby-boom hay que decir dos cosas:

  1. En primer lugar, todavía no se ha producido. Se presume que se va a producir en torno al año 2025, luego dentro de siete u ocho años será cuando comenzará a producirse ese impacto.
  2. Y en segundo lugar, es un efecto que será de carácter temporal, aunque con un impacto largo. Se calcula que en torno al año 2074 desaparecerán esos niveles de natalidad en nuestro país. De tal forma, que las personas que hoy en día tienen cuarenta y siete o cuarenta y ocho años ya pertenecen a cohortes generacionales donde no existe el baby-boom. Este fenómeno hay que analizarlo, porque va a tener su enorme importancia, pero hay que tener en cuenta que las medidas que hay que adoptar son para un periodo de tiempo, aunque sea más o menos largo. Sin embargo, el envejecimiento de la población es un fenómeno actual y además de carácter estructural. A mi juicio hay una conclusión clara. Es decir, frente a causas coyunturales, hay que adoptar medidas temporales y frente a causas estructurales, hay que adoptar medidas permanentes. No confundamos los términos, porque a veces así se produce.

Quiero mencionarles un caso concreto, relativo al empleo. Está reflejado aquí en esta tabla, donde lo importante -no voy a entrar en este momento en la situación del mercado del trabajo- es el impacto que este tema tiene sobre las cotizaciones sociales. A mi juicio la última columna es la relevante, eso sí, elaborada por un jurista metido a hacer cálculos económicos, y espero no haberme equivocado. La última columna recoge el resultado del cálculo de la aportación media por cotizante anualizada, calculada en unidades monetarias constantes, es decir, descartando el efecto de la inflación. ¿Qué nos encontramos ahí? Que ha habido un periodo de crecimiento de la aportación cotizante al año, hasta el año 2009 y a partir del año 2009 va cayendo, incluso en los dos últimos años, 2014 y 2015, donde hay recuperación del empleo, siendo fuerte en 2015. No puedo poner las cifras de 2016 porque las que he encontrado no son fiables. ¿Qué significa esto? Una caída de la cotización por cotizante del orden del 9%, en términos económico globales, a mí me sale que es una pérdida de unos 5.700 millones de euros en total para el sistema. De modo que si nosotros tuviésemos el nivel de empleo actual, pero con el nivel de cotización en unidades monetarias constantes de 2009, tendríamos una afloración de 5.750 millones de euros más.

Aún más, en estos momentos no tenemos diecisiete millones de afiliados, tenemos diecisiete millones y medio, porque ha habido un crecimiento de medio millón durante el año 2016, que no queda reflejado en esta última cifra. Además, si la recuperación económica se consolida podemos esperar que nosotros lleguemos a los niveles de empleo anteriores a la crisis que fueron de veinte millones, es decir, podríamos hacer un cálculo de un millón y medio más de cotizantes, que supondría según mis cálculos unos 8.733 millones de euros. Si además le hacemos el cálculo de la aportación por cotización, no de este momento de 2015 sino de 2009, serían 1.173 millones. Todo esto sumado, daría una cantidad de 15.656 millones. Naturalmente esto no va a pasar de la noche a la mañana, esto es una situación de un escenario en un plazo no inmediato pero tampoco largo.

Al mismo tiempo, en este escenario de afloración de esta cantidad de cotizaciones no llegaríamos a equilibrar el sistema de Seguridad Social. No es suficiente la cantidad de 15.000 millones de euros. Por tanto, hay que adoptar distintas medidas. ¿Qué medidas se pueden adoptar? Yo soy más partidario de un abanico diverso de medidas, que de concentrarlo todo en una actuación única, porque eso tendría un impacto enorme social y económico, mientras que si uno dispersa las actuaciones pueden ser menores las consecuencias. Por eso, es mejor jugar con varios palos. Nuestra cotización a la Seguridad Social ahora mismo está en torno al 35%, está un poco en la banda alta comparada con la media europea. Estando en la banda alta de la media europea, yo no creo que sea aconsejable una subida generalizada de las cotizaciones a la Seguridad Social, pero tampoco soy partidario de una bajada, porque es muy difícil compensar una bajada con aportaciones por vía impositiva y una bajada repercutiría, se quiera o no, sobre el gasto. Esas serían medidas prudentes, pero creo que importantes.

Muchos diputados han hablado de los topes máximos de cotización. Yo soy partidario de este tema, por un motivo principal de carácter jurídico constitucional. Me he referido a que el artículo 31 dice que cada uno tiene que aportar en función de su capacidad económica, con un criterio de progresividad. Aquí nadie a partir de ganar equis miles de euros deja de incrementar su impuesto sobre la renta, ni tampoco nadie que deje de tener una oportunidad de negocio deja ya congelado el IVA. No hay ningún impuesto, entre aquellos que están calculados en función de un referente de ingreso, que se bloquee, a no ser que sea una tasa. Como esto no es una tasa, sino que es una cantidad más aproximada a los impuestos, lo razonable es que sea así. Además, quienes están por encima hoy en día de la cantidad topada son personas con mayor capacidad económica. Por último, son puestos estratégicos en las empresas y no creo que esto vaya a tener impacto sobre el empleo. Las empresas tienen que tener estos puestos necesariamente, luego es muy difícil que esto tenga impacto en el empleo.


En segundo lugar, como no estamos en la lógica del aseguramiento privado, esto no tiene ni debe llevar a un incremento de las pensiones de los que están por encima del actual tope. Son elementos independientes, uno puede mantener el máximo de la pensión fijada ahora mismo en los dos mil quinientos y pico euros, a pesar de que rompa con los topes. Eso de poner en conexión la prestación con la cotización, en estos momentos sería de la lógica del aseguramiento privado. Si me lo permiten, ese colectivo social que está hoy topado son aquellos que en estos momentos tienen mayor capacidad de ahorro y, por tanto, con seguridad tienen un patrimonio acumulado en el momento de la vejez suficiente como para complementarlo con la pensión pública que reciban. Por tanto, el hecho de que esté topada la pensión -no la cotización- tiene también su lógica con el estado de necesidad. Yo resaltaría entre los elementos que tienen lógica dos: el primero, el destopar en función del artículo 31 de la Constitución española, y el segundo, que eso como efecto derivado no provoque el incremento de la prestación de estas personas en situación económicamente más solvente y que pueden ir por la vía del ahorro.

En segundo lugar, yo también soy partidario de que las bonificaciones de fomento del empleo sean con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, porque es una política pública y porque no es un aspecto relacionado con la acción protectora de la Seguridad Social, ya que es absurdo que, en la práctica hoy en día, quien esté pagando con la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social no sea otro que el Fondo de reserva de la Seguridad Social. No entro, porque no es objeto de esta Comisión, en la idoneidad o no del mantenimiento de las medidas de fomento del empleo. Yo tengo mi opinión, si ustedes quieren con gusto se la expondré, pero les diré un anticipo. Yo soy de los que piensan que estas bonificaciones tienen un alto peso muerto, pero no me detendré aquí porque no es el objeto de mi intervención. También hay que ir a alguna mejora de las cotizaciones de los trabajadores autónomos, manteniendo un tope mínimo, como existe ahora mismo, pero haciendo un incremento en función de la capacidad económica de los autónomos, que puede ser en función del volumen del IRPF o del IVA, y que se establezca un régimen de aproximación de convergencia entre la pensión media de los autónomos respecto de los asalariados.

Por último, sería útil pensar en la posibilidad de que la cotización de los autónomos llamados económicamente dependientes no la afronten ellos al 100%, sino que parcialmente la afronte la empresa cliente. Tomando algún ejemplo de lo que sucede en Italia. Por ejemplo, en materia de autónomos tienen ustedes aquí el porcentaje que representa la pensión de los autónomos respecto de la pensión del régimen general, en términos generales un 59%. Aquí hay un terreno de convergencia para incrementar las pensiones de los autónomos y esto solamente puede producirse en la medida en que se logren incrementar los ingresos, como he dicho anteriormente por las vías anteriores.

Esto no es suficiente. Por mucho que ustedes hagan cálculos esto no va a equilibrar el sistema y por eso yo soy de los que piensan que hay que ir al incremento de las transferencias a la Seguridad Social por parte de los Presupuestos Generales del Estado. La regla de la separación de fuentes comprometida en el Pacto de Toledo ha sido muy útil, ha sido enormemente efectiva para el equilibrio del sistema durante un tiempo, pero a mi juicio también se ha agotado. Hay que ampliar la intensidad de las transferencias. No es suficiente con que se financien con ello las no contributivas y los complementos a mínimos. Por otro lado, pienso que no es bueno identificar un tributo concreto que sea el que financie el sistema, que sean los tributaristas quienes hagan el mix correspondiente. Del mismo modo que uno no dice tal servicio público como la sanidad se financia con el impuesto del tabaco o del alcohol o el posible impuesto ecológico de la grasa, no debe hacerse aquí. Lo que hay que hacer es el cálculo de cuál es la necesidad de transferencia que se debe producir, pero no identificar un tributo en concreto. Distinto es que si se tienen que producir transferencias desde los presupuestos al sistema de la Seguridad Social habrá que analizar de dónde puede sacar los fondos el sistema tributario español. ¿Con qué destino? A mi juicio, la aportación debe tener esencialmente dos destinos. En primer lugar, ir a abonar la revalorización de las pensiones y, en segundo lugar, el complemento por maternidad de las pensiones contributivas. La revalorización de las pensiones es un elemento que no puede estar en el cómputo de la cotización del trabajador para calcular la pensión inicial y la revalorización debe ir a cargo de Presupuestos Generales del Estado, por lo que diré inmediatamente a continuación.

De otro lado, el reciente complemento por maternidad de pensiones contributivas no tiene tampoco correlación con la cotización a la Seguridad Social. Es una política pública razonable. Es útil y ha sido un acierto, pero una cosa es eso y otra que deban soportar las cotizaciones. De igual modo, este complemento debe de ir a cargo de tributos. Me he calentado un poco la cabeza intentando hacer el cálculo de cuánto puede ser esta cantidad. Incluso he consultado a unos y otros. No he encontrado datos del ministerio y estaría bien que ustedes le consultaran al ministerio cuánto supone esto, pero, a mi juicio, con un cálculo por lo bajo cuando menos esto puede suponer del orden de 3.000 millones de euros, que no es poca cosa. Esa transferencia aliviaría mucho el equilibrio de la Seguridad Social. Por el contrario, en sentido negativo, no creo que deba tener un sentido finalista para una pensión concreta, la pensión de viudedad o la pensión contributiva. Puede inducir a error y a tener efectos de no permitir un debate sosegado sobre qué debe hacerse con la pensión de viudedad si se introduce el elemento de que está financiada a través de tributos.

Pasamos a gastos, a la acción protectora. En materia de acción protectora, sería importantísimo que todos los grupos políticos en el marco del Pacto de Toledo, que es el compromiso político fundamental, dijeran cuál debe ser la tasa de sustitución óptima. Respetando el mandato constitucional de la suficiencia de las pensiones. Después dejar a los técnicos decirles a ustedes cómo se logra esa tasa de sustitución. Porque lo contrario, permítanme ustedes la confianza, esto induce a juego de trileros y también induce a falta de sinceridad con el ciudadano. Esta reforma qué impacto va a tener sobre la tasa de sustitución, que al final es lo que le interesa al beneficiario de la prestación correspondiente. No me hagan ustedes fórmulas matemáticas y después no saben qué impacto va a tener. La tasa de sustitución es importante. Hay dos tasas de sustitución, pero la que más se analiza es la del momento del ingreso. La cifra que les pongo es la que la OCDE afirma que grosso modo va a tener la tasa de sustitución una vez que tenga impacto cerrado la reforma de 2012. Dando una cifra para los que tienen una carrera ininterrumpida y otra cifra para los que tienen una carrera interrumpida. Hago una media tirando para arriba, porque se supone que los que la van a tener ininterrumpida va a ser superior. De otra parte hay que tomar en consideración la pensión del conjunto de los pensionistas, porque con el paso del tiempo, por mucha revalorización se ha producido un deterioro de las pensiones y el que lleva quince o veinte años no tiene la capacidad misma adquisitiva que la que tuvo en el momento del ingreso. Por eso según cálculos, hechos por un jurista que puede equivocarse, en estos momentos la tasa de sustitución del conjunto de los pensionistas comparado con el salario medio de los ocupados me da el 61%. Ese puede ser un referente importante a tomar en consideración. El otro compromiso que se debe alcanzar es el del mantenimiento de la distribución porcentual, actual, entre prestaciones contributivas y no contributivas, que ahora mismo está entorno al 95% de las contributivas de los ciudadanos, no de las cantidades que se gastan, el 95% de los pensionistas son contributivas y el 5% son asistenciales. Esto también debe ser un compromiso importante porque las pensiones asistenciales no deben ser el referente central del sistema. Porque son pensiones, digámoslo con sencillez, para personas que están en pobreza intensa, casi en riesgo de incapacidad de mantenerse. Si se opta por esta fórmula de establecer una tasa de sustitución, que no debo ser yo, sino que deben ser ustedes quienes digan la cifra que corresponde, no debe hacerse de una forma rígida. Es decir, esta no debe ser permanente, sino establecer una horquilla, no debe sobrepasar máximo tanto ni mínimo tanto. Esto debe ser un compromiso fuerte e importante y a partir de ahí derivar el resto de las medidas. Tienen ustedes aquí las cifras de correspondencia entre contributividad y asistencialidad, en este momento el 95,7 y en 4,3, que se debe de mantener. Eso que lleva. Por ejemplo, eso lleva a no alterar la exigencia de que para tener la pensión contributiva como mínimo ha de cotizarse durante quince años.

Siguiente duda. ¿Se puede hacer algún tipo de ahorro del gasto en acción protectora? Pudiera adelantarse el proceso aplicativo de la reforma del 2012. Saben ustedes que este es un proceso lento y podía hacerse alguna cosa. Por ejemplo, en el paso de los sesenta y cinco a los sesenta y siete años de jubilación, en vez de que cada año se incrementase en un mes, que se incrementase en dos. Sin embargo, no creo que sea recomendable aplicarlo al periodo de referencia del cómputo de la base reguladora. ¿Por qué? Con seguridad eso tendrá un impacto negativo sobre la tasa de sustitución. Es preferible un retraso en el acceso al sistema de seguridad social que acceder a un sistema con pensiones más pobres. Por eso lo que podría hacerse en este terreno sería más acelerar el proceso del paso de los treinta y cinco a los treinta y siete.

En segundo lugar, un tema importante, pero muy complicado: Qué hacemos con la pensión de viudedad. Ya les he indicado, creo que debe seguir siendo esencialmente una pensión de viudedad, porque se corresponde con nuestro sistema contributivo y porque aunque estamos en un proceso de cambio sociológico muy importante, ese cambio no se ha materializado de forma conjunta para las pensionistas de Seguridad Social y hacer un cambio brusco puede tener un impacto de género notable y esto hay que valorarlo muy mucho. ¿Por qué? Porque afecta al 92% de mujeres, que son las beneficiarias. Porque la edad media de acceso son setenta y tres años, más del 82% tienen más de setenta y tres años o son mujeres con problemas de salud y con dificultad de encontrar recursos económicos adicionales. Porque el 32% de la pensión de viudedad está con complementos a mínimo, luego la pensión está por debajo. De ese 32%, el 98% de los complementos a mínimos son de mujeres. Tienen que la media está muy por debajo de la pensión de viudedad. También hay otra realidad que no se puede ocultar, en estos momentos el 37% compatibiliza la pensión de viudedad con otra pensión. Que en la inmensa mayoría de las ocasiones puede ser jubilación. Puede que algunas, porque son casi todas mujeres, sean de incapacidad permanente. Ya se está detectando este fenómeno de mujeres que han tenido una vida laboral suficiente como para tener una pensión de jubilación. Por eso están compatibilizándolo. Eso conduce a detectar en la pensión de viudedad dónde puede haber situaciones de ausencia de estado de necesidad. Todo el mundo tiene necesidad. Hasta la persona más rica del mundo le dirá que no tiene suficientes ingresos económicos para subsistir y tienen ustedes algunas declaraciones en los medios de comunicación que son de lo más sorprendente para algunas personas que parece que están fuera del mundo. Cerrado el paréntesis, en materia de pensión de viudedad, es cierto. El cambio sociológico puede estar produciendo este fenómeno, especialmente en mujeres y hombres que están percibiendo rentas de trabajo. Hay en estos momentos una compatibilidad absoluta entre pensión de viudedad y rentas por el trabajo o profesionales que es el momento de reconocerlo y que hay hombres con pensión de jubilación que están en el tope máximo de la pensión, porque lo acumulan con la pensión de viudedad. Esto debería llevar a una reconciliación. Sí, manteniendo que la pensión de viudedad esencialmente debe de ser una pensión contributiva, pero una cosa es que sea una pensión contributiva y otra que su régimen jurídico atienda a los estados de necesidad.


Medidas pensables. Primera, que para las personas que enviudan con menos de cuarenta años se establezca una prestación temporal. No una pensión definitiva, porque estas personas están en condiciones generacionales de reincorporarse al mercado de trabajo. Puede que algunas no tanto, porque tengan elevadas responsabilidades familiares. En ese caso, hay que equilibrar la prestación temporal de viudedad con una mejora importante de la pensión de orfandad para atender a estas mujeres que tienen que atender a hijos pequeños y no se pueden reincorporar fácilmente al mercado de trabajo o que si se reincorporan lo hacen a tiempo parcial no con ingresos suficientes para la suficiencia personal y de su familia.

Segunda medida que se podría tomar -ya lo he dado a entender-, hay que establecer algún tipo de correlación entre los ingresos de rentas por el trabajo y la pensión de viudedad. Yo no establecería una incompatibilidad, porque también es cierto que hay una realidad sociológica de mujeres que trabajan a tiempo parcial o con rentas muy bajas que siguen estando en un estado de necesidad y deben compatibilizar esos ingresos por trabajo con parte de la pensión de viudedad. Por eso hablo más de establecer topes y correlación entre los niveles de renta y la pensión de viudedad. No hacerla totalmente incompatible ni tampoco como en el régimen actual que son totalmente compatibles. Habría que establecer algún tipo de topes escalonados, no incompatibilidad absoluta, en la compatibilidad entre pensión de viudedad y pensión de jubilación. Correlativamente a esto, es fácil detectar la existencia de mujeres viudas con altas responsabilidades familiares que no llegan a tener pensión de viudedad, porque no alcanza el mínimo de cotización por parte del viudo o porque se le puede acabar la prestación temporal de viudedad. Hacer esto debería llevar a cabo a incorporar una prestación asistencial de viudedad para viudos y viudas con responsabilidades familiares. Aunque sociológicamente el problema está en las viudas no podemos, por razones de imperativo constitucional, referirlo exclusivamente a las mujeres. Tiene que ser viudos y viudas. Pero conectado con responsabilidades familiares y la advertencia de que esta es una red de seguridad última, no un sistema alternativo o sustitutivo de la prestación contributiva de viudedad.

En materia de jubilación, también habría que revisar las reglas de incompatibilidades en la pensión de jubilación, porque son excesivamente complejas, porque las variantes son enormes y la población se pierde en ese marasmo que hay actualmente. En ningún caso a la plena compatibilidad y de nuevo por un principio constitucional. Porque no hay estado de necesidad. Si una persona está trabajando y no se jubila no surge la contingencia justificativa del reconocimiento de la pensión de jubilación. No vayamos de nuevo a caer en el error de identificar el sistema de Seguridad Social con un sistema de aseguramiento privado. Es un sistema de aseguramiento público, de solidaridad intergeneracional e intrageneracional ante situaciones de necesidad. Estas personas no están en situaciones de necesidad. No confundamos y extrapolemos el problema concreto de la población artística al conjunto de la población. A lo mejor a ese problema hay que darle respuesta, pero ese es un problema que afecta a un número reducidísimo de personas y no hagamos una extrapolación. Por tanto, no soy partidario en modo alguno de establecer el régimen de compatibilidad. Simplificación y topes máximos. Por otra parte, también hay que repensar el sistema de compatibilidad para las pensiones de invalidez con el trabajo que se produzca.

Termino. Revalorización de las pensiones y factor de sostenibilidad, puedo decir poco porque este asunto es muy complicado y en el tiempo que tengo no puedo decir mucho más. Saben ustedes y son muy conscientes del impacto negativo del repunte de inflación. El resorte del índice de revalorización no está sino totalmente aletargado porque hemos tenido inflación cero o inflación negativa, pero bien saben ustedes que ya estamos en otras de inflación del 3% y esto produce un impacto claramente negativo sobre la tasa de sostenibilidad. Si se parte de la premisa que he propuesto de que el compromiso sea sobre tasa de sostenibilidad hay que repensar o reconsiderar el sistema del índice de revalorización tal y como está actualmente. Hay que referenciarlo a la tasa de sostenibilidad que ustedes consideren que debe ser la oportuna y la adecuada. Para referenciarlo a la tasa de sustitución no hay más remedio que tomar en consideración el índice de inflación de coste de la vida directa o indirectamente por vía del producto interior bruto. No es posible desconocer el impacto de la inflación sobre la continuidad del nivel de adquisición de los pensionistas, porque, si no, no tenemos la tasa de sustitución que debe ser razonable. Algo similar diría respecto de la tasa de sostenibilidad, pero la tasa de sostenibilidad tal como está diseñada va a producir una reducción de ese 61% que les indicaba que es la tasa de sustitución del conjunto de los pensionistas, muy notable. Ustedes tienen que decidir si consideran que esa tasa del 61% debe caer más abajo y hacer una lectura constitucional de la suficiencia de las pensiones, porque la inmensa mayoría de los expertos dicen que el 60% es una tasa ya que está en el umbral de la suficiencia. La tasa de sostenibilidad debe reconsiderarse. No creo que deba desaparecer, porque está el problema del envejecimiento, pero la tasa de sostenibilidad de nuevo no toma en consideración el efecto de la inflación y el resultado que este produce sobre la tasa de sustitución. Un elemento coyuntural muy concreto que les advierto, tal como está diseñada la tasa de sostenibilidad en estos momentos, que no ha entrado en vigor, pero que va a tener un impacto brusco de la noche a la mañana. Es decir, del 31 de diciembre de 2018 al 1 de enero de 2019 no es en absoluto descartable que esto vaya a producir el riesgo de un efecto de llamada a la jubilación masiva de la ciudadanía a finales de 2018. Si me permiten ustedes la expresión: Hagamos un pan como unas tortas. Porque eso provoque un efecto negativo enorme sobre el incremento del coste de las pensiones porque eso produzca un efecto bumerán que bloquee todas las políticas de fomento del alargamiento de la vida laboral de las personas. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, profesor.


Vamos a iniciar las intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios con el Grupo Parlamentario Socialista, señora Perea.


La señora PEREA I CONILLAS: Previamente, presidenta, igual me tengo que ausentar, porque estoy debatiendo en la Comisión de Justicia una proposición no de ley, por lo que haré mi intervención y si me disculpan saldré un momento y volveré a cerrar la intervención si es necesario.


Ayer tuvimos la comparecencia del presidente de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal, el señor Escrivá, que hizo dos aseveraciones que creo que son determinantes para el seguimiento del debate en el Pacto de Toledo, a menos a juicio del Grupo Socialista. En primer lugar, que la reforma de las pensiones, el hecho de que se estableciera el índice de revalorización de las pensiones va a suponer con una inflación positiva, la pérdida segura de poder adquisitivo. Esto lo acaba de decir usted. De forma importante, estamos hablando de una pérdida del 30% en diez años aproximadamente, si no recuerdo mal, puede ser que me equivoque en cuanto a los años, pero estamos hablando de una pérdida del poder adquisitivo bastante considerable, en cualquier caso en tasas del 2% de incremento anual que es lo que está planteando la OCDE la pérdida de poder adquisitivo va a ser como mínimo del 1,75 cada año. En segundo lugar, planteó -así lo entendí, tengo que revisar el "Diario de Sesiones"- hacer estudios a largo sin tener los datos necesarios puede conducir a error. En este momento se está planteando por diferentes expertos que la situación del sistema de protección social es insostenible, a medio o largo plazo. Por lo que hay que adoptar medidas como esta tasa de sostenibilidad que usted acaba de hablar ahora que en el día 1 de enero de 2019 puede tener efectos contraproducentes, efectos bumerán. Más allá de eso, es cierto que esa tasa de sostenibilidad va a suponer la pérdida de poder adquisitivo en el momento más delicado de la jubilación que es al final de la vida del pensionista. Me gustaría saber si usted sería partidario de plantear el debate de la sostenibilidad a largo, pero quizá sería más conveniente plantearlo a corto y a medio plazo, y fijar de alguna manera una cláusula como la que fijó en el 2012 en la que se fuera revisando la situación de la demografía, etcétera, que nos permitiera ir revisándolo y no adoptar medidas ya drásticas en este momento que pueden suponer unos efectos bumerán considerables. Esta sería una pregunta.

Por otra parte, usted ha hablado específicamente de la viudedad. Me gustaría que se refiriera a la brecha salarial que acaba implicando una brecha en la pensión de las mujeres. Hemos hablado de viudedad con unas circunstancias y unos ítems determinados donde un 32% de las personas básicamente mujeres tienen complementos a mínimos, pero lo cierto es que en este momento la brecha que se plantea en las pensiones va a ser bastante importante. Ya es de un 30% aproximadamente en este momento. Se da la circunstancia de que la carrera de cotización de las mujeres es inestable. Ya sea por las bases de cotización como por la interrupción de los contratos, de la carrera de cotización. Deberíamos plantearnos en el ámbito de la conciliación, pero a nivel de prestación social también en la carrera de cotización. En segundo lugar, la carrera de cotización de los jóvenes que entran mucho más tarde en el mercado laboral, con lo cual según con qué condicionantes la pensión que les puede acabar correspondiendo es realmente pobre. Se está provocando un incentivo a que los jóvenes dejen de creer en el sistema de protección social. Usted ha planteado una cuestión y es digan ustedes qué tasa de sustitución tiene que tener en el futuro un pensionista y a partir de ahí volvamos a redefinir el sistema de protección social. No sé si usted considera algún tipo de medidas o planificar esa tasa de sustitución, porque ayer ya se nos dijo claramente que la percepción de la tasa de sustitución de aquí al 2030 o así podría sufrir una bajada de un 30%. Estamos hablando de una pensión muy pobre, del 40%. Hay bases de cotización muy altas que en este momento están entrando en la jubilación, pero las bases de cotización en el mercado laboral desde hace cinco años son relativamente bajas, con lo cual encima un 40% más es complicado. Ayer tuvimos la presencia aquí de responsables de mutualidades de previsión social y me gustaría saber su opinión sobre la complementariedad de las pensiones que ya hace tiempo que se está planteando, pero que ahora se vuelve a poner encima de la mesa. Planes complementarios obligatorios, voluntarios o no. Gracias.

La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a la representante del Grupo  Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señora Vidal.

La señora VIDAL SÁEZ: Gracias.

En primer lugar, quiero agradecerle su concisión, su claridad y el hecho de que se haya mojado. Creo que en pocas comparecencias se han puesto sobre la mesa tantas propuestas y tan detalladas sobre diferentes cuestiones, lo que es de enorme utilidad en la materia que estamos estudiando. Como también hizo ayer el señor Escrivá, ha sido usted muy prudente, lo cual se agradece, porque ayuda a poner en valor y a estudiar determinados aspectos. Lo cierto es que nos unen muchas coincidencias, aunque no voy a detallarlas una por una, y celebramos especialmente que haya puesto el acento sobre la cuestión relativa a la suficiencia, pues tanto lo concerniente a poder recuperar el poder adquisitivo de las pensiones como que sean suficientes en el sentido de garantizar unos mínimos para poder vivir es lo que nos estamos jugando a día de hoy y es la realidad con la que se encuentran miles de personas en nuestro país. Como decimos siempre, el déficit no es una cuestión ambiental, sino producto de políticas concretas que nos han hecho llegar a la situación en que nos encontramos y señala el camino a seguir; no es una cuestión ambiental y son muchas las medidas que podemos adoptar para revertir la situación o iniciar un camino diferente. Por eso, quería hacerle una serie de preguntas, al hilo de algunas cuestiones concretas.

Ha hablado usted de las bonificaciones y muchos otros comparecientes se han referido a ellas, en la mayor parte de los casos como pesos muertos. Recuerdo que la compareciente de Uatae, Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, nos pedía que fuéramos más concretos y quirúrgicos en su uso. Coincidimos en la idea de que se paguen mediante presupuestos generales. Pero ella ponía el acento en que se pudiera lograr algún tipo de progresividad, es decir, que quizás no debería ser para todos, y se debería estudiar para qué tipos de personas pueden ser útiles. ¿Podría abrirse una vía de estudio relativa a las bonificaciones?

Sobre los ingresos, una de las cuestiones que ponemos sobre la mesa es la de estudiar distintos tipos impositivos. ¿Qué opinión le merece a usted una medida de estas características?

También quería preguntarle por las mujeres, quienes a día de hoy, de media, reciben un 38% menos de pensión, lo cual señala claramente a este colectivo como uno de los más afectados por la pobreza y la pobreza relativa, según los ingresos que perciben. ¿Qué medidas podemos considerar, más allá de la prestación por viudedad?

Con referencia a los periodos de cálculo, cuestión que usted no ha tratado en su intervención, hasta 2008 se consideró que los últimos años de cotización eran los mejores y que, por lo tanto, debían ser los que se tuvieran en cuenta para calcular la pensión. Sin embargo, teniendo en cuenta que la crisis que hemos padecido durante los últimos diez años ha dejado al colectivo de mayores de 55 años que perdieron su trabajo en los últimos años de cotización en una situación muy delicada por lo que se refiere al cálculo de sus pensiones, algunos de ellos incluso habiendo cotizado sobradamente los años requeridos de cotización, ¿cree usted que tendríamos que ir hacia un sistema de cálculo más flexible, atendiendo -insisto- a las circunstancias a que nos ha conducido la crisis que hemos padecido durante este tiempo?

Relativo también a los ingresos, se está debatiendo en el Parlamento Europeo -probablemente en las próximas semanas tendremos ya una resolución- sobre las cotizaciones a robots, en referencia al reparto de la riqueza vía contribuciones por la digitalización de ciertos puestos de trabajo. ¿Qué opinión le merece a usted esta propuesta que se está estudiando?

Por último, me sumo a la petición que hacía la portavoz socialista con respecto a la complementariedad. Pese a que se considera como elemento de voluntariedad, nos tememos que va a ser la pobreza lo que empuje a muchas personas -precisamente, no de forma voluntaria- a verse obligadas a tener que complementar su renta. ¿Qué opinión le merece a usted esta medida?


Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.

En nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Del Campo.

El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Muchas gracias, don Jesús Cruz, por su comparecencia. Ha sido una exposición muy clara y es verdad que ha puesto sobre la mesa muchas medidas, algunas con las que estamos de acuerdo y otras que nos motivan ciertas dudas, y por estas, sobre todo, es por las que quiero preguntarle.

Dice usted que las cuentas nocionales no son un buen instrumento, y me ha parecido entender que las asocia a criterios de aseguramiento privado. Me sorprende, porque muchos comparecientes nos han explicado que son un buen mecanismo que poco a poco se está implantando en muchos países de nuestro entorno, algunos de ellos a los que nos gustaría parecernos, y nos decían que estas cuentas nocionales no tienen por qué estar reñidas con criterios de reparto ni con criterios de solidaridad, ya que se pueden mantener en un sistema de reparto solidario. Simplemente, con ellas iríamos hacia un sistema más transparente, en el que se conocería qué jubilación tendríamos en el futuro, de forma que se podrían tomar decisiones sobre ahorro; y no me refiero a pensionistas actuales o a corto plazo, sino a generaciones más jóvenes, como la mía -gente de treinta años aproximadamente-, que quisieran saber qué va a pasar con sus pensiones en el futuro. Asimismo, nos decían que estas cuentas nocionales podrían obedecer a diferentes modelos, aunque per se son modelos más justos, ya que tienen en cuenta todo el tiempo de cotización, y que incluso podrían resultar más equilibrados con referencia a algunos colectivos de trabajadores, como los autónomos, puesto que se podrían establecer mecanismos, por ejemplo, relativos a lagunas de cotización, un tema que a veces resulta complicado en cuanto a su jubilación. Por tanto, quisiera que nos explicase su posicionamiento con respecto a las cuentas nocionales.

Estamos de acuerdo con usted en algunos asuntos, pero, centrándome en los que no coincidimos, dice usted que podríamos tender a eliminar los topes de cotización, aunque dejaríamos igual los topes para el cobro de la pensión máxima. Parece bastante injusta esta medida para la clase media. Por ejemplo, si tenemos una pensión máxima por jubilación de 2.500 euros y se eliminan los topes de cotización, habrá quienes solo cotizarán una parte pero, al final, podrán cobrar una jubilación que llegue hasta los 2.500 euros, mientras que otros de clase media que estén cobrando 4.000, 3.500 euros aportarán y cotizarán mucho más durante toda su vida y, sin embargo, a la hora de jubilarse, tendrán la misma pensión que aquellas otras que han aportado menos al sistema. Por tanto, creo que se produce cierta injusticia.

Incide usted en los ingresos, pero lo cierto es que los economistas -y han sido muchos- nos dicen que los ingresos se han mantenido prácticamente estables en los últimos años, durante el periodo de la crisis, y que el problema fundamentalmente ha venido por los gastos, también por aquellos que nos vamos a encontrar teniendo en cuenta factores ya conocidos como el envejecimiento de la población activa y el incremento de la esperanza de vida, lo que motivará que haya mayor número de gente en edad de jubilación en los próximos años, es decir, muchos más jubilados, que además van a vivir mucho más tiempo.

Con respecto a los gastos, creo que ha dicho usted que le parece bien la reforma de 2011 y que incluso habría que acelerar el retraso de la edad de jubilación, el periodo transitorio establecido por aquella ley. Quisiera saber si es realmente lo que ha dicho. Y con respecto a la reforma de 2013, me gustaría que profundizase un poco más, porque entiendo que no está a favor del establecimiento del índice de revalorización de las pensiones, pero no me ha quedado muy claro qué opinión tiene sobre el factor de sostenibilidad. Dice usted que antes del 1 de enero de 2019 se puede producir un acceso masivo a las jubilaciones, pero, teniendo en cuenta los datos que nos dan los economistas, creo que tendremos que hacer algo para equilibrar la pensión de jubilación con respecto a los ingresos y gastos del sistema, considerando también el incremento de esperanza de vida, que es muy positivo pero nos va a crear un problema económico.

En cuanto a autónomos, dice usted que se debería ir hacia un sistema de cotización que tuviera en cuenta los ingresos -probablemente esta cuestión se debatirá en la subcomisión que tenemos en materia de empleo-, pero también dice que habría que eliminar algunas bonificaciones, reducciones y exenciones. Nosotros también somos partidarios de eliminarlas en su gran mayoría, si bien consideramos que algunas son buenas, como las relativas a violencia de género o a personas con diversidad funcional, bonificaciones que además vienen amparadas tanto por el Estatuto de los Trabajadores como por la Ley de Empleo. Además, quisiera saber qué le parece la tarifa plana de autónomos que impulsó el Partido Popular en su momento, que nosotros, según la propuesta que hemos presentado sobre autónomos hasta que podamos ver qué otros mecanismos de cotización se pueden introducir o si podemos cambiarlos, somos partidarios de ampliarla por un periodo superior a los seis meses previstos en la actualidad. Somos conscientes de que en este país existe una falta de evaluación de las políticas públicas y realmente no podemos saber si esta tarifa plana ha sido tan buena o no, pero quisiéramos saber qué le parece a usted esta medida, teniendo en cuenta que se han acogido a ella un millón de trabajadores autónomos y que probablemente algunos anteriormente se encontraban en la economía sumergida.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Del Campo.

Por el Grupo Parlamenatario Vasco, tiene la palabra el señor Barandiaran.

El señor BARANDIARAN BENITO: Muchas gracias, señora presidenta.

Me ha gustado su intervención, sobre todo en la primera parte, porque ha hecho algo que como jurista agradezco, ya que creo que tengo el mismo problema que usted ha expuesto, que allí donde nos ponen datos numéricos y estadísticas nos empezamos a perder en cierta medida. Además, quizás lo más importante es que señalara las premisas del mandato constitucional sobre el sistema de protección, es decir, la protección en los estados de necesidad y la atención al principio de suficiencia, para un sistema que no solo ha de ser suficiente sino también sostenible. Y en torno a estas premisas, ha hecho otra consideración que, aunque ya habíamos escuchado en otras comparecencias, me ha parecido muy acertado recordar, esto es, qué tasa de sustitución quieren ustedes y les diré cuáles son las medidas que se han de adoptar. Y viene a cuenta esta introducción porque se le ha hecho otro planteamiento relativo a la existencia de sistemas complementarios de previsión que junto a aquellas premisas se está valorando para tomar una decisión final sobre el sistema público de atención social. Dicho de otra manera, estamos
hablando de que la tasa de sustitución hoy día se sitúa en el 72%, 79%, según quién lo cuente, pero el 70% de poco se queda en poco, mientras que el 50% de mucho quizás sea bastante más. Teniendo en cuenta que, por otra parte, nos han dicho que los sistemas complementarios vienen a atender aproximadamente entre un 15% y un 20% de esa tasa de sustitución con referencia al último salario que se haya podido tener, en primer lugar, quisiera saber si considera usted viable un sistema basado en la reducción de la tasa de sustitución y, por lo tanto, basado también en un incremento de los niveles salariales, complementado con otros sistemas con algunas de las muchas características que ha comentado la portavoz del Grupo Socialista, es decir, sistemas complementarios obligatorios, semiobligatorios, voluntarios o incluso el que tanto aprecian los representantes de Ciudadanos, que es el de las cuentas nocionales. Por tanto, la pregunta es si, para mantener el sistema de pensiones, existe la necesidad de que este sea complementado y, a su juicio, qué características debería tener.

Y la segunda es una cuestión más particular, referida a esos sistemas complementarios. Existe diversidad de modelos, pero yo me baso en el modelo que conozco, que es el vasco, de entidades de previsión social voluntaria. ¿Entiende usted que debe haber algún tipo de determinación o preferencia legal por alguno de ellos en tanto que se parezcan o estén basados en el ámbito de la negociación colectiva o en el ámbito del aseguramiento privado?

Estas son las cuestiones que le quería plantear. Es posible que posteriormente pueda pedirle alguna otra precisión, pero, como ya han comentado otras cuestiones los otros portavoces, no voy a extenderme más.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Barrios.

El señor BARRIOS TEJERO: Gracias. Buenos días.

En primer lugar, quiero agradecer a don Jesús Cruz su exposición, bastante clara, aunque me ha sorprendido que en algunas cuestiones sea totalmente contraria a otras propuestas. Pero, en fin, para eso estamos aquí, para escuchar las distintas opiniones y luego hacer nuestro juicio de valor.

Creo que está claro que se ha centrado usted en que lo que deben cubrir las pensiones son estados de necesidad y, efectivamente, hay situaciones en las que quizás no se estén cubriendo esos estados de necesidad y haya que revisarlas. Usted no es partidario de las cuentas nocionales individuales porque considera que eso pertenece al sistema privado. ¿Qué le parece el sistema mixto que otros ponentes nos han propuesto? ¿O es partidario de mantener el sistema público y dar libertad para que los trabajadores o los empresarios tengan luego otros sistemas complementarios de pensiones? ¿Cómo ve esos otros sistemas complementarios?

Ha hecho usted hincapié en que el problema que tenemos que resolver es el de ingresos, intentando tocar lo menos posible los gastos, y, si es factible, nada. Pero algunos de los datos que nos ha dado no me cuadran mucho o me sorprenden. Dice que estamos tres puntos de gasto por debajo de la media europea. Sin embargo, la tasa de sustitución es la más alta o la segunda más alta de la Unión Europea. Por tanto, si pagamos más que nadie en la tasa de sustitución de la pensión pero gastamos tres puntos menos, ¿quiere decir eso que gestionamos mejor con nuestro sistema que otros con sistemas mixtos? ¿Qué explicación tiene esto, según su criterio?

Hablábamos también del problema de la viudedad, que incluso merece un debate aparte, porque es un problema muy sensible y amplio, que efectivamente afecta a muchas personas, y es verdad que en algunos casos, por cargas familiares u otros problemas, debieran contemplarse algunas otras soluciones.

Efectivamente, los problemas coyunturales habrá que resolverlos con medidas exclusivamente temporales y los estructurales con medidas permanentes para solucionarlos por muchos años, y usted nos ha apuntado algunas medidas. Lógicamente, si llegamos a 20 millones de empleos, como desde el Partido Popular queremos lograr de aquí a 2020, las cotizaciones serán mayores, y, si aumentan los salarios o el trabajo es de mayor calidad, también serán mayores las cotizaciones. Pero hay otro dato al respecto que no me cuadra muy bien. Dice usted que ha caído la cotización por cotizante en un 9%. Sin embargo, recientemente la ministra decía en una comparecencia que en el momento actual recaudamos lo mismo con menos cotizantes que al inicio de la crisis. Por tanto, tenemos menos cotizantes y recaudamos lo mismo. Así pues, si tenemos menos cotizantes y recaudamos lo mismo, deberíamos tener una cotización mayor por cotizante, frente al dato que nos da usted, que nos dice que ha bajado un 9%. Simplemente, quisiera contrastar estos datos.

Usted no es partidario de subir las cotizaciones. Hemos escuchado a algunos que lo defienden y a otros que no lo defienden, e incluso otros son partidarios de bajarlas. Dice usted que es partidario de mantenerlas y de destopar las cotizaciones en cuanto a los topes máximos. Al hilo de lo que decía el portavoz de Ciudadanos, esa es una opción, pero sería aconsejable acompañarla de algunas otras medidas. ¿Cómo vería usted ese aumento, por ejemplo, si esa cotización de más fuera reducida o si conllevara que la pensión subiera aunque fuera en porcentajes menores a la pensión que se obtendría en el tope? ¿Habría algún tipo de incentivo para evitar esa picaresca o ese fraude que pudiera haber en caso de que se pudiera establecer un destope total de las cotizaciones?

Nos dice también que, lógicamente -y eso lo hemos oído muchas otras veces-, la bonificación de cuotas y las políticas de empleo deberían hacerse con cargo a impuestos, no con cargo al sistema de la Seguridad Social. Hemos tratado, aunque fuera de pasada, si bien merecería también un capítulo aparte y ya hemos tenido una ponencia exclusiva al respecto, el tema de las cotizaciones de los autónomos, y, efectivamente, usted coincide con otros ponentes en que habría que ir a un sistema que se acercara a los ingresos, para que la cotización fuera más alta y así las pensiones en su día pudieran ser más altas. Eso podría suponer, según los datos de que disponemos, en torno a 7.000 millones de euros, cantidad que, junto a los 15.000 millones referidos a la subida a que usted se refería, ya pudiera cubrir todo el déficit del sistema. ¿Qué análisis hace usted de esto?

Dice usted que hay que incrementar las transferencias de los Presupuestos Generales del Estado al sistema de Seguridad Social. Aquí también hemos escuchado que eso solo supondría poner un parche, es decir, se trataría de trasvasar el dinero de un lugar a otro sin aumentar los ingresos totales. Aunque sí aumentan los del sistema de la Seguridad Social, al final los estamos quitando de otro apartado referido al propio Estado. Por tanto, no daría una solución global al sistema, y, efectivamente, habría que aumentar los ingresos reales.

Dice usted que no es partidario de tocar los tipos, ni de subirlos ni de bajarlos, y que, en caso de hacer transferencias desde los presupuestos generales, no identificar un impuesto concreto al respecto. El otro día escuchábamos propuestas totalmente contrarias, con las que supongo que usted no estará de acuerdo, incluso rebajar los tipos drásticamente y hacer un recargo en el IVA solo para este fin. Son distintas apreciaciones.

En cuanto a la acción protectora, hablamos de la tasa de sustitución y los datos nos dicen que tenemos una de las más altas de Europa, por lo que sería bueno poderla mantener, si bien todos los índices nos dicen también que debemos tender a confluir con la media europea, y usted nos habla de un 72% y una media de un 61%. ¿Tiene usted algún cálculo sobre cuánto supone de menos gasto en las pensiones, para ver si con ello se puede llegar a compensar en un futuro el aumento de pensionistas, según esa media?

Dice usted que habría que adelantar el paso a la jubilación de los 65 a los 67 años y que dos meses por año sería una cantidad razonable. Me gustaría saber si, sobre la compatibilidad entre pensión y trabajo, que actualmente puede ser en algunos casos del 50% y ya la ministra ha dicho que se están estudiando medidas para que sea del 100%, usted vería con buenos ojos esa medida, es decir, que un pensionista pueda cobrar a partir de los 67 años su pensión al 100% y a la vez seguir trabajando. Al parecer, la experiencia que tenemos con el 50% es que, sobre todo, se han acogido autónomos y que con ello se pueden mantener otros puestos de trabajo, puesto que se trata de autónomos con trabajadores a su cargo.

Finalmente, quisiera saber qué le parece tomar como referencia para el cálculo de la pensión un periodo mayor de la carrera de cotización. Se ha ido ampliando el tiempo. No hace tanto eran dos años, después pasamos a ocho y luego a quince. ¿Sería conveniente seguir aumentándolo, según su criterio, o es suficiente el periodo que actualmente se considera?

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Cruz Villalón.

CATEDRÁTICO DE DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA (Cruz Villalón): Muchas gracias, señora presidenta.

No creo que ustedes me vayan a aguantar una segunda intervención por otro tiempo igual al de antes y ya he visto llegar a la profesora López Cumbre. Es materialmente imposible que les dé respuesta de todo lo que me han preguntado, aunque es una batería de asuntos razonable, como no puede ser de otro modo. Voy a intentar responder de la manera más telegráfica posible.


En primer lugar, voy a hacer una consideración de carácter general en cuanto a la valoración de las reformas precedentes. Hay una fuerte tendencia -y es comprensible- a querer hacer la reforma definitiva del sistema de pensiones, a hacer la gran reforma, que nos va a durar hasta que se acabe el efecto baby boom, de aquí a 2060. Sin embargo, creo que eso es inviable, porque hay realidades que nadie en este mundo, tan volátil y convulso, puede prever, es decir, hay un montón de cosas que no se pueden conocer. No sabemos cuál va a ser nuestra población. Por mucho que los demógrafos digan que se está produciendo un envejecimiento, ¿qué sabemos que va a ocurrir? Por tanto, yo sería partidario de establecer un mecanismo de reformas de menor de calado pero de carácter constante, en un ámbito de contraste entre qué sucede, qué impacto tiene, qué balance se hace de la política pública, e ir retocando constantemente. Lo otro dura muy poco tiempo, en breve plazo uno piensa que lo tiene que reconsiderar. ¿Quién iba a saber que íbamos a tener un periodo de inflación cero o inflación recesiva? Ningún economista lo había contemplado. ¿O quién había previsto el proceso de inmigración tan notable que se produjo en nuestro país, de millones de personas? Nadie lo había contemplado. ¿Puede producirse otro fenómeno de estas características? Con seguridad, sí. Por tanto, yo diría que con todo esto hay que tener, sobre todo, prudencia. Esto es importante tanto para el índice de revalorización, como para el factor de sostenibilidad o como para el resto de los elementos. No podemos saber qué va a suceder por anticipado y, por eso, no podemos introducir un sistema rígido. A estos efectos es importante, desde el punto de vista del consenso social, la intervención de los agentes sociales en el diálogo social para que esto se vaya haciendo con estabilidad en el tiempo. Lo que sí se puede decir en estos momentos es que si el impacto de la inflación es del 3% y los expertos dicen que no se van a subir las pensiones más del 0,25%, eso supone un deterioro anual -aunque las matemáticas no son mi fuerte- del 2,75%. Esto no lleva sino hacia pensiones de indigencia, y no creo que nuestra ciudadanía esté en esa clave.

Hay un factor que creo que es importante que se perciba. ¿Cuáles son las dos ideas básicas de nuestra ciudadanía? Por un lado, hay una valoración muy positiva, un aval muy fuerte, de nuestro sistema público de pensiones, pero, al mismo tiempo, se transmite un mensaje que cala en la sociedad de que es inviable para el futuro. Esto es absolutamente contradictorio. Si la población dice que el sistema le parece sólido, ya que está avalado por este mecanismo de solidaridad intergeneracional, nuestra responsabilidad como técnicos y su responsabilidad como políticos es la de buscar respuestas a las preguntas que nos están solicitando los ciudadanos. La respuesta en este momento del factor de sostenibilidad, a mi juicio, no es lo que esperan los ciudadanos de nosotros. Yo no he dicho que haya que eliminarlo, lo que he dicho es que es un sistema brusco muy duro que baja sustancialmente la tasa de sustituibilidad y que, por tanto, hay que introducir elementos de corrección. Estos elementos de corrección, entre otras cosas, se refieren al impacto que tienen en la tasa de sustitución.

En relación con la situación de determinadas viudas que cobran los complementos a mínimos, son personas que tenemos que atenderlas. Todas estas situaciones que están próximas a la pobreza severa hay que tomarlas en consideración. También hay que tener en cuenta que el mandato constitucional de estado de necesidad no es salvar la indigencia, porque se habla de la suficiencia de las pensiones. Es decir, la indigencia se salva con la prestación asistencial, pero eso no es suficiente para atender al mandato constitucional. Por eso, el brazo contributivo existe y debe seguir existiendo porque ahí es donde está la tasa de sustitución razonable. Para estas personas que están en esa situación, habría que analizar el porqué, cuál ha sido su trayectoria y dar una respuesta, cuando menos, coyuntural. Se espera que la fuerte incorporación de la mujer al trabajo vaya reduciendo este número de personas, pero alguna medida podría tomarse.

No sé si voy a decir algo que técnicamente no es correcto, si no lo es, que me corrija la profesora López Cumbre. Si no me equivoco, el complemento por maternidad no beneficiaría a las mujeres que tienen el complemento a mínimos, porque se calcula primero la pensión, y después si no llega, se incorpora el complemento. Una medida posible sería que a aquellas mujeres que tengan complementos a mínimos, que han tenido responsabilidades familiares, en todo caso, se les incorpore el complemento por maternidad. No sería una medida de gran impacto económico y para estas personas sería importante. Tengan en cuenta que el sistema permite incluso que el complemento por maternidad lo perciban, aunque sea al 50%, quienes ya están con la pensión máxima topada. Aplicar esta lógica, también para quienes tienen un complemento a mínimos, a mi juicio no sería descabellado.

En relación con los jóvenes, el problema está en el mercado de trabajo, no es un problema de cotización. No podemos inmovilizar a los jóvenes en una carrera de cotización o en una carrera profesional pobre. Respecto a los jóvenes, hay que actuar sobre el mercado de trabajo. Ojalá llegásemos a lograr los veinte millones, porque estaría resuelto en gran medida el problema del desempleo juvenil. No es que los jóvenes por su propia naturaleza tengan un hándicap especial a la hora de incorporarse al mercado de trabajo, sino que hay un problema de empleo en general en nuestro país.

En relación con los planes complementarios de pensiones obligatorios o voluntarios, por los que me han preguntado muchos de ustedes, voy a darles mi opinión. Si el sistema fuera voluntario, dada la estructura empresarial de nuestro país, no sería viable que existiera más allá de lo que existe en estos momentos. El sistema voluntario solamente cuaja en las grandes empresas, o si quieren en las medianas empresas. Teniendo un porcentaje de ocupación del 80%, no solo en la pequeña empresa sino en la inmensa mayoría de las ocasiones en microempresas, es difícil que estas personas accedan al sistema complementario voluntario. Esto es inimaginable. Deben tener en cuenta un factor que tiende a olvidarse. España tiene una peculiaridad, que la población española tiene una decisión adoptada en su cultura muy sólida a favor de la propiedad de la vivienda. Por tanto, su capacidad de ahorro la destina esencialmente a la vivienda. Si se tratase de complementos voluntarios individuales eso estaría muy limitado, al mantenerse esa cultura -que es útil y razonable- de que el ahorro personal se destina durante un periodo muy largo de la vida a la adquisición de la vivienda. No se pueden comparar países donde la lógica cultural es completamente distinta.

Si vamos a sistemas obligatorios, hay grandes problemas que no se pueden escapar. En primer lugar, está el carácter constitucional porque el artículo 41 dice que las prestaciones complementarias son libres. Yo no sé si esa libertad recogida en el artículo 41 puede encajar respecto a introducir la obligatoriedad de las prestaciones complementarias. Es más, si se establece la obligatoriedad al final por la vía de los hechos, sería como si incrementásemos la cotización a la Seguridad Social. Es el mismo efecto para el conjunto de trabajadores y empresarios, globalmente, porque habría que sumarlos. Como yo he dicho que no me parece razonable ni la reducción ni el alza significativa de la cotización, no creo que eso fuera adecuado. Nosotros estamos ahora mismo en el 35%, si introducimos un elemento adicional complementario, ¿qué vamos a poner?, ¿dos, tres o cuatro puntos porcentuales adicionales? Ahora mismo, el país que está en la cúspide es Francia con el 40%, después hay tres países con un 37% -si no me falla la memoria son Alemania, Italia y Bélgica- y prácticamente igual que nosotros estaría Holanda. No es que estemos en la franja alta, sino que estamos en la franja altísima si nos comparamos con Europa. Por eso, no creo que sea bueno.

Por último, hay un tema del funcionamiento hoy en día de nuestra estructura económica. El sistema complementario de pensiones desde el punto de vista económico para nuestro país funcionaría en un modelo de no globalización de la economía, porque sería un instrumento utilísimo de inversión de capital productivo, lo que se ahorraría vía complemento de pensiones. Ahora, nosotros no podemos ir contra el fenómeno de la globalización. ¿Adónde van a parar esos fondos económicos de los complementos? Probablemente fuera del territorio español, es decir, estaríamos potenciando un efecto de ahorro para sacarlo fuera del país. No me parece que debamos jugar con ese enorme peligro. Yo creo que no se ha tomado en consideración lo que podría suponer que un sistema de fondos de pensiones desapareciera repentinamente, porque eso provocaría graves problemas de empleo allí donde se verificase ese tipo de desplazamiento. Sobre todo, en una economía globalizada hay que ser muy cauto en lo que se hace con esto. Con esto creo que ya he contestado a las preguntas de la señora Perea.

La señora Vidal me ha preguntado por las bonificaciones. ¿Debe mantenerse el sistema de bonificaciones? Yo estoy convencido de que tiene un enorme peso muerto y, en el mejor de los casos, un efecto de sustitución o desplazamiento, pero en ningún caso un efecto de creación neta de empleo. Quizás con los autónomos sí tenga ese efecto, pero entre los asalariados estoy convencido de que esto es así, salvo excepciones. Entonces podrían establecerse excepciones; una excepción en la que habría unanimidad por parte de todos, sería mantener las bonificaciones entre los discapacitados porque estos tienen un hándicap indiscutible y la única forma sería esta. ¿Cuál sería el riesgo? A partir de ahí si abrimos el abanico, pasa lo que ha pasado aquí. Que hay determinados grupos sociales que inmediatamente dicen que para mí también, para mí también y para mí también, y el responsable político es incapaz de resistir a la tentación y acaba haciendo lo que ha sucedido actualmente, que es un café para todos. Es muy difícil la contención, si ustedes son capaces de hacerlo, de aceptar un compromiso unánime para decir esto llega hasta aquí, a lo mejor se puede introducir algún supuesto adicional, más allá de los discapacitados, como por ejemplo, parados de larga duración que además estén en edad avanzada y que sea muy difícil la reincorporación o algunos tipos de autónomos. Pero, claro, igual que yo vendrá otro compareciente que les mencionará otros casos y volveremos a la situación actual. Hay que tener mucho cuidado porque esto es un riesgo muy grande.

Me han preguntado sobre tipos impositivos. Permítanme que aquí yo sea muy prudente. Yo soy un modesto laboralista que sabe de Seguridad Social, ni soy hacendista ni tributarista. Sería aventurado que yo dijera qué impuestos corresponde modificar, si el IVA o el impuesto sobre la renta. Yo no me atrevería ni soy capaz -creo que un compareciente debe ser técnico y si no, zapatero a tu zapato- de hacer ninguna afirmación. ¿Qué les diría yo? ¿Que con el impuesto sobre patrimonio en el pasado se percibía 4.000 millones y ahora prácticamente la cifra es irrisoria? A lo mejor, a mí me suena bien, pero no soy experto en el tema, entonces no me puedo atrever a decir nada sobre el particular.

Por el contrario, de lo que sí entiendo es de cotizaciones. En el terreno de cotizaciones, sí creo que tengo conocimiento como para marcar esta posición. Entiendo que ya he dicho que no al incremento, pero tampoco a la reducción, porque -reitero- la reducción llevaría a la reducción de la acción protectora, por cuanto que es inconcebible que por vía impuesto esta propuesta sea el IVA. ¿Cuánto habría que incrementar el IVA para una reducción sustancial de las cotizaciones? Yo no soy experto, pero la subida sería monstruosa. Es mejor ir con medidas prudentes. Si el sistema está relativamente bien enjaretado hasta ahora, una reducción drástica de las cotizaciones no puede hacerse de la noche a la mañana, ni siquiera en el largo plazo. Dicho de otro modo, si no me falla la memoria, en Europa, que es el medio en el que nos movemos, existen países que están por debajo tienen un 29%, pero no tienen mucho menos que nosotros. Entonces no vayamos a establecer originalidades, más allá de lo que constituye Europa. Por tanto, si en estos momentos hay déficit de ingresos y se puede ir a un incremento vía tributos, creo que debe ser para establecer un equilibrio financiero, no para desequilibrarlo más todavía. Yo creo que el sistema no da para ello. Por ello, no debemos jugar con una reducción de las cotizaciones en estos términos.

Aunque sea la verdad, tampoco creo en esa realidad de que si hay un déficit se tenga que financiar por vía impositiva, como en una especie de juego con una manzana que en vez de sacarla de una cesta se saca de otra cesta diferente. Sí, de acuerdo, pero las cestas son distintas: una está sobre la riqueza que crea el empleo, la otra está sobre la riqueza derivada del consumo, la otra está sobre la riqueza de las rentas. El empleo solo carga sobre la población ocupada, pero el IVA carga sobre el cien por cien de la población, incluida las pensiones. Luego no es lo mismo que el cargo sea por una vía o por otra. Por eso, hacer este mix a mí me parece razonable, es decir, que no todo sean cotizaciones y transferir parte de esta vía.

En los mismos términos respondería al elemento de las cotizaciones por parte de los robots. Si yo lo hago sobre una transferencia de la parte tributaria general, estoy haciendo un cargo al conjunto del sistema económico y al conjunto de la ciudadanía. Por el contrario, si lo hago de algún modo sobre la base del impuesto sobre sociedades, entonces de una manera indirecta habría un equilibrio, ya que estas empresas son más productivas pero crean menos empleos. Sin embargo, yo no lo haría directamente sobre el fenómeno de la robotización, porque la robotización es un imperativo derivado de la economía globalizada que no podemos detener, ni es conveniente desincentivar porque incrementa la productividad para el país. Entonces, penalizar la productividad no me parece bueno, a pesar de que sea consciente -dicho esto como laboralista- de que este tema destruye empleo. Claro que lo destruye, pero es que si no, el sistema no funcionaría porque estamos en un marco de competencia y no estamos en una economía autárquica.

El señor Del Campo me ha preguntado sobre las cuentas nocionales y quisiera decirle varias cosas. Eso de que sean muchos países, creo que no es así -salvo que no tenga la información correcta-, son solo muy poquitos países los que lo tienen. Usted ha dicho que si no hace daño, por qué no lo hacemos. Le hago yo la pregunta a la inversa: ¿para qué sirven las cuentas nocionales? Las cuentas nocionales al final pueden llegar a ser un mecanismo indirecto para que una persona cuente la cotización durante toda su vida, durante toda su vida laboral o profesional, y no como hasta ahora que solo se tienen en cuenta veinticinco años. En unos esquemas como los que nos movemos con una población joven con periodos interrumpidos de prestación, eso deterioraría notablemente la pensión. Del mismo modo que no es aconsejable solo contar un periodo corto, porque eso da lugar a fraudes en la cotización. Nuestra experiencia, cuando antes de 1985 solo teníamos dos años de cotización a la Seguridad Social para determinar todo el cómputo, nos muestra que esto daba lugar a compras de pensiones. Yo creo que el periodo máximo de alargamiento debe ser el que ahora mismo está vigente. Las cuentas nocionales irían hacia el camino contrario. Usted me dice que esto sirve para calcular la pensión de futuro, pero si sirve para eso estamos mandando un mal mensaje al ciudadano y es que este es un sistema de solidaridad intergeneracional. Me estoy repitiendo mucho, pero al final estas cuentas nocionales llevan a la idea de que es mi aseguramiento privado. Sin embargo, no es un sistema de aseguramiento privado.

Ya existe un sistema, que no sé si funciona mal o bien -al principio se dijo que había funcionado mal, aunque lo desconozco porque no he hecho el seguimiento-, por el cual uno puede preguntarle a la Seguridad Social cuál sería la pensión que tendría en estos momentos. Eso ya existe, entonces ¿para qué las cuentas nocionales? Estas cuentas nocionales solo transmitirían un mensaje que no es correcto, diciendo al ciudadano que tiene derechos adquiridos a recibir la pensión. Sin embargo, ninguno tenemos un derecho adquirido a recibir una pensión. El sistema está establecido ante estados de necesidad y le pongo un ejemplo clarísimo. Como yo ya me estoy aproximando a la edad de jubilación, aunque no me guste la fiesta, pudiera ocurrir que mis familiares, amigos o compañeros me organizaran una fiesta sorpresa con motivo del día de mi jubilación y yo me llevara tal susto que sufriera un ataque al corazón y me muriera ese día. Yo llevaba cuarenta años cotizando a la Seguridad Social, ¿voy a recibir algún tipo de pensión? Yo no la recibiría, como ya saben ustedes. ¿Mi familia la recibiría? Si mi mujer, por suerte, puede tener la pensión topada, probablemente tampoco la reciban. ¿Mis hijos van a reclamar recibir la pensión como parte de la herencia? Vamos a decirles a mis hijos que no la recibirían, porque es un sistema de reparto. En definitiva, las cuentas nocionales inducen a la confusión y pueden producir un efecto indirecto que puede derivar en una reducción de la cotización.

En relación con el periodo transitorio he dicho lo que he dicho. Creo que es posible pasar de un mes adicional cada año a dos meses adicionales, lo que aceleraría y supondría una importante reducción de costes. ¿Cuánto? No se lo puedo decir, no lo sé, pero sería una medida asumible por la población y no creo que fuera menor el efecto que tendría.

En cuanto a la pregunta que me hace el señor Barandiaran sobre los sistemas complementarios y la negociación colectiva, efectivamente son muy útiles esos sistemas. Pero ¿dónde son útiles?, ¿en el País Vasco? En el País Vasco existe una estructura empresarial muy distinta del resto de España, donde existe -primero- una presencia fuerte de sectores industriales y, sobre todo, de empresas medianas y de grandes dimensiones. Esa negociación colectiva puede realizarse a nivel de grandes empresas, pero para las empresas pequeñas yo no lo veo viable. A lo mejor es viable en un territorio reducido como es el País Vasco. Sin embargo, el País Vasco es una realidad muy distinta del resto del territorio del Estado y no creo que eso sea extrapolable. ¿Cuántas veces hemos querido extrapolar el fenómeno del cooperativismo del País Vasco al resto de España? Eso no cuaja. La cultura vasca es la que es y hay que felicitarles a ustedes por lo que son y lo que han logrado en ese terreno. Permítame que le diga que ustedes no son un país mediterráneo, pero el resto sí lo somos. Esto no lo digo en términos de queja, al contrario, lo digo en términos de alabanza hacia ustedes.

El señor Barrios ha dicho cómo es posible que al mismo tiempo la tasa de sustitución en España sea elevada, pero el gasto de protección social sea distinto. Soy de los que me creo ciertos datos estadísticos y los datos estadísticos dan estos resultados. ¿Qué explicación hay? Una explicación puede ser que los salarios como media, en esos otros países que tienen una tasa de sustitución más alta, son más elevados y al ser más elevados los salarios, la tasa de sustitución es más reducida. No es que las pensiones sean más bajas, sino que es el fenómeno contrario. Si esto no fuera así, no se podría explicar este fenómeno en estos términos. La única fórmula que se me ocurre, porque las estadísticas a estos efectos son contumaces y lo van diciendo reiteradamente, es que el gasto en protección social y particularmente en pensión de jubilación es más reducido que el gasto de la media europea. Este es un gasto en función del producto interior bruto y, por tanto, en función de la población. Otro elemento por el que posiblemente el producto interior bruto español sea más bajo que la media de otros países, es que nuestra productividad es más reducida y al ser una economía con una productividad menor, si la comparamos con otros países, puede explicarse que haya tres o cuatro puntos inferiores de protección social. Por tanto, hay que tener cuidado cuando se valoran datos que no superan la media europea.

Usted me ha preguntado en relación con el aumento de las cotizaciones. Las cifras son las que da el Boletín de Estadísticas Laborales: en 2015, hay 100.000 millones de euros, que no llegan a ser los 108.000 millones que había antes de la crisis en el año 2008. Esas son las cifras oficiales. No les he dado las cifras del año 2016, que probablemente sean más elevadas, porque las que ha publicitado el Ministerio de Empleo no son creíbles, ya que más bien lo que hacen es trasladar el cálculo previsible de los Presupuestos Generales del Estado, pero no la cantidad real. No es posible que se haya producido un cambio tan radical, aunque posiblemente haya aumentado. Como la tasa de parcialidad, que es importante a efectos de cotizaciones, sigue aumentando -estamos ya en el 16%- y como la creación de empleo se está produciendo en los niveles profesionales más bajos, con salarios más reducidos, es lógico que el resultado sea de una caída del 9%. No estoy haciendo una valoración positiva o negativa de lo que está sucediendo, sino describiendo tal y como es la realidad.

En cuanto a la cotización a la Seguridad Social, más o menos se lo he respondido. En cuanto al destope, quiero decirle que esto es un sistema tributario, conforme dice el artículo 31, en función de la capacidad económica y conforme a criterios de progresividad. Esto es lo que dice nuestro texto constitucional. O nos lo creemos, o no nos lo creemos. Si no nos lo creemos, la persona que tiene un sistema de aseguramiento sanitario privado diría que le quitáramos del impuesto la parte correspondiente a lo que cuesta la asistencia sanitaria pública. Pues no, el sistema sanitario público se financia con todo. Si una persona joven y muy sana nunca va a un hospital, tendrá que pagar los mismos impuestos si gana mucho dinero, que otra persona con una edad avanzada con ese mismo nivel de renta. La lógica es una lógica tributaria. Esas personas son clase media alta; las personas que están ahí -no es un número muy elevado- no son clases medias a secas, porque están en el nivel de destopado. Si usted hace un análisis, podrá ver que esas personas tienen capacidad de ahorro para tener un complemento en su jubilación adicional a la pensión. Por tanto, no existe tampoco el elemento del estado de necesidad, que es la premisa sobre la que funciona el artículo 41 de nuestro texto constitucional.

En relación con los autónomos, probablemente la idea de convertir la tarifa plana en un mecanismo de cierta permanencia sea muy fundada. Evidentemente el trabajador asalariado que empieza a prestar servicio en la empresa desde el primer día es productivo, porque la empresa ya está funcionando y ocasionando el beneficio económico correspondiente. En el momento de la puesta en marcha de un trabajador autónomo es cierto que no hay recursos y que se debe fomentar la creación de empleo en nuestro país, pero también con cautelas. ¿Por qué motivo? Porque la tasa de mortalidad en el trabajo autónomo es altísima. Nosotros no nos hemos dado cuenta de que la competencia en una economía globalizada funciona sobre la base de empresas de mayores dimensiones a las que tenemos, es decir, sobre empresas medianas y grandes. Nosotros tenemos que adoptar políticas industriales y públicas de fomento del crecimiento para conseguir tener un mayor número de empresas de tamaño medio. El tamaño medio de la empresa alemana triplica el tamaño medio la empresa española y, por eso, son mucho más productivas. El trabajo autónomo tiene este riesgo de depauperación no solamente personal, sino también económico del país. Fomentemos la creación de empresas, pero fomentemos la creación de empresas que tengan capacidad de supervivencia en el país, que puedan posteriormente aportar cotizaciones al sistema de Seguridad Social y que tengan una cierta garantía estadística de que van a proporcionar empleo y riqueza para el país. Si los autónomos tienen vacíos, estos se pueden responder y cubrir sin necesidad de atender al sistema del cómputo nocional individual.

En cuanto a la compatibilidad total entre jubilación y trabajo, creo que el actual del 50% -esta es la idea básica- es un sistema razonable y que ir más allá significa olvidar de nuevo la regla del artículo 41 de que hay que prestar la pensión a quien se encuentra en estado de necesidad y que quien no lo esté no debe incrementar gastos al sistema de Seguridad Social. No veo ningún beneficio. Este estaría en fomentar la prolongación de la edad de vida activa por otras vías, pero no mediante esta, que no responde a la lógica del artículo 41 de la Constitución española. Más aún, hay que tener cuidado, en el sentido de que podemos provocar una segmentación interna entre los pensionistas, porque hay una franja de edad inicial con condiciones de salud como para trabajar, pero después llega el deterioro físico, que a nadie gusta, y, por mucha voluntad que uno tenga por mantener su incorporación a la vida activa, su salud no se lo va a permitir, incluso va a ser dependiente. Por eso, podemos provocar una dualidad muy arriesgada, porque en el periodo final de su vida los pensionistas pueden encontrarse en situación de cuasi indigencia porque van a tener posibilidad de mantener una actividad laboral pero la tasa de sustitución se les viene abajo puesto que el efecto de la revalorización de las pensiones no mantiene su poder adquisitivo. Por tanto, cuidado con lo que hacemos con personas que podemos poner en situación de pobreza severa en la fase final de su vida. Creo que la solidaridad ciudadana debe tener en cuenta esto, y lo debe tener muy en consideración si es que queremos seguir siendo el país que defiende los valores de la igualdad como emblema de todo el sistema constitucional.

Muchas gracias.



RESUMEN

  1. Conjunto de las prestaciones públicas de la Seguridad Social responden a una situación de estado de necesidad del ciudadano.

  2. Una suficiencia de las pensiones públicas, tanto en el art 41 CE relativo a la Seguridad Social como en el artículo 50 CE, relativo a las pensiones por vejez

  3. Actualización periódica de las cuantía de las pensiones.

  4. Régimen tributario de nuestro país, lo hace en atención a la capacidad económica y al principio de progresividad impositiva.

  5. Las cotizaciones sociales, al fin y al cabo, tienen un carácter tributario

  6. Cuando se analiza la Seguridad Social hay que hacer abstracción de los criterios del aseguramiento privado.

  7. Debe rechazarse cualquier idea en torno a las llamadas cuentas nocionales individuales ya que estas proponen traer la lógica del aseguramiento privado al sistema público.

  8. Poner en correlación la intensidad de las prestaciones y su percepción con el estado de necesidad.

  9. El mandato constitucional de estado de necesidad y suficiencia de las prestaciones no está referido al brazo no contributivo, sino que está referido a todo el sistema, es decir, tanto a las prestaciones contributivas como a las prestaciones no contributivas.

  10. Tenemos un sistema de gasto de seguridad social relativamente ajustado, ni muchísimo menos- generoso

  11. El problema del sistema de la seguridad social esencialmente se encuentra en el terreno de los ingresos y no en el de los gastos.

  12. Estamos por debajo en el gasto en pensión de jubilación. No debemos ir a un sistema que vaya a disminuir el gasto en pensión de jubilación

  13. Debilidad del empleo que lleva a unas cotizaciones no tan potentes como en el pasado.

  14. Nuestra cotización a la Seguridad Social ahora mismo está en torno al 35%, está un poco en la banda alta comparada con la media europea.

  15. Poner en conexión la prestación con la cotización, en estos momentos, sería de la lógica del aseguramiento privado.

  16. Es absurdo que, en la práctica hoy en día, quien esté pagando con la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social no sea otro que el Fondo de reserva de la Seguridad Social.

  17. Autónomos llamados económicamente dependientes no la afronten ellos al 100%, sino que parcialmente la afronte la empresa cliente.

  18. Incremento de las transferencias a la Seguridad Social por parte de los Presupuestos Generales del Estado.

  19. No es suficiente con que se financien con ello las no contributivas y los complementos a mínimos.

  20. Aportación PGE debe tener esencialmente dos destinos: la revalorización de las pensiones y el complemento por maternidad de las pensiones contributivas.