Ley sobre factor de sostenibilidad

http://www.laboral-social.com/ley-23-2013-factor-sostenibilidad-indice-revalorizacion-pensiones.html -sostenibilidad-indice-revalorizacion-pensiones.html

Análisis de las medidas y repercusiones prácticas se destina el estudio titulado EL NUEVO ÍNDICE DE REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SU IMPACTO EN EL BIENESTAR DE LOS PENSIONISTAS, de D.ª Gloria REDONDO RINCÓN

La aplicación del Factor de Sostenibilidad se traslada al texto de la LGSS, expresamente a su artículo 163.1 (que ha de ponerse en conexión con la disp. trans. 21ª de la misma LGSS), por la disposición final 2ª de la Ley que añade un párrafo en los términos que se indican a continuación:

REDACCIÓN ANTERIOR

REDACCIÓN VIGENTE

Artículo 163. Cuantía de la pensión. 1. La cuantía de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, se determinará aplicando a la base reguladora, calculada conforme a lo dispuesto en el artículo precedente, los porcentajes siguientes: 1.º Por los primeros 15 años cotizados: el 50 por 100. 2.º A partir del año decimosexto, por cada mes adicional de cotización, comprendidos entre los meses 1 y 248, se añadirá el 0,19 por 100, y por los que rebasen el mes 248, se añadirá el 0,18 por 100, sin que el porcentaje aplicable a la base reguladora supere el 100 por 100, salvo en el supuesto a que se refiere el apartado siguiente. (…)

Artículo 163. Cuantía de la pensión. 1. La cuantía de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, se determinará aplicando a la base reguladora, calculada conforme a lo dispuesto en el artículo precedente, los porcentajes siguientes: 1.º Por los primeros 15 años cotizados: el 50 por 100. 2.º A partir del año decimosexto, por cada mes adicional de cotización, comprendidos entre los meses 1 y 248, se añadirá el 0,19 por 100, y por los que rebasen el mes 248, se añadirá el 0,18 por 100, sin que el porcentaje aplicable a la base reguladora supere el 100 por 100, salvo en el supuesto a que se refiere el apartado siguiente. A la cuantía así determinada le será de aplicación el Factor de Sostenibilidad que corresponda en cada momento. (…)

MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES

La reforma contenida en esta Ley no afecta solo a los pensionistas futuros, también lo hace a los actuales. Y es aquí donde se residencian las -apuntadas en la Exposición de Motivos- “medidas adicionales a las previstas en las leyes en vigor”. Se trata dela revalorización de las pensiones que ahora deja de vincularse al IPC, argumentando de nuevo los reseñados problemas de índole demográfica y económica, para pasar a hacerlo a partir del 1 de enero de 2014 a un nuevo índice vinculado, sobre todo, a la evolución de los ingresos y gastos del Sistema, y cuya regulación se contiene en el Capítulo II de la Ley, integrado por un único artículo, el 7, a través del que se da nueva redacción al artículo 48 de la LGSS en los términos que se indican a continuación:

REDACCIÓN ANTERIOR

REDACCIÓN VIGENTE

Artículo 48. Revalorización. 1.1. Las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, serán revalorizadas al comienzo de cada año, en función del correspondiente índice de precios al consumo previsto para dicho año. 1.2. Si el índice de precios al consumo acumulado, correspondiente al período comprendido entre noviembre del ejercicio anterior y noviembre del ejercicio económico a que se refiere la revalorización, fuese superior al índice previsto, y en función del cual se calculó dicha revalorización, se procederá a la correspondiente actualización de acuerdo con lo que establezca la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado. A tales efectos, a los pensionistas cuyas pensiones hubiesen sido objeto de revalorización en el ejercicio anterior, se les abonará la diferencia en un pago único, antes del 1 de abril del ejercicio posterior. 2. El resto de las pensiones reconocidas por el sistema de la Seguridad Social serán revalorizadas periódicamente por el Gobierno, a propuesta del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, teniendo en cuenta, entre otros factores indicativos, la elevación del nivel medio de los salarios, el Indice de Precios al Consumo y la evolución general de la economía, así como las posibilidades económicas del sistema de la Seguridad Social.

Artículo 48. Revalorización. 1. Las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, serán incrementadas al comienzo de cada año en función del índice de revalorización previsto en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. 2. A tal efecto, el índice de revalorización de pensiones se determinará según la siguiente expresión matemática:             Siendo:             IR = Índice de revalorización de pensiones expresado en tanto por uno con cuatro decimales.             t+1= Año para el que se calcula la revalorización.             ḡI,t+1 = Media móvil aritmética centrada en t+1, de once valores de la tasa de variación en tanto por uno de los ingresos del sistema de la Seguridad Social.             ḡp,t+1 = Media móvil aritmética centrada en t+1, de once valores de la tasa de variación en tanto por uno del número de pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social.             ḡs,t+1 = Media móvil aritmética centrada en t+1, de once valores del efecto sustitución expresado en tanto por uno. El efecto sustitución se define como la variación interanual de la pensión media del sistema en un año en ausencia de revalorización en dicho año.             I*t+1 = Media móvil geométrica centrada en t+1 de once valores del importe de los ingresos del sistema de la Seguridad Social.             G*t+1 = Media móvil geométrica centrada en t+1 de once valores del importe de los gastos del sistema de la Seguridad Social.             α = Parámetro que tomará un valor situado entre 0,25 y 0,33. El valor del parámetro se revisará cada cinco años.             En ningún caso el resultado obtenido podrá dar lugar a un incremento anual de las pensiones inferior al 0,25 por ciento ni superior a la variación porcentual del índice de precios de consumo en el periodo anual anterior a diciembre del año t, más 0,50 por ciento.             3. Para el cálculo de la expresión matemática se considerará el total de ingresos y gastos agregados del sistema por operaciones no financieras (capítulos 1 a 7 en gastos y 1 a 7 en ingresos del Presupuesto de la Seguridad Social) sin tener en cuenta los correspondientes al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y al Instituto de Mayores y Servicios Sociales. A los efectos de su utilización en el cálculo del índice de revalorización, y respecto de las cuentas liquidadas, la Intervención General de la Seguridad Social deducirá de los capítulos anteriores aquellas partidas que no tengan carácter periódico.             No obstante, no se incluirán como ingresos y gastos del sistema los siguientes conceptos:             a) De los ingresos, las cotizaciones sociales por cese de actividad de trabajadores autónomos y las transferencias del Estado para la financiación de las prestaciones no contributivas, excepto la financiación de los complementos a mínimos de pensión.             b) De los gastos, las prestaciones por cese de actividad de trabajadores autónomos y las prestaciones no contributivas, salvo los complementos a mínimos de pensión.             4. A efectos de proceder a la estimación de los ingresos y gastos de los años t+1 a t+6, a utilizar en el apartado 2, el Ministerio de Economía y Competitividad facilitará a la Administración de la Seguridad Social las previsiones de las variables macroeconómicas necesarias para la estimación de los mismos.

“Terminaremos jubilándonos a la misma edad pero con una pensión del 40%”

• El Diario Norte /
• Euskadi

“Terminaremos jubilándonos a la misma edad pero con una pensión del 40%”

• José Luis Tortuero asegura que los planteamientos de trabajar hasta los 70 años son de “imposible cumplimiento”.
•  “Para que los jóvenes tengan fe en el sistema de pensiones hay que trabajar sobre el empleo digno”.

Leyre González Grande - San Sebastián

28/10/2013 - 19:12h

José Luis Tortuero, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid, y miembro del Comité de Expertos sobre el Factor de Sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones, imparte la conferencia 'La reforma de la pensión de jubilación' en el Centro Cultural Koldo Mitxelena de San Sebastián.

Pregunta: Según la última reforma, ¿qué es lo que pretende a hacer el Gobierno de España con su sistema público de pensiones?

Respuesta: La crisis, la seguridad social y el sistema de pensiones han convivido con periodos de crisis y de bonanza. El problema es que ahora tenemos el peor de los escenarios. Lo que se consigue con reformas de este calado es romper el compromiso social, romper el pacto de Toledo, crear alarma social y no es el momento idóneo para provocar todo esto. Lo que ocurre es que Bruselas nos ha puesto fecha; le ha dicho al Gobierno que el factor de sostenibilidad tiene que estar listo antes del 31 de diciembre. El impacto fuerte es el que en el proyecto de ley se llama Índice de Revalorización, que produce un impacto de ahorro a partir del día 1 de enero porque mientras estemos en situación de crisis, las pensiones no subirán más de un 0,25%.

Eso no es congelar las pensiones en términos absolutos pero si hacemos cálculos el incremento es tan mínimo que no puede afirmarse que las pensiones se revaloricen. Si esto lo hacemos con efecto permanente, no estamos llevando a cabo medidas de lucha contra la crisis, estamos haciendo otra cosa. Habrá problemas con la población, porque ésta envejece, pero eso lo sabíamos hace 40 años, no lo hemos descubierto hoy y sin embargo no hemos hecho nada nunca. Plantearnos ahora los retos que vamos a tener  que hacer en 2050 en la situación en la que estamos me parece cuanto menos discutible. Si eso lleva implícito romper todos los pactos que nos ha costado tanto trabajo construir, me parece que no es una decisión acertada.

P: Las previsiones aseguran que para 2050, la mayoría de la población estará comprendida entre los 65 y los 85 años. ¿Hay una vía menos contundente que la actual para que el sistema público de pensiones siga siendo viable bajo estas condiciones?

R: Lo que debemos hacer es trabajar sobre el empleo y  sobre la productividad al margen de trabajar sobre la estructura demográfica. Sabemos desde finales de los años 80 que nuestra tasa de natalidad es bajísima, hemos llegado a ser el país del mundo con menor tasa de natalidad, y en cambio no tenemos ni una sola medida que incentive esto. Hemos paralizado todas las políticas de conciliación de la vida laboral y familiar; no tenemos ni una sola medida de incentivación de la permanencia en activo de los mayores de 55 años; no estamos haciendo nada en materia de I+D para que nuestras tasas de productividad mejoren. Hay muchas cosas que hacer que no sean tijera, que es lo fácil.

P: ¿Y es el envejecimiento de la población la causa real del problema? ¿O es la excusa para justificar que el sistema es insostenible?

R: Detrás de lo catastrófico hay una segunda lectura, y en este caso es la privatización. Hay que hablar con claridad y despejar los escenarios. La crisis exige determinado tipo de medidas que son coyunturales y van dirigidas exclusivamente a la crisis. Los problemas demográficos tienen otro planteamiento que además no produce efectos de la noche a la mañana, pero hay que enfrentarse a ellos. Tenemos que ocuparnos de la población activa, si es ésta quien sustenta el sistema de pensiones pero cada vez tenemos menos empleo indefinido, menos salario, más precariedad laboral y menos productividad. Con este panorama, no es que el sistema público no pueda aguantar, es que no podrá hacerlo ni el público, ni el privado, ni ninguno.

Si utilizamos una política muy agresiva que asuste a los ciudadanos, la reacción inmediata es sálvese quien pueda, y eso suele llevar a huir a las privatizaciones o hacer que el sistema cambie a la larga, pero es un error. En los periodos de crisis como el que tenemos, los resultados que han dado las pruebas en los sistemas privados de capitalización han sido nefastos. Yo soy un defensor absoluto del sistema publico.

La experiencia de todos los países latinoamericanos que hicieron grandes reformas obligados por el Fondo Monetario Internacional, se han dado cuenta con el paso de los años, de que la solución los está llevando hacia un sistema más similar al europeo, realmente más parecido al que ellos mismos tenían antes. En Europa no ha habido esas reformas tan agresivas sino pequeñas reformas, sin grandes transformaciones en sus sistemas y por algo será. Lo privado tiene su espacio, pero éste es complementario y no debería tener más.

P: ¿Podrían llegar a buscarse otras fuentes de financiación complementarias para evitar dañar tanto el sistema de pensiones?

R: Sin duda, es imprescindible. Nosotros tenemos una ventaja ahora y es que estamos utilizando nuestro propio ahorro pero en otros periodos de crisis lo que hemos utilizado son los presupuestos del Estado. Otros países han creado cotizaciones solidarias o han usado parte del IVA en periodos necesarios. Evidentemente el principio constitucional de que el Estado debe garantizar el sistema de pensiones sigue vigente, y el Estado por lo tanto, tendrá que aportar desde los fondos públicos para que el sistema se mantenga.

P: ¿Qué esperanza queda para los jóvenes de hoy en día, que apenas pueden acceder al mercado de trabajo de manera digna para empezar a sumar años de cotización?

R: A los jóvenes hay que decirles que tienen todas las garantías porque ese es el elemento esencial del mercado. Hay que trabajar sobre el empleo. Para que los jóvenes tengan fe en el sistema de pensiones hay que trabajar sobre el empleo digno, sobre el empleo indefinido y no fomentar las condiciones precarias de empleo de parcialidad, horarios precarios, salarios pequeños. Si miramos el ejemplo de Alemania y las condiciones del pacto político el salario mínimo son 1.200 euros; podríamos mirarnos en ese espejo y no en el espejo de los contratos de los 400 euros. Si el elemento de garantía del sistema de reparto es la población activa donde más hay que trabajar es en el empleo y no lo estamos haciendo. Si conseguimos un país con una población de élite muy pequeña, una clase media medio destruida y unos niveles de pobreza inmensos, estamos diseñando un país que no queremos nadie.

P: ¿Queda alguna alternativa a la resignación y los planes de pensiones privados? ¿Estamos abocados a trabajar hasta la muerte?

R: Yo creo que no, esas propuestas de trabajar hasta los 70 años son planteamientos engañosos. Si a día de hoy los trabajadores son expulsados del mercado laboral en el entorno de los 57-58 años y tienen que acogerse a pensiones muy reducidas con jubilaciones anticipadas, cabe pensar que en el futuro terminaremos jubilándonos a la misma edad pero con una pensión del 40% menos. No hay nadie que trabaje hasta los 70 años y estas cosas hay que explicárselas a los ciudadanos con claridad. Lo que hacemos si no es engañar. Plantear como ha hecho la patronal, trabajar hasta los 70, es un planteamiento de imposible cumplimiento; ¿eso qué significa?, que las pensiones se van a reducir, pero como no pueden decir que las pensiones se reducen, nos cuentan que vamos a trabajar hasta los 70, pero no; hay que hablar con claridad.

P: Las pensiones afectan a un sector desprotegido de la sociedad, ¿de qué manera debería afectar en cualquier toma de decisión el debate ciudadano?

R: Eso es lo único que nos queda. Charlas como la celebrada en el Koldo Mitxelena, en las que los profesores Landa y Terradillos han asumido la preocupación sobre las pensiones y en lugar de celebrar un acto cerrado en la universidad para un sector intelectual e investigador, han traído el debate al centro de la ciudad para que hablemos para todos los ciudadanos durante dos horas. El esfuerzo es loable. La universidad no se ha centrado en un entorno cerrado de intelectuales sino que ha abierto el debate al publico para que la ciudadanía sea la que a través de los medios que tiene, se pronuncie acerca de lo que quiere. 

falacias del llamado comité de "expertos"

Los errores y falacias del llamado comité de expertos sobre las pensiones públicas

Vicenç Navarro
Es también profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EEUU) donde ha impartido docencia durante 35 años. Dirige el Programa en Políticas Públicas y Socialespatrocinado conjuntamente por la Universidad Pompeu Fabra y The Johns Hopkins University. Dirige también el Observatorio Social de España.
Es uno de los investigadores españoles más citados en la literatura científica internacional en ciencias sociales

Vicenç Navarro ha sido Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona. Actualmente es Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España).

Informe del Comité de Expertos

Informe del Comité de Expertos del sistema público de pensiones sobre el factor de sostenibilidad

Votos particulares de Miguel Ángel García, Santos Miguel Ruesga y José Luis Tortuero

SOSTENIBILIDAD Y REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES

 

SOSTENIBILIDAD Y REFORMA

DEL SISTEMA DE PENSIONES

 Adolfo Jiménez Fernández, secretario general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social –OISS, y ex secretario de Estado de la Seguridad Social

 

 

 

 

Adolfo Jiménez Fernández comenzó recordando que "en los 80 ya se decía que en los 90 no habría pensiones. Las razones eran muy similares y la tentación era la misma: llevarnos a un sistema que diera participación en la gestión al sector privado”. En su intervención manifestó reiteradamente su desconcierto ante la prisa que parece impulsar el debate, ya que “recientemente se han aplicado importantes reformas como la ley 27/2011 y el RDL 5/2013 que ya modifican sustancialmente los parámetros que afectan a la economía del sistema público de pensiones”. 

 

https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.pv.ccoo.es%2Fcomunes%2Frecursos%2F16%2F1655366-Ponencia_de_Adolfo_Jimenez_Fernandez_Sostenibilidad_y_reformas_del_sistema_de_pensiones.pdf

PRESENTACIÓN JORNADA "factor de sostenibilidad"

PRESENTACIÓN JORNADA 27 DE MAYO DE 2013

Buenos días a todas las personas asistentes, querría agradeceros vuestra presencia en este acto en nombre de la Escola Sindical Ramón Paredes y de la Confederaciò Sindical de Comissions Obreres del País Valencià:

No recuerdo bien si a finales de 1993 o principios del 94, la CEC de la CS de CCOO, dirigida por Antonio Gutiérrez, encarga una comisión de trabajo a la Secretaría de RRII (José Mª Fidalgo) para elaborar un borrador de propuesta de CCOO sobre nuestro Sistema Público de Seguridad Social.  Este grupo de trabajo estaría compuesto en su comienzo por Fidalgo, que lo coordinaría,  Julián Ariza, Joan Coscubiela, Miguel Ángel García, Francisco de Llobet, Ángel Martín y Miguel V. Segarra.

En 1993 el contexto era el siguiente:

1.    Las recomendaciones del Banco mundial  que apuestan por un sistema mixto y resultaron muy influyentes en las reformas de 1987. Otro antecedente es el llamado "libro blanco de Delors", publicado en 1993.

2.    El gobierno del PSOE se encontraba en una situación de debilidad política acrecentada por la crisis, en menos de un año gobernaría el Partido Popular.

3.    El descenso de las aportaciones y el incremento de los gastos del sistema ponían en duda la estabilidad del sistema, aunque opiniones, como la de CCOO, cuestionaban  su certeza.

4.    En el caso de las pensiones se estaba trasmitiendo a la opinión pública unas interesadas ideas, cabe mencionar las siguientes (recuerdo que hablamos del año 1993):

a.     El sistema contributivo tiene un desarrollo limitado -mientras sea de reparto, y no de capitalización- por el desequilibrio futuro entre activos y pasivos y por la imposibilidad de incrementar las cotizaciones sin penalizar el empleo y la competitividad empresarial.

b.    Para preservar el sistema contributivo habrá que modularlo con objeto de (hacerlo más contributivo (menos de reparto y más de capitalización): ampliar los años de cotización necesarios para acceder a la pensión y calcular la base reguladora sobre toda la vida laboral.

c.    Como esto provocaría "carencias del sistema" habrá que mantener una red de  pensiones asistenciales, pero no elevar mucho su cuantía para que no se  solapen con las mínimas contributivas y se desincentive el trabajar cotizando

d.    Conveniencia de estimular sistemas complementarios -no solo los fondos de pensiones, sino el ahorro individual en torno a cuyo señuelo habría grandes beneficio para las entidades financieras-. Llevando al extremo esto, algunos proponen establecer un sistema de cotización y pensión única, para lo que se necesitaba disminuir las cotizaciones de los salarios más altos.

e.    En el futuro podrían convivir un sistema  contributivo, de reparto, pero con abanicos mas cerrados de cotización y prestación, con sistemas de capitalización privados y de variedades múltiples y un sistema universal de prestaciones mínimas asistenciales.

f.      Se discute la gratuidad de determinadas prestaciones para pensionistas, que podrían, desaparecer o modularse ligándose al nivel de la renta.

g.    Revisión de las pensiones de invalidez.

h.    Se revisará la edad de  65 años para la jubilación, pudiéndose relacionar ese retraso en la misma con la flexibilidad laboral.

i.      Se abrirá la discusión sobre tasas por el uso de determinados servicios, en ese momento gratuitos, vinculándolos a la renta

¿Estamos en el túnel del tiempo? ¿Verdad que nos suena ese discurso de hace mas de 20 años?

Meses después el Pacto de Toledo se concretó por la aprobación en el pleno del Congreso de los Diputados, el 6 de abril de 1995, de un documento aprobado por la Comisión de Presupuestos, referente al "Análisis de los problemas estructurales del Sistema de Seguridad Social y de las principales reformas que deberán acometerse".

Desde que Mariano Rajoy, juró, en la mañana del 21 de diciembre de 2011 (hace hoy 402 días), se  han aprobado 15 normas con rango de Ley que afectan a nuestro Sistema Público de Seguridad Social (4 ordinarias y 11 Reales Decretos Leyes). Lo que manifiesta la nula practica del consenso en estos temas.

La última amenaza a nuestro Sistema Público de Seguridad Social es el desarrollo del informe de los expertos del  factor de sostenibilidad. Parece que en la reunión de hoy se decantarán por:

1.    Su aplicación inmediata en 2014

2.    Una doble vía de ajuste:

·       Una, afectaría a los pensionistas actuales y a los futuros, vinculando la revalorización anual a la evolución de los ingresos y los gastos. Acabando con el IPC del año anterior.

·       Otra, para los futuros pensionistas, ligando el cálculo de sus pensiones a la esperanza de vida.

3.    Otra alternativa abre la puerta a otros dos escenarios:

·       Su implantación progresiva entre 2014 y 2019

·       Aplicación en 2019. Pero: “El Comité se pronuncia a favor de una aplicación temprana”, …/… “conviene aplicarlo lo más pronto posible”.

Con este documento los expertos se sitúan en línea con las exigencias de la Troika, donde exigen que el factor de sostenibilidad entre en vigor antes de 2032 y creen que la reforma ACORDADA con CCOO y UGT en 2011, aunque bien orientada, es insuficiente.

El objetivo del factor de sostenibilidad, es “el equilibrio presupuestario del sistema”. Para lograrlo, propone

1.    Acabar con la revalorización de pensiones con el IPC. La actualización anual se vinculará a los ingresos y gastos del sistema

2.    El otro mecanismo de contención de gasto, aunque a más largo plazo, es el que apuesta por vincular la pensión con la esperanza de vida al jubilarse.

Este doble ajuste se traducirá en una reducción de pensiones,  para un pensionista actual que esté cobrando 1.000 hoy cobraría, una vez se descuenta el IPC, entre 939 y 949 euros, en 2020. Los jubilados futuros, se mantendrían entre los 998 y los 1.008 euros.

Los expertos apenas hablan de cómo aumentar los ingresos, pero rechazan que de la aplicación del factor de sostenibilidad resulte un aumento automático de cotizaciones. “Las empresas se verían dificultadas por una incertidumbre añadida”.

Con este panorama hoy tenemos la oportunidad de contar con

actualizaciones

ç Se han actualizado las secciones del Blog

·        Jubilación anticipada

·        Incapacidad Temporal (se ha incorporado modelo de reclamación previa en caso de alta medica irregular)

Están actualizándose:

·        Incapacidad Parcial

·        Infracciones a la Seguridad Social

LA SEGURIDAD SOCIAL: CONQUISTA DEMOCRÁTICA

NUESTRA SEGURIDAD SOCIAL UNA CONQUISTA DEMOCRÁTICA

La Seguridad Social debería aspirar a cubrir las situaciones de necesidad de la ciudadanía mediante el diseño de un esqueleto de normas legales y reglamentarias de protección y la definición legal de las situaciones que a discreción de quienes legislan en cada momento, son merecedoras de protección social. Justamente el Derecho de la Seguridad Social es el conjunto de normas, técnicas y procedimientos que tienen por objeto la definición de las necesidades sociales sobre las que va a intervenir el Estado y el establecimiento de los mecanismos de cobertura de las mismas, concretando previamente el grado que esa intervención debe alcanzar.

No puede hablarse de Seguridad Social en sentido exacto hasta el siglo XX. Con anterioridad, las metodologías de cobertura de las necesidades habían adoptado formas diversas, aunque no alcanzaba ninguna, con rigurosidad, una función del Estado en términos similares a las actuales. En el pasado la cobertura de las señaladas situaciones de necesidad se acometía mediante dos métodos:

1ª.   Las técnicas asistenciales: asistencia familiar, la asistencia privada y la beneficencia pública

2ª.   Las técnicas de previsión: ahorro individual, seguro privado y a las mutualidades y montepíos.

Aunque, lógicamente, estas técnicas de protección mantienen hoy su vigencia, su alcance y relevancia ha quedado patentemente rebajado con la consolidación de los Sistemas Públicos de Seguridad Social.

La raíz de nuestro Sistema de Seguridad Social se encuentra en la responsabilidad por daño en que se cimentaban las indemnizaciones y prestaciones contenidas en la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900, en caso de incapacidad y de fallecimiento. Por ello, en ese primer momento, sólo los daños producidos por un accidente laboral generaban derecho a recibir una ayuda económica.

El mecanismo de protección que diseñaba esa Ley era un seguro de responsabilidad, al limitarse el legislador a imponer al empresario la obligación de indemnizar en los casos en los que se producía el fallecimiento o la incapacidad del trabajador, dejando exclusivamente en manos del empleador la decisión de asegurar ese riesgo, o hacerle frente con los recursos económicos de los que dispusiese en el momento del accidente. Esta fórmula de cobertura no suponía la creación de un seguro obligatorio que cubriese el riesgo, sino la mera exigencia de responsabilidad al empresario por la generación de un daño, en aplicación de básicas reglas de responsabilidad civil.

Este tipo de protección cubría sólo las contingencias directamente relacionadas con el trabajo por cuenta ajena, porque sólo respecto a ellas se entendía que el empresario asumía un riesgo que derivaba en un daño indemnizable. Hoy la responsabilidad empresarial por daño derivado de accidente de trabajo o de enfermedad profesional puede apreciarse en figuras como el recargo de prestaciones en caso de incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, o la indemnización civil que puede reconocerse en estos casos al trabajador o a su familia.

En la aspiración de las personas a conseguir un mundo que ofrezca condiciones de vida que permitan desarrollar sus potenciales como tales y alcanzar la dignidad que a todos nos corresponde, tenemos que reconocer que en ya en el siglo XXI las cosas no son tan simples y claras como podían parecer en tiempos pasados recientes, cuando nuestros itinerarios de vida se trazaban de acuerdo, si no de certezas absolutas, al menos con previsiones prudentes. Pero no es menos cierto que el siglo XX ha dejado la buena herencia, al menos en lo que hasta hoy era  Europa, de poner en marcha un modelo social europeo que hoy esta siendo cuestionado por el poder de las grandes corporaciones económica. Resulta que el pasado en realidad no es tan antiguo, ya que  solo en la segunda mitad del siglo XX una parte importante de la ciudadanía europea ha podido hacer previsiones razonables ligadas al un trabajo estable y con derechos que permitía disponer de medios para una vida sin caer en la pobreza, ha podido disfrutar de garantías de ingresos cuando por algún motivo (vejez, invalidez o desempleo) el empleo escaseaba, y de atención sanitaria digna frente en los casos enfermedad o accidente. Lo que quiere decir que se enfocaron soluciones a viejos problemas de pobreza de las personas poniendo coto a la, en aquel tiempo, arriesgada existencia de la mayoría de las personas: se les facilitó seguridad para una existencia más digna.

Esta forma de entender la democracia implica que las personas abandonan la zona de la inseguridad gracias a que se les reconocen derechos que les permiten ocupar un puesto como miembros de pleno derecho de la sociedad, es decir, como ciudadanos.

Los mecanismos de representación de las democracias europeas son, de forma asombrosa, bastante deficientes. El reconocimiento de derechos, especialmente de los sociales, que comienza a hacerse a partir del Canciller Weimar, empezó a permitir entrar en la esfera de la ciudadanía a los excluidos, mejorando de ese modo la calidad de la vida democrática. Los derechos, especialmente los derechos sociales, son la cara positiva de la moneda en las deficiencias de los mecanismos de representación propios de las democracias clásicas, que, todavía hoy, en gran medida dejan sentir su peso hasta en los mejores sistemas.

El reconocimiento de derechos sociales fue fruto de la movilización social y política de la clase trabajadora, pero se hizo asumiendo esas demandas, por el conjunto de la sociedad. El hecho de que la ciudadanía en una sociedad cada vez mas compleja, en la que se encuentran inevitablemente interconectados e interdependientes como lo nunca lo habían estado, han perdido el control sobre la estructura y medios de su propia existencia y, por tanto, la necesidad de utilizar bienes y servicios sobre los que carecen de poder de ordenación y disposición directa, produce la pobreza, penuria y  precariedad social, es decir, la inestabilidad en sus vidas. Y esto le puede ocurrir a la mayoría de la población, no solo a cierta clase, la  tradicionalmente empobrecida y excluida.

Los derechos sociales que se reconocen en las constituciones ulteriores a la segunda guerra mundial afectan tanto al ámbito privado, como el derecho de los trabajadores y trabajadoras a no ser despedidos sin causa justa, y en general los derechos reconocidos en la relación de trabajo por cuenta ajena, como al ámbito público, como son los derechos a prestaciones sociales ante los estados de necesidad. El modo como se han reconocido derechos subjetivos a prestaciones (económicas o en especie) que el Estado debe garantizar, supone una profunda transformación del Estado mismo que le exige poner en pié un organismo que cree un campo jurídico en el que se integre la ciudadanía y en el que se establezcan obligaciones y derechos, una institución u organismo que necesita disponer de monumentales recursos económicos para hacer frente a los estados de necesidad de la ciudadanía. Significa, ni más ni menos, la opción a favor de la Seguridad Social Pública.  

La Seguridad Social se convierte en un instrumento esencial para la garantía de las condiciones de existencia de las personas, y por ello en el núcleo o corazón del Estado Social y Democrático de Derecho porque no es otra cosa que la seguridad de las personas, organizada por el estado, contra los riesgos a que están expuestas dichas personas, aún cuando la sociedad se organice de la mejor forma posible.

La Seguridad Social es un plan especifico y preciso a disposición de todo gobierno que previamente adopte la decisión política de abolir la pobreza, cuya puesta en práctica puede exigir, según los casos, medidas técnicas más o menos complejas, pero eso es meramente un problema administrativo y de ejecución. Lo importante es la opción por la Seguridad Social que en la mayoría de los estados europeos ya está hecha por sus constituciones y por tanto queda limitada la libertad del legislativo en este punto, que no puede sino mantener el Sistema de Seguridad Social protegido así por una garantía constitucional. Esa fuerte protección de las constituciones, está justificada porque, como ya se ha dicho, es el núcleo del Estado Social. Se asume, porque una dura experiencia histórica ha impuesto, que no puede haber libertad allí donde la ciudadanía se encuentran en estado de necesidad.

La situación ahora no es la misma que la de los años sesenta o setenta del pasado siglo, por eso se hablaba del “pasado”. Fueron los años dorados para algunos países europeos, pero no lo fueron para la mayoría de los hispanoamericanos o para España que estaban sumidos en terroríficas dictaduras militares. Hoy las cosas han cambiado pero estamos viendo cómo la pobreza y la miseria se ha hecho más intensas en continentes en los que el bienestar nunca se había generalizado. Al mismo tiempo en los países más desarrollados las nuevas tecnologías han reducido la cantidad de trabajo necesaria al proceso productivo. La flexibilidad (entendida como mayor disponibilidad del empleador en el uso de la fuerza de trabajo, incluida una mayor facilidad para el despido) que comporta precariedad significa, ni más ni menos, que el Estado y la economía traspasan los riesgos a las personas, lo que es ir en la dirección contraria a poner al amparo de las consecuencias de los riesgos sociales a toda la ciudadanía.

Los recortes en los derechos a prestaciones que se pretenden justificar por una crisis financiera de los Sistemas de Seguridad Social contribuyen a generalizar entre la población un estado de ánimo de que el futuro está marcado por la inseguridad con una vuelta a una existencia expuesta, a pesar de que la experiencia ha probado que esto puede ser evitado. Es más que probable que este retroceso sea una respuesta de la derecha social y política al debilitamiento de la norma laboral producida por el pleno empleo pero eso implica que el capitalismo de los propietarios, que no tiene otro objetivo que los beneficios y produce un divorcio entre trabajadores, Estado  y democracia, está renegando de su propia legitimidad. La utopía neoliberal es una forma de analfabetismo democrático.

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Expertos del llamado factor de sostenibilidad de las pensiones

Ver intervención de IU en Congreso sobre acuerdo PP/PSOE y otros grupos

"Gaspar Llamazares, ha recordado que se ha creado una comisión de expertos, ha considerado que el Gobierno "tiene claro ya lo que quiere hacer respeto al factor de sostenibilidad", toda vez que si lo quieren discutir ahora significa que "van a adelantar" este factor "mucho".

"Con un pie forzado añadido, es que han dicho que quieren aprobarlo antes del verano, o sea que quieren poner la cabeza de las pensiones en la bandeja de la señora Merkel antes del verano", ha aseverado.

Así ha valorado que esta medida va a incidir de manera "muy negativa" en el sistema de pensiones español, ya que cuando le "ponen un nombre bonito, es que viene mal". En este punto ha recordado que en la reforma anterior se introdujo el concepto de envejecimiento activo cuando era el "empobrecimiento de la vejez".

¿Quiénes debatirán la futura sostenibilidad de las pensiones?

Son 12, expertos y con distintas sensibilidades ideológicas. Entre ellos debatirán y acordarán el alcance del llamado factor de sostenibilidad de las pensiones, un mecanismo de revisión automática de las pensiones en función de determinados parámetros. El Gobierno anunció la composición de este grupo de trabajo el pasado viernes, tras el Consejo de Ministros. Sus conclusiones se tramitarán como proyecto de ley en el Parlamento.

Víctor Pérez-Díaz:

Es el presidente de la Comisión. Doctor en Sociología y en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, donde ha sido catedrático de Sociología. También es doctor en Sociología por la Universidad de Harvard. Miembro de la American Academy of Arts and Sciences, y de la Academia Europaea. Es el presidente de Analistas Socio-Políticos, Gabinete de Estudios, un centro de investigación de ciencias socialesde febrero de 2013

Manuel Lagares Calvo:

Es doctor en Ciencias económicas e inspector de Hacienda en excedencia de la Universidad de Alcalá de Henares. Fue subsecretario de Economía en 1977, donde dirigió el grupo de trabajo que redactó el Programa de Saneamiento y Reforma que sirvió de base a los Pactos de la Moncloa. Ha sido consejero en diversos organismos y presidió la Comisión para la Reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para los años 1998 y 2002.

José María Marín Vigueras:

Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad. Ha sido presidente de la Asociación Española de Finanzas (AEFIN) y director del Centro de Investigación en Economía Financiera (CREF). Cuenta con un amplio historial investigador materializado en la publicación del libro Economía Financiera y en artículos científicos publicados en revistas de reconocido prestigio internacional, y entre sus áreas de investigación se encuentran los sistemas de pensiones.

Santos Ruesga Benito:

Es catedrático de Economía Aplicada. Formó parte del grupo de expertos para elaborar un informe sobre la creación del Fondo de Capitalización por mandato de la ley de reforma laboral de 2010. Es estudioso de asuntos de Seguridad Social y ha sido galardonado en los premios Fipross de investigación que concede la secretaría de Estado de la Seguridad Social.

Miguel Ángel Vázquez Burgos:

Es periodista. Actualmente es responsable ejecutivo de Análisis y Estudios de UNESPA, organización empresarial del seguro en España, de la que fue anteriormente responsable de comunicación.

José Ignacio Conde Ruiz:

Es profesor de Análisis Económico por la Universidad Carlos III de Madrid, y doctor en Economía. Ha dirigido el Departamento de Política Económica de la Presidencia del Gobierno entre 2008 y 2010. Tiene diversas publicaciones, libros, trabajos y conferencias sobre economía, y es investigador senior en la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), donde dirige el programa de Economía e Inmigración.

Rafael Doménech Vilariño:

Es catedrático de Fundamentos de Análisis Económicos en la Universidad de Valencia. Fue director general de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno en 2007 y 2008. Ha publicado numerosos estudios en el campo de la economía. Actualmente es economista jefe de Economías Desarrrolladas de BBVA Research. En 2011 fue codirector del Seminario de Seguridad Social que organiza la secretaría de Estado de la Seguridad Social en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo.

José Enrique Devesa Carpio:

Es profesor titular del Departamento de Economía Financiera de la Universidad de Valencia, donde también se licenció y doctoró. Ha trabajado en temas relacionados con pensiones desde hace más de 15 años, impartiendo varias conferencias sobre el tema. Tiene publicados más de 30 artículos en Revistas nacionales y extranjeras. Obtuvo uno de los primeros premios FIPROSS que concede la Seguridad Social a los trabajos de investigación más relevantes sobre su ámbito.

Mercedes Ayuso:

Es catedrática del Departamento de Econometría, Estadística y Economía Española de la Universidad de Barcelona. Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, es autora de numerosos artículos y libros.

Miguel Ángel García Díez:

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, y profesor colaborador de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Forma parte del Gabinete Económico Confederal de Comisiones Obreras desde 1988, y ha participado en los procesos de negociación con distintos gobiernos relacionados con la definición y seguimiento de políticas públicas, en especial las referidas a la Seguridad Social y el Pacto de Toledo.

José Luis Tortuero Plaza:

Es catedrático del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad Complutense de Madrid. Experto en Seguridad Social, ha publicado numerosos análisis y libros sobre el tema. Ha obtenido premios FIPROSS que concede la Seguridad Social a los trabajos de investigación en la materia, y ha participado con frecuencia en los cursos de verano sobre Seguridad Social en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo.

Francisco Castellano Real:

Es catedrático de Hacienda Pública de la UNED. Fue jefe de la asesoría fiscal de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA). Es autor de varios ensayos sobre fiscalidad y hacienda pública.