domingo, 23 de junio de 2013

EL VOTO EN CONTRA DE SANTOS RUESGA

EL VOTO EN CONTRA EN LA COMISIÓN DE SABIOS DE SANTOS RUESGA

EXPLICACIÓN DE VOTO DE SANTOS MIGUEL RUESGA RESPECTO INFORME DE LA COMISION DEEXPERTOS SOBRE EL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES APROBADO POR MAYORÍA DEL MISMO


Quiero expresar mi desacuerdo total con el Informe emitido por el Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad, creado por el Gobierno Español, según lo establecido en la disposición adicional novena del RDL 5/2013 de 15 de marzo, con apoyo de la mayoría de dicho Comité. En las páginas que siguen trato de explicar mi desacuerdo con el contenido del citado Informe final, en cuanto al diagnostico subyacente en el que el mismo se apoya y sus propuestas concretas, con algunas reflexiones colaterales sobre el método de trabajo al que nos hemos visto abocados por las evidentes y manifiestas prisas que el Gobierno ha introducido en el tema, lo que a mi entender ha cercenado la posibilidad de debatir y de testar con mayor precisión y con la tranquilidad necesarias tanto las propuestas contenidas en el citado Informe como otras posibles alternativas.

CONSIDERACIONES GENERALES


1. El sistema publico de pensiones español se rige como un sistema de reparto, con
transferencias de renta tanto intra como intergeneracionales, que viene funcionando desde hace unas décadas con un razonable éxito en cuanto a alcanzar un cierto grado de estabilidad presupuestaría en una perspectiva de largo alcance y ofrecer pensiones suficientes a los pensionistas. Juega y ha jugado un papel relevante tanto en la cohesión social del país como en la cohesión territorial, cuestiones ambas nada desdeñables cuando hablamos de reformar el sistema.

2. La gestión de este sistema se ha llevado a cabo desde hace 2 décadas sobre la base de un consenso amplío entre las fuerzas políticas, materializado en el denominado Pacto de Toledo, y social, que en su última expresión dio lugar hace un par de años al II acuerdo Socio Económico (ASE) que entre sus contenidos incluía una propuesta de reforma del sistema público de pensiones que dio lugar a la Ley
27/2011 “sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social”. Ley que comienza a surtir efectos a partir de enero de este año, 2013. Parece pues que el mecanismos del consenso ha dado resultados hasta la fecha y no hay razones para dudar de que las pueda seguir dando en el futuro.

3. La valoración/diagnóstico que de forma implícita se hace del sistema de reparto,
recurrente en una critica general a este sistema que prolifera en los últimos años,
se centra básicamente en la inviabilidad financiera del sistema español, tal como
está diseñado, pero se cuestionan otros de diferentes países europeos, de características similares al nuestro, con matices. Pareciera como si ahora solo tiene
“gravísimos problemas de sostenibilidad” el modelo español de reparto.

4. A este respecto es importante valorar el contexto económico en el que nos
movemos, en el que a causa de la política económica de austeridad que se viene
desarrollando desde mayo de 2010, se está produciendo una intensa devaluación
salarial que afecta al flujo actual de ingresos al sistema de la Seguridad Social. Así
se nos introduce en una especie de circulo vicioso en el que, se dice, hay que bajar
el valor de las pensiones, incluso nominal, porque los salarios bajan. Ello nos
llevaría a una debate que transcendiendo a la cuestión concreta de la
sostenibilidad del sistema público de pensiones nos introduciría en otros
derroteros, en la esencia de la política económica, lo que no está aquí en discusión,
aunque sin duda afecta de manera directa al debate subyacente.

5. En esta perspectiva, y tal como la Ley 27/2011 deja entrever, la definición de un
factor de sostenibilidad consistiría en la culminación de un proceso de reformas
paramétricas, como las que inicia la propia Ley, de modo que a la vista de sus
resultados podríamos establecer un diagnóstico mucho más preciso y acotado en
el tiempo sobre los problemas efectivos de sostenibilidad presupuestaria del
sistema de público de pensiones. Así es como se ha procedido en buena parte de
los países de nuestro entorno. Y es que, en definitiva, a mi entender, previo a
cualquier hipótesis sobre factores de sostenibilidad, requeríamos de un acuerdo
previo sobre el modelo de sistema público de pensiones a alcanzar en el futuro, sus
proceso de adaptación o cambio y todo ello en un horizonte con razonable
consenso social; sobre la base de ese diseño, que en buena medida está implícito
en la Ley 27/2011, hubiera resultado mucho más sencillo encajar algunas piezas
específicas, como es un factor de sostenibilidad.

6. En esta línea sí que parece que nos hemos puesto de acuerdo para que, al menos
por el momento, no entre en discusión la posibilidad de iniciar un proceso de
transformación radical del modelo hacia un sistema de cuentas nocionales o de
apertura hacia fondos de capitalización. Creo que todos hemos sido conscientes,
incluso aquellos colegas del Comité que defienden ese camino, de las dificultades
no sólo políticas sino también financieras, que entrañaría un tránsito inmediato
hacia fórmulas de capitalización de las aportaciones, que ya de antemano indico
que no comparto. Entre otras cosas, en el caso español, los costes del tránsito
hacia ese tipo de modelos serían muy importantes, redundando muy
negativamente sobre la suficiencia las pensiones otorgadas por el sistema publico
de pensiones acogido a esas fórmulas.

7. Debiéramos poner, a mi juicio, al lado de las posibles críticas al sistema de reparto
considerar sus fortalezas, mostradas a lo largo de varías décadas, más aún en los
países europeos más desarrollados y que antes lo implantaron. Tenemos un
sistema de pensiones que ha mostrado una elevada eficiencia en su
funcionamiento y capaz de absorber paulatinamente reformas, en la mayor parte
de los casos muy sencillas de implementación, en la medida que se ha ido
evidenciando su necesidad.

8. En el momento actual disponemos aún de un importante colchón financiero, el
Fondo de Reserva que, a pesar del fuerte incremento que ha experimentado el
déficit de la SS en 2012, puede permitir mantener el equilibrio presupuestario
durante al menos, otros cinco años, incluso en condiciones económicas muy
adversas.

9. Las prisas con las que se ha puesto en marcha este Comité y el escaso periodo de
tiempo habilitado para su trabajo (se constituyó el 21 de abril de 2013 y la fecha e
finalización ha sido el 7 de junio/2013), han supuesto, a mi entender, que su
actividad hayan estado muy sesgada en torno a la discusión de la única propuesta
más o menos articulada que apareció sobre la mesa, y que, además, no se haya
podido contar con simulaciones oficiales y otras posibles sobre los efectos de las
propuestas concretas en diversos planos (pensiones medias, máximas, mínimas,
distribución de la carga, simulaciones con diferentes parámetros alternativos, etc.)
que serían lo mínimo requerido para alcanzar alguna conclusión clara sobre los
efectos directos y colaterales, erales, de la aplicación de los diferentes factores de
sostenibilidad. Hay muchas preguntas aún con respuesta pendiente sobre como
interactúa la aplicación de los posibles factores de sostenibilidad propuestos en el
Informe con el periodo transitorio de aplicación de reformas paramétricas que
abre la Ley 27/2011, con el principio de contributividad, o incluso con los derechos
adquiridos por los pensionistas actuales o futuros. Tengo la impresión y la
sensación, sin ánimo de crítica hacia la labor del Comité y con todo mis respeto a
sus miembros, de haber estado teledirigido hacia un resultado final acorde con las
expectativas del Gobierno que le nombró.

10. Llegados a este punto. ¿Hay razones para abrir de forma acelerada un nuevo
proyecto de reforma del sistema público de pensiones cuando aún estamos en los
primeros meses de vigencia de la reforma recién puesta en marcha?

11. Sin duda, que el sistema de pensiones tiene problemas, como los ha tenido en el
pasado, e incluso podríamos pensar que más intensos que en el pasado,
particularmente en lo que se refiere a la influencia de las perspectivas
demográficas que sobre él gravitan. Se está produciendo una cierta aceleración del
envejecimiento de la población española, que se irá reflejando en la entrada en la
jubilación de las últimas cohortes del baby boom de los años setenta en los
próximos lustros. Ello sin duda afectará a uno de los parámetros básicos del
sistema, la relación entre cotizantes y pensionistas, que tiende a bajar.
Simultáneamente, estamos experimentando un ascenso continuo de la esperanza
de vida, que supone un alargamiento del periodo de cobro de las pensiones para
cada pensionista, lo cual incrementa también la nómina global del gasto en
pensiones. Pero, conviene no perder de vista que la evolución de los cotizantes no
está solo definida por la dinámica de la tasa de natalidad, sino que,
particularmente, en un caso como el español, la marcha de la economía condiciona
notablemente el discurrir de la cifra de activos, base del volumen de cotizantes. El
ciclo anterior nos mostró que esta base puede crecer de forma acelerada por un
rápido incremento de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, cuestión
que aún sigue viva y que se puede acelerar ante la reactivación del ciclo económico
y, de igual modo, con un intenso proceso migratorio, qué hipotéticamente también
podría volver a cifras positivas, también ante un cambio de la coyuntura
económica. Todo ello está en el horizonte y conviene ser cautos a la hora de
considerar las predicciones demográficas actuales o futuras, a la luz de la
experiencia pasada; recuérdese que las predicciones apuntadas por algunos
análisis de expertos en los años noventa sobre el colapso inminente del sistema
público de pensiones fracasaron estrepitosamente a partir de errores manifiestos
en las predicciones demográficas sobre las que se apoyaban.
Pero, no obstante, ello tampoco nos ha de llevar a esconder la cabeza bajo el ala
ante los problemas que, con mayor o menor celeridad, se avecinan. Aunque, lo
apuntado en párrafos anteriores me lleva a considerar que hay un exceso de
alarmismo en torno a la evolución financiera del sistema que no es debido solo a la
coyuntura recesiva que estamos padeciendo sino que hay intereses espurios por
medio, que buscan crear una negativa visión del futuro que predispongan a la
población a aceptar cualquier reforma que haga pivotar el equilibrio financiero del
sistema, principalmente, en la cuantía de la pensión media.
Así pues convendría separar de modo tajante y claro lo que son efectos
coyunturales o cíclicos de lo que implican las tendencias demográficas y, en su
caso, económicas, en el largo plazo. En este sentido, convendría desvincular la
definición del factor de sostenibilidad de las urgencias por cumplir los
compromisos pactados como contrapartida al rescate financiero en el que nuestro
país está inmerso. Y en esta perspectiva me permito recalcar el interés de mantener el modelo de reparto que hasta la fecha y durante largas décadas ha funcionado sin grandes problemas; son las interferencias externas al modelo las que afectan a su
funcionamiento (demografía, especialmente) y los que –sus efectos, en todo caso-,
conviene corregir.

Con estos elementos creo que los modelos de capitalización (individual o colectiva)
no tienen cabida en el sistema público de pensiones español.
Frente a ello habría que recordar que, en primera instancia, la reforma que está en
desarrollo introduce correcciones importantes sobre los efectos del aumento de la
esperanza de vida. Correcciones que, según el texto de la propia ley se proyectarán
más allá del periodo de implantación de la misma, que finalizaría en el año 2027, al
introducir un factor de sostenibilidad que tuviera en cuenta la evolución de la
esperanza de vida, a partir de dicha fecha.

12. No estamos hablando de equilibrio actuarial, que en el contexto del sistema
español de reparto de prestación definida, que a mi entender ha de continuar, no
tiene sentido. Tiene sentido, en todo caso, hablar del objetivo de equilibrio
presupuestario, lo que implica hablar de gastos, pero también de ingresos del
sistema.

13. Habría que considerar también, en una perspectiva de sostenibilidad
presupuestaria del sistema de pensiones a futuro, dos cuestiones más. La dinámica
de crecimiento de las pensiones medias actuales y el cálculo y dinámica de
crecimiento de las que vayan entrando en los próximos años.

a. En el primer caso, se están frenando, por un lado como efecto de la
paulatina reducción de la senda inflacionista en nuestro país y, en el corto
plazo, por los ajustes en la revalorización de las mismas que se están
llevando a cabo.

b. Y respecto a lo segundo, la reforma en curso contiene instrumentos que
reducirán la cuantía media de las nuevas pensiones (alargamiento de años
de cotización para llegar al porcentaje máximo y del periodo de cálculo de
la base reguladora, así como el tratamiento a los periodos sin cotización o
la actualización de valor de los años cotizados a efectos del calculo de la
pensión) con respecto al sistema de calculo previo, acortando también el
periodo global de cobro al retrasar la edad de jubilación.

14. Las estimaciones del Gobierno español y de la Comisión Europea hablan de una
reducción del gasto en pensiones, con respecto al PIB de tres puntos porcentuales
como resultado de la aplicación de esta reforma. Con ello el gasto del sistema
público español de pensiones se situaría, según las estimaciones citadas, a la altura
del año 2060 (“largo me lo fiais, amigo Sancho”) en un porcentaje algo superior al
13 por ciento del PIB; cifra que ronda la media europea estimada para esas fechas.
Considerando que en este momento el gasto público medio europeo (así como
específicamente el gasto social) estimado en cifras de PIB está en cifras muy por
encima de la media española, bajo una perspectiva de homologación europea, hay
un margen importante también por el lado de los ingresos para enfrentarnos los
retos futuros en un contexto equilibrio presupuestario. Alargar la edad de
jubilación, hasta los 67 años previstos en la ley 17/2011, ya mejora el flujo de
ingresos al sistema de la Seguridad Social. Además, parece adecuado pensar, desde
un punto de vista de solidaridad social intergeneracional, que, si dentro de unas
décadas tendremos una mayor proporción de pensionistas entre nuestra
población, los activos habrían de asumir un mayor esfuerzo financiero para dotar a
las pensiones de una cuantía suficiente, sin tener que recurrir a mecanismos de
beneficencia y dejando otras formulas de obtención de rentas en la vejez, como
complementaria, para quienes puedan y quieran arriesgar una parte de sus
ahorros durante su vida activa en fondo privados de pensiones u otras variantes de
inversión a largo plazo.

15. Y, si de correcciones respecto a los efectos del ciclo en la financiación del sistema
hablamos (reducción del número de cotizantes por aumento del desempleo, de
ingresos por disminución de las bases de cotización y aceleración de jubilaciones
anticipadas, entre otros) contamos con un Fondo de Reserva que nos permitiría
cumplir con el pago de las pensiones existentes hasta, al menos, el año 2018, más
allá de la fecha esperada de recuperación, según las previsiones gubernamentales
contenidas en el último plan de Estabilidad remitido a los organismos
comunitarios.

16. De momento hay ingredientes suficientes en el terreno de la reforma del sistema
pensiones y en las fortalezas del propio sistema como para que nos otorguemos un
pequeño respiro y no demos pie al pánico y a la alarma social; eso sí que nos sirva
también para pensar en el siguiente paso a desarrollar. Paso este que, sin duda,
convendría vinera consensuado por la fuerzas políticas y sociales que articulan la
opinión y los intereses de los ciudadanos del país.

17. Vistas así las cosas parece, a mi entender, precipitado ir en este momento más allá de lo que establece la Ley 27/2011, introduciéndonos en un terreno de alta
conflictividad (sin consenso) y de incertidumbres, por el momento. Es por ello que,
en mi consideración, la actuación del Comité de Expertos creado al amparo del
mandato establecido en el R.D-L. 5/2013 de 15 de marzo (disposición adicional
novena), no debiera sobrepasar el mandato allí contenido, circunscrito a la
elaboración de un factor de sostenibilidad que “con el objetivo de mantener la
proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas
del mismo y garantizar su sostenibilidad a partir de 2027, los parámetros
fundamentales del sistema se revisarán por las diferencias entre la evolución de la
esperanza de vida a las 67 años en 2027. Dichas revisiones se efectuarán cada 5
años, utilizando a este fin las previsiones realizadas por los organismos oficiales
competentes” (art. 8º de la Ley 27/2011de uno de agosto). Cualquier otra
consideración añadida a este mandato enturbiaría las aguas ya de por si bastante
revueltas del diálogo social y de la propia paz social, sin que tuviéramos garantía
alguna de que lo dictado ahora no hubiera de estar sujeto a revisión profunda,
cuando no eliminación, en años inmediatos al albur de los resultados de la reforma
del sistema de pensiones recientemente instaurada.

18. Conviene tener en cuenta no solo los elementos financieros del concepto de
sostenibilidad, sino otros aspecto a los que históricamente ha atendido el sistema
público de pensiones: suficiencia de las mismas, equilibrio territorial, solidaridad
intrageneracional, función macroeconómica y cíclica. No se debe sustraer el
debate a los ciudadanos y el acuerdo a las fuerzas sociales y políticas. La reforma
fue pactada en 2011 y significó la ausencia de conflicto político y social. No
debemos olvidar que la Ley 27/2011 constituyó el fruto de un gran consenso entre
las fuerzas políticas (a través de la Comisión del Pacto de Toledo) y de las
organizaciones sociales, a través del Pacto Social que sustenta la reforma.
Recuérdese, basta con hacer algo de historia, que el consenso referido no ha sido
fácil de alcanzar, buena prueba de ello es el análisis de las principales reformas
realizadas desde el año 1997, donde el consenso nunca fue global. En esta
perspectiva, en definitiva, la ruptura del consenso sobre esta cuestión constituiría
una provocación innecesaria e injustificada, que seguramente propiciaría un
conflicto social con un enorme coste social y económico, que el país no se puede
permitir en los tiempos actuales.

CONSIDERACIONES DE DETALLE SOBRE EL CONTENIDO DEL INFORME


a) El Informe parte de un diagnóstico excesivamente alarmista de los problemas
financieros del sistema público de pensiones, con una crítica subyacente al sistema
de reparto, que, sin embargo ha mostrado en el pasado un gran potencial para
hacer frente a diferentes problemas a los que se ha tenido que enfrentar.

b) En consecuencia se recomienda proceder a incorporar un doble factor de
sostenibilidad de manera inmediata, sin considerar otras alternativas posibles, por
el lado de los ingresos del sistema.

c) La retórica subyacente contenida en el Informe incluye, a mi juicio, un exceso de
contenido crítico a la capacidad de reforma y de atención a los problemas futuros
por parte de las instituciones políticas que nos representan; el latiguillo subyacente
de los “políticos” como seres interesados, cuando no incompetentes, como
justificativo de la necesidad de incorporar al sistema mecanismos de ajuste
automático, me perece, cuando menos, peligroso, desde la perspectiva de la
credibilidad/estabilidad de las instituciones democráticas. Puede que sea de
interés, por razones de flexibilidad del sistema o de otro orden, contar con
mecanismos de ajuste automático, sometidos siempre a seguimiento y
modificación, cuando se considere necesario, pero ello no es motivo para
descalificar la necesaria presencia de las instituciones (y los políticos son la
vertiente humana de las que tenemos) en la definición de las reglas del sistema y
de su aplicación. Creo que el peor escenario es el del gobierno de los “técnicos” o
de los “expertos”, que se colocan en un peldaño muy por encima del de los
políticos.

d) Y, contradictoriamente, sobre esa no interferencia política, el propio Informe
establece consejos o sugiere temas a reformar, en su parte final, sobre cuestiones
“no automáticas”, que afectan a la definición del sistema público de pensiones y
sujetas al arbitrio de las instituciones políticas representativas. Adicionalmente, la
propia definición del factor de sostenibilidad anual deja aspectos importantes,
como el coeficiente alfa, o el número de años a considerar en la estimación de la
revalorización anual de las pensiones con medias móviles, al arbitrio del legislador,
entre otras cuestiones que tienen una singular transcendencia en los resultados
año a año derivados de la aplicación del factor, tal como el propio Informe indica.

e) En este sentido, creo sería mas eficiente reducir la carga de retórica del informe,
que a menudo suena a discurso moral, en aras de un mayor esfuerzo de claridad
(transparencia), tema que se reitera a lo largo del mismo, para que el común de
los pensionistas, actuales y futuro entienda lo que se dice en las diferentes
fórmulas de calculo de los factores de sostenibilidad, particularmente el “anual”.

f) No deja de resultar interesante contemplar como la fórmula del factor de
revalorización anual adolece de cierta circularidad en su formulación, dado que
para el cálculo de la revalorización de la pensión media hay que estimar
precisamente la evolución de esa misma pensión media en una serie de años
(según el coeficiente “n” que se elija), precisamente en el cociente del ratio
Ingresos/Gastos (pensiones*pensión media). En las previsiones que hagan los
organismos oficiales, que se utilizaran para el cálculo de la revalorización, tendrán
que considerar alguna previsión (explícita o tácita) sobre la evolución de las
pensiones medias en el año de la revalorización y siguientes.

g) Las previsiones por tanto jugaran un papel fundamental en el resultado de la
aplicación de los factores; mientras que en el primero puede haber cierto consenso
sobre las predicciones demográficas, en el segundo por las variables a estimar (PIB,
salarios, pensiones medias, pensionistas, etc.) el nivel de controversia será mayor;
cabe pensar que errores en las previsiones de un año pueden ser corregidas en el
siguiente (no siempre), pero en el entretanto el conflicto social generado puede
ser importante. No es de extrañar que en algunas formulas de factores de
sostenibilidad, como en el caso sueco, se han evitado incluir previsiones y las
referencias siempre se relacionan con datos ya oficializados.

h) Las tendencias que se apuntan sobre el resultado de la aplicación suenan tan
optimistas, sobre la senda de revalorización de las pensiones medias, que incluso
uno se pregunta sino sería mejor dejar el sistema de revalorización en los términos
actuales, ligada a la evolución del IPC. Parece que el efecto del mismo sobre la
relación entre cuantía de las bajas/cuantía de las altas, que tendería a bajar,
solventaría los problemas de suficiencia (sobre la pensión media), aunque no está
claro si los de sostenibilidad. La ausencia de trabajos de simulación de cierta
entidad, que contemple todos los parámetros del sistema, con sus variantes,
dificulta tener una visión consistente de lo que podría acontecer en el futuro con la
aplicación de tales factores.

Si el ajuste recae en la pensión media, en términos de suficiencia, como el propio
Informe señala) como así entiendo ocurrirá como resultado de este factor de
sostenibilidad, se introducen incentivos, entre los colectivos que tienen posibilidad
de definir la cuantía de su cotización a situarse en la parte más baja del mismo, de
no mediar modificaciones en sus respectivos regímenes de cotización/prestación.
Añadir a estos comentarios que en la aplicación del factor de sostenibilidad anual
utilizado en Alemania (con algunas características cercanas al que se propone para
España en el Informe) a las pensiones publicas, desde principios de la década
pasada, se ha obtenido como resultado una depreciación real acumulada de las
mismas, aunque en ningún caso la cuantía de la pensión de un año puede ser
inferior a la cuantía del año precedente y, consecuentemente en ningún caso
puede producirse una “actualización negativa”.

No hay criterio homogéneo en cuanto al tratamiento del futuro de las pensiones,
ni en las legislaciones nacionales de los países de la UE ni en los propios órganos
comunitarios. Recuérdese como en el MoU (Memorándum de Entendimiento) que
acompaña a la aprobación del rescate financiero, que la Troica remitió a con
Grecia, le indicaban la necesidad de modificar los criterios de la revalorización de
las pensiones, cambiando la evolución de los salarios, por el IPC. ¿En que
quedamos?

j) Quiero insistir en hemos hecho solo una proyección muy limitada, que no nos
permite ver los efectos internos en el sistema (distribución entre regímenes, entre
grupos, sobre el monto total, Fondos de reserva, etc.). El análisis y la información a
poner a disposición de los legisladores debiera ser de superior envergadura,
incluyendo más alternativas, y escenarios diversos para cada uno de ellos, lo que,
sin duda hubiera requerido un periodo de trabajo más dilatado de trabajo y mayor
colaboración por los organismos oficiales competentes. Insisto en ello porque sigo
sin entender el porqué de las prisas para elaborar una propuesta de la envergadura
económica, política y social, tal como la que contiene el Informe del Comité de
Expertos.

k) La concurrencia de tres mecanismos de ajuste, de forma cuasi simultánea, si se
aplican los factores de sostenibilidad en el próximo año, significará que una parte
importante del ajuste para la sostenibilidad presupuestaria cargará sobre las
próximas generaciones que inician este año su andadura como pensionistas. Hay
que insistir en esto porque si retrasa la edad de jubilación a los 67 años y
simultáneamente se introduce el mecanismo del incremento de la expectativa de
vida en el cálculo inicial de las pensiones, se está castigando por vía doble a una
misma cohorte de jubilados: trabajar más años, cotizar por más tiempo y, en las
mismas condiciones, menor base reguladora, y además se aplica un coeficiente por
mayor expectativa de vida, reduciéndole la pensión inicial, añadiéndole una
tendencia descendente en la pensión media cuando ya esté dentro. Ningún país
europeo se ha atrevido a hacerlo con tanta intensidad.

l) Resulta fundamental, a mi entender, que previo a cualquier compromiso en
materia de nuevos factores de sostenibilidad, se establezca otro sobre el principio
de solidaridad intergeneracional que permita avanzar en las transferencias al
sistema de pensiones de ingresos públicos, es decir garantizar un nivel definido de
suficiencia a futuro de las pensiones públicas. El crecimiento económico futuro
puede reservar una parte del mismo para el pago de una nómina de pensiones que
crece, en tanto que la relación pensionistas/cotizantes tiende a incrementarse. Y
esto, si se quiere, también puede “automatizarse” si se desea, tras un acuerdo
previo sobre el objetivo de suficiencia o de gasto en pensiones que se pueda
adoptar por consenso por parte de los sujetos políticos y sociales. A este respecto
es cuestionable que con la propuesta de factor anual de sostenibilidad contenida
en el Informe vaya a pensiones parte del incremento de la productividad que las
próximas generaciones vayan creando; tal afirmación se apoya en la hipótesis de
traslación equivalente del incremento de productividad a los salarios (que se
supone representan en el factor a las bases de cotización) y en la estabilidad en el
reparto de la distribución funcional de la renta, cuestión también que la realidad
española no corrobora.

m) Históricamente así ha ocurrido, se ha ido incrementando la cuantía del PIB
dedicada pensiones e incrementando paulatinamente las transferencias.

n) Todo ello sin prejuzgar otras correcciones al sistema de reparto de prestación
definida, como ha ocurrido en años pasados, ni la necesaria reordenación ya
prevista, de su funcionamiento interno (absorción RETA, REA y REEH, , Mutuas,
etc.).

EN SINTESIS


A partir de lo analizado anteriormente, considero que:

A. Aún admitiendo las dificultades que, fundamentalmente por razones de la evolución
demográfica del país, se puedan plantear en el futuro para la estabilidad presupuestaria del sistema de público de pensiones, no considero preciso que se introduzcan factores de sostenibilidad apoyados en la dinámica de variables económicas estimadas. No hay necesidad inmediata de intervenir sobre la marcha de las pensiones, mas allá de la ley 27/2011 y las medidas complementarias que se consideren en el ámbito del pacto de Toledo. En este sentido, en los próximos años habrá que estará atentos a la evolución de los resultados de la reforma.

B. A mi modo de ver creo que es preciso asumir que el aumento del número relativo de pensionistas, derivado de las tendencias demográficas, exigirá un esfuerzo
paulatinamente mayor de las sociedad para con el gasto de pensiones, lo que nos
habría de llevar a una cifra de gasto similar a la media de la UE, en el entorno del 14 por ciento, sin alterar otras partidas de gasto social, con el fin de mantener la suficiencia de las pensiones y la sostenibilidad del sistema. Por ello, considero que el esfuerzo de ajuste tiene que recaer fundamentalmente en una acentuación de la solidaridad inter e intrageneracional en los próximos años, por lo que además de los efectos de la reforma en marcha, sería razonable establecer un compromiso, lo más consensuado posible, acerca de la suficiencia de las pensiones públicas, sobre la base de una aportación creciente a su financiación de recursos públicos, en un horizonte de convergencia con la media comunitaria, tanto en lo que a gastos en pensiones se refiere como a gasto social, en general. Las cifras al respecto permiten avalar un horizonte como este.

C. La reforma de 2011 opera con factor de sostenibilidad demográfico, aunque no de
carácter automático sino predefinido, afectando a varios de los parámetros de
definición de las pensiones como edad de jubilación y cuantía de la pensión inicial
(definición de la base de cálculo, años cotizados, anticipadas, etc.). Habría que dejarle
actuar y hacer su seguimiento antes de introducir otros posibles factores de reducción
de la cuantía de las pensiones.

D. No hay tanta urgencia. Los problemas comenzarían a agravarse (con las previsiones actuales) a partir de 2030, pero con la reforma de 2011 la previsión de gasto en pensiones sobre el PIB aún sigue estando por debajo de la media europea en 2040 y posteriormente.

E. No ha de descartarse que la revisión del factor (en los términos que indica la ley) se
haga antes de lo previsto, el año 2027, tras el análisis de los efectos de la reforma
recién puesta en funcionamiento, sobre la sostenibilidad del sistema en todas sus
facetas y nuevas previsiones realizadas en unos años. En todo caso habrían de ser los interlocutores políticos y sociales quienes acordaran una posible anticipación de la
revisión del modelo definido en la Ley 27/2011, tras la extracción de conclusiones sobre la experiencia de su aplicación en los próximos años.

F. Adicionalmente, hay todavía un margen importante de reorganización interna, parte
contemplados en la Ley 27/2011) con potenciales ahorros en forma de menores gastos o aumento de los ingresos (absorción de regímenes especiales, ITE, Mutuas, etc.)

G. De acuerdo con mi interpretación de lo establecido por la ley 27/2011, que
recientemente ha entrado en vigor, habrá de aplicarse un coeficiente de sostenibilidad
ligado a la evolución de la esperanza de vida de los españoles al cumplir la edad de
jubilación, que será aplicable a partir de 2027 y sobre los diferentes parámetros del
sistema, no necesariamente sobre el cálculo de la pensión inicial. No comparto por
tanto la apreciación del Informe acerca de la entrada en vigor de dicho factor a partir
de 2014; habrá de ser los poderes públicos los que interpreten, al margen de la
coyuntura inmediata, la necesidad o no de adelantar dicha fecha, que en mi criterio, a
fecha de hoy, aún resulta prematuro definirlo.

H. Por último, considero innecesario incorporar un factor adicional de sostenibilidad
ligado a la evolución de los ingresos y los gastos del sistema (aun entendiendo, como
no, la licitud de que un Comité de Expertos realice las propuestas que le parezcan
adecuada, más allá del mandato que tenga), tal como se define en el Informe, que a
largo plazo supondría un elemento adicional de ajuste sobre el valor medio de las
pensiones y sobre cuyos resultados efectivos en términos de equilibro presupuestario
no contamos con las simulaciones suficientes, ante la ausencia de apoyo por parte de
los organismos oficiales y la cortedad del tiempo asignado al Comité para realizar su
encargo.

I.                   Entiendo, por último, que el informe se debería:


a) Modificar el contenido de los elementos aplicados al factor de Equidad
Intergeneracional, dejando abierto su aplicación no sólo al valor de la
pensión media de entrada, sino a los parámetros básicos del sistema,
siendo los poderes representativos quienes defina la distribución de los
efectos del coeficiente en un mix proporcional entre los dichos parámetros.

b. Mantener la fecha de su entrada en vigor en los términos establecidos en la
ley 27/2011, a resultas de que los poderes políticos decidan una ligera
anticipación de la misma, para ponerse en relación con el año 203O, punto,
como se ha señalado, de fuerte inflexión según estimaciones oficiales, de
incidencia de la dinámica demográfica sobre el sistema de pensiones. En
todo caso, también parece razonable la aplicación del mismo en periodos
quinquenales como establece la Ley.

c. Suprimir el factor de Revalorización Anual.

d. Abrir un periodo de reflexión en el Comité para definir un factor de
suficiencia que, en paralelo al proceso de reforma fiscal en marcha,
considere el mantenimiento de la tasa de sustitución de las pensiones a
largo plazo en una cuantía suficiente y se apoye en la transferencia de
recursos públicos, a partir de una fecha, tal como el año 2030, en cuantía
adecuada para garantizar la sostenibilidad presupuestaria del sistema y la
suficiencia antedicha. Todo ello con el horizonte de convergencia con el
nivel de gasto medio europeo previsto en materia de pensiones públicas y
teniendo como referente la absorción por el sistema de pensiones públicas
de recursos generados por el crecimiento económico, en proporción a su
importancia relativa sobre el conjunto de la renta nacional u otro
parámetro relevante de referencia.