lunes, 7 de abril de 2014

Informe para la Reforma del Sistema Tributario de CCOO


INFORME INTERESANTE DE CONOCER POR REPERCUSIONES DE CARA A NUESTRO SISTEMA DE SEG. SOCIAL  

Valoración del Informe para la Reforma del Sistema Tributario de la Comisión de Expertos nombrada por el Gobierno, en relación con la propuesta de la Reforma tributaria presentada por CC.OO.


4 de abril de 2014


Introducción.


El pasado 14 de marzo se hizo público el Informe para la Reforma del Sistema Tributario
de la que se ha denominado Comisión de expertos (en adelante CE) nombrados por el Gobierno. Las expectativas del mencionado informe se han visto defraudadas ante una reforma limitada, de la que el propio gobierno, su mentor, marca distancias, que profundiza en los defectos de inequidad del sistema, sin un efecto claro sobre su eficiencia económica, en el mejor de los casos reducido, es decir, sobre el crecimiento económico y su efecto sobre empleo, el problema social y económico fundamental a resolver en los próximos años.

No es de extrañar este resultado, toda vez que el propio mandato del gobierno, no planteaba una reforma integral en términos de eficiencia, equidad y suficiencia, sino que limitaba la reforma a los objetivos de corto plazo del gobierno de cumplimiento de objetivos de sus compromisos de déficit, de una parte, evitando en lo posible la subida de impuestos, e incluye a su vez comentarios sobre la unidad de mercado en referencia fundamentalmente a la capacidad fiscal de las Comunidades Autónomas.

En claro contraste con la Propuesta de Reforma del sistema Tributario de la CE, CCOO, ha hecho un planteamiento, y así lo esta desarrollando, de largo plazo que permita hacer frente a déficits estructurales, sin obviar las necesidades de corto plazo, centradas fundamentalmente en políticas activas de empleo y de reinserción social, que exigen políticas de gasto y de ingresos que lo hagan posible, modificando y haciendo evolucionar las figuras impositivas actuales o desarrollando en su caso otras nuevas.

La propuesta de CCOO se orienta hacia un modelo tributario eficiente, que aumente el crecimiento económico y favorezca el empleo, con un efecto redistributivo, que disminuya desigualdades, contribuya a la equidad del sistema y permita una recaudación suficiente, para poder alcanzar los objetivos en el corto y en el largo plazo.

En este sentido, nuestras propuestas de políticas de empleo y reinserción de colectivos
desfavorecidos, tienen efectos positivos sobre el crecimiento al aumentar la demanda interna (Eficiencia), ayudando a recortar la desigualdad (Equidad) y para lo que planteamos modificaciones impositivas inmediatas y de evolución futura que permitan cumplir estos objetivos sin menoscabo de los principios anteriores en particular de la equidad (Suficiencia).

1. La propuesta de la Comisión de Expertos nombrada por el Gobierno.
 

La propuesta de la CE se articula sobre dos Ejes principales:

·         Reducción compensada de Impuestos directos, a realizar en una primera fase inmediata en 2015.
·         Devaluación fiscal, que significa reducción de costes del factor trabajo mediante reducción de cotizaciones sociales empresariales, a realizar en fase posterior.

El resto de campos de posibles campos de actuación (lucha contra el fraude, unidad de mercado, etc.) aunque tienen presencia en la propuesta reciben un tratamiento de mucha menos importancia.

1.1 Reducción de impuestos Directos “compensada” aumentando los Indirectos.


La CE propone actuar sobre las distintas figuras tributarias en los siguientes términos:

Reducción del impuesto de IRPF.
 

Se propone actuar sobre la Base general modificando la escala actual a un máximo de 4 tramos, reduciendo tanto los mínimos, al 20%, y el máximo, por debajo del 50%.Se propone actuar sobre los mínimos exentos.

Por su parte, respecto de la Base de ahorro se propone un tipo único llevándolo al mínimo
de la tarifa general.

Respecto a los bienes inmuebles, se propone recuperar la tributación por el uso de la vivienda habitual, previa a la modificación futura de IBI, desaparición de la deducción por vivienda habitual e inclusión de la renta del capital inmobiliario en la base del ahorro.

Se propone el establecimiento de un Régimen especial para no residentes.

Por su parte también se incluye propuestas orientada a la eliminación de reducciones y exenciones, y a la desaparición de métodos objetivos (módulos).

Los efectos de estas medidas son una menor recaudación en torno a 7.000 millones de euros a los que habría que añadir 3000 millones de euros de menor recaudación en imposición sobre el capital e impuesto de sociedades, que se compensaría a través de imposición indirecta, fundamentalmente IVA, por un importe similar.

Como puede verse sobre la principal figura recaudatoria del sistema la posición que toma la CE es claramente regresiva. Limita y reduce la progresividad en la base general del impuesto al reducir los tipos en las rentas más altas y la elimina en las rentas del capital, haciendo una discriminación negativa de rentas procedentes del trabajo frente a las de capital, denominadas del ahorro que sólo pueden realizar las rentas con mayor capacidad de ahorro, es decir las más altas. Entendemos que la propuesta de la CE incumple claramente los principios de equidad y suficiencia, y con una eficiencia económica escasa ya que plantea un
aumento en acumulado de tres años del 0,2% en empleo y del 0,3% en producción.

En relación con la propuesta de CCOO, la diferencia es sustancial pues para nosotros esta figura es clave en su base progresiva sobre la renta cualquiera que sea su procedencia. Hemos optado por proponer la desaparición de la estructura dual del impuesto basada en separar las rentas del trabajo y las del capital, pero incluso si se mantuviera ésta, las rentas del ahorro deben tener una tarifa progresiva y aumentar la recaudación sobre los niveles actuales. No obstante, y a pesar de la clara diferencia que separa ambas propuestas compartimos algunas medidas recomendadas por la CE, como la eliminación de una gran parte de las exenciones y reducciones del impuesto o la desaparición de los métodos de estimación objetiva (módulos).

 Impuesto de Sociedades.


La propuesta de la CE remite a una reducción progresiva de los tipos nominales (25% en 1ª etapa y 20% en la 2ª) y acercarlos a los efectivos con reducción drástica de exenciones, reducciones y bonificaciones que distorsionan la base del impuesto. Plantean la limitación de gastos financieros como deducibles al menos en su totalidad y teniendo en cuenta el nivel de endeudamiento y la limitación de amortizaciones. Exenciones por doble imposición.

Desaparición del régimen especial de reducida dimensión.

Esta propuesta de la CE, sugiere una reducción del tipo nominal que no compartimos,  unque aborda parte de los problemas de este impuesto y plantea algunas medidas parciales para su reforma que se pueden compartir: reducción de bonificaciones, eliminación de régimen especial,… No obstante, está lejos de abordar una modificación sustancial de esta figura impositiva.

La propuesta de CCOO parte de la consideración de modificar este impuesto que había tenido una fuerte capacidad recaudatoria como consecuencia del “boom inmobiliario” que difícilmente se recuperará en el futuro y centraba el problema del impuesto en su complejidad de gestión y dudosa eficiencia económica que a veces se atribuye a la estructura de esta figura.

Las cuantiosas exenciones y bonificaciones hacen que hoy tengamos un impuesto con tipos nominales en la media alta de la UE pero, al tiempo, muy bajos tipos efectivos que benefician fundamentalmente a las empresas con mayor capacidad de “gestión fiscal” y les facilitan una mayor vía de elusión fiscal. Por eso la propuesta de CCOO plantea, mantener los tipos actuales (entre el 20% y el 35% según tamaño, facturación y antigüedad de la empresa) junto a una reducción drástica de exenciones y bonificaciones, limitación del periodo de compensación de pérdidas y de la generosidad en el tratamiento de la consolidación de las empresas transnacionales, eliminar la posibilidad de tributación de rentas mediante la atribución de gastos personales a través de estructuras societarias y actuar sobre regímenes societarios ineficientes como las SICAV, sociedades de tenencia de activos y similares; finalmente nuestra propuesta incorpora un impuesto mínimo, que garantice un determinado nivel de ingresos junto a la necesidad de armonización de este impuesto en el seno de Unión Europea.

Imposición Patrimonial.


La CE plantea la desaparición del impuesto sobre el patrimonio y la desaparición progresiva de transmisiones patrimoniales. En relación con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones  plantea una tributación similar en todo el territorio de régimen común con tipos en función del grado de parentesco, con mínimo exento, entre 4/10% y sobre los que podrían actuar las CCAA. A medio plazo plantea un IBI y, cuando sea posible, una valoración homogénea en todo el territorio de los valores de los activos inmobiliarios.

En un momento en que la crisis está generando una fuerte dualización social, en que una amplia capa de la población está perdiendo capacidad adquisitiva, llegando en muchos casos a umbrales de pobreza, como están señalando organizaciones nacionales (Caritas) e internacionales (OCDE y FMI), en tanto que una parte muy minoritaria de la sociedad acumula riqueza, llama la atención la insensibilidad de la CE para eludir la importancia redistributiva y de eficiencia económica que conlleva una adecuada imposición sobre la riqueza, como han hecho otras comisiones de expertos internacionales.

La propuesta de CCOO sí contempla una reactivación y reordenación de los impuestos sobre la riqueza, por su carácter redistributivo y también de recaudación, a través de los impuestos tradicionales de patrimonio, sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales, y de nuevas figuras puestas en marcha como la imposición sobre depósitos bancarios, a la que se opone la CE, gravar la actividad financiera como alternativa o establecer la imposición sobre transacciones financieras, sobre las que la mencionada CE no hace referencia.

Impuesto sobre Valor Añadido.


La CE plantea la supresión de algunas exenciones, eliminación del régimen de equivalencia y restricción del régimen simplificado. Pero donde se plantean las modificaciones mas significativas es en el sometimiento al tipo general del impuesto (21%) incluso considerando una posible subida de éste, manteniendo el tipo superreducido (4%) a los bienes y servicios actuales y limitando el IVA reducido (10%) a vivienda, turismo y transporte de viajeros. Todo por el objetivo recaudatorio y sustitutivo de la pérdida de recaudación por las modificaciones a la tributación directa que de manera estructural plantea la CE. Es decir menos impuestos directos, los más progresivos y adecuados a la riqueza de las personas y sustituirlos por indirectos, de carácter, en general, regresivo.

La propuesta de CCOO, que considera también los aspectos de recaudación del impuesto, sobre todo en los objetivos de corto plazo, plantea una modificación que reduce los tipos de IVA, hasta el superreducido, ampliando la aplicación de éste a los productos propios de una economía familiar (alimentos y energía en el hogar – gas, electricidad-), utilizando esta medida para incentivar el consumo de los hogares, al tiempo que se apoya en mayor medida a las rentas más bajas que dedican una parte mayor de sus ingresos en estos consumos básicos. En cuanto a la supresión de regímenes especiales y exenciones planteadas por la CE, en general favorecen una simplificación del impuesto que propugnamos en todas las
figuras, por ello no compartimos la idea del mantenimiento de la exención por servicios financieros, aunque la CE la atribuye a la equiparación internacional.

 Imposición especial y medioambiental.
 

La CE hace un repaso de los impuestos especiales tradicionales (bebida, tabaco...) planteando modificaciones no demasiado significativas; hace una reestructuración de diversos impuestos sobre la energía proponiendo un nuevo impuesto sobre residuos nucleares. Proponen reforzar la unidad de mercado, planteando una unificación de impuestos medioambientales que sustituirían a los existentes en ámbitos municipales y autonómicos, con independencia de que su gestión se llevara en dichos ámbitos.

La propuesta de CCOO consideraba que existían márgenes de homologación con Europa, toda vez que la recaudación tanto por impuestos especiales como por los relacionados con el medioambiente se situaban entre 0,6 y 0,8 puntos porcentuales de PIB, mostrando un diferencial con la UE de más de dos puntos porcentuales, lo que permite amplios márgenes de actuación en esta materia.

1.2 Devaluación Fiscal.


En esencia, la CE propone un abaratamiento de los costes laborales mediante fuerte reducción de las cotizaciones sociales.

Cotizaciones sociales


La CE plantea una reducción de cotizaciones sociales, pero va más allá y plantea en la práctica la modificación de la base del sistema de cotizaciones actual del sistema de

reparto, al propugnar la creación de un nuevo impuesto sobre nominas que sustituya y en principio mantenga la recaudación actual, con una distribución de la carga entre trabajadores y empresas destinada a minorar la de éstas y una gestión conjunta con las retenciones del IRPF. La CE plantea cuestiones adicionales: una mayor ligazón de prestaciones a las contribuciones y limitar el uso de bonificaciones.

En una segunda fase, pretende inducir una devaluación fiscal reduciendo tres puntos las cotizaciones sociales (-10.000 millones anuales) y aumentando el IVA para compensar la pérdida de recaudación. Aunque pospone ésta a que mejore la situación financiera de la Seguridad Social; parece que los expertos no están tan seguros de las bondades de su planteamiento o de la posibilidad de implementarlo en el momento actual.

El informe de la CE estima que su propuesta tiene un efecto positivo sobre el PIB que puede llegar hasta el 0,7% del PIB y hasta el 0,7% del empleo en el acumulado de tres años, lo cual es un enunciado bastante confuso. Parece entenderse que la medida tiene efectos durante un trienio y que en esos tres años el efecto más alto que se alcanza es del 0,7%, por lo que en media anual el efecto sería mucho menor. La CE no proporciona, tampoco aquí, la cota inferior del rango en el que se mueven sus estimaciones. Señala también que las cotizaciones tienen en España un mayor peso sobre el PIB que en los países de la Eurozona y que esto afecta a la creación de empleo y a la productividad.

Sin embargo, esto incide, una vez más, en la idea de segmentar los costes laborales para compararlos por partes e intentar reducir los mismos. CCOO reitera que lo relevante para crear empleo y competir vía costes es el porcentaje que representa el coste por trabajador en relación a su productividad. En España de los más bajos de los países de la OCDE. Sólo están por debajo de España, la República Eslovaca, Irlanda, Canadá, República Checa y Polonia, el resto de países están por encima. Los costes laborales representan el 68% del valor de cada unidad producida en España, uno de los porcentajes más bajos del mundo desarrollado, lo que implica que las empresas españolas consiguen uno de los márgenes por unidad producida más altos. Esta ventaja competitiva de la economía española desde el punto de vista de los costes ya existía antes del final de la etapa de crecimiento, aunque con la crisis se acentúa. La productividad
aparente del factor trabajo creció en España un 10,5% entre 2007 y 2012, más que en ningún otro país de la Eurozona, excepto Irlanda. Aún así, su nivel actual se sitúa en un lugar intermedio. No obstante, la mejora futura de la productividad ya no está relacionada con el ajuste y reestructuración del aparato productivo (que basculaba en exceso sobre actividades intensivas en trabajo poco productivo) sino con la apuesta por un modelo de crecimiento sostenible (una economía con más industria y servicios de valor añadido, frente a otra más especulativa y de turismo de menor coste) y el desarrollo de inversiones que aumenten el potencial de crecimiento de la economía y reduzcan la vulnerabilidad de las empresas y personas (I+D+i, internacionalización, educación y formación, infraestructuras rentables, etc).

Por otro lado, España es uno de los países de la Eurozona donde los costes laborales han crecido menos entre 2007 y 2012, sólo superada en moderación por Grecia y Holanda.

El Gabinete Económico de CCOO ha analiza este asunto y concluye que los efectos sobre el crecimiento y el empleo son pequeños y poco permanentes. Sin embargo, las repercusiones sobre la distribución de la renta son significativas, beneficiando al 30% de la población más rico y perjudicando al 70% restante.

Por último, hay que resaltar que las cotizaciones sociales no son un impuesto sobre la
nómina, y en eso lo quiere convertir la propuesta de la CE, sino una parte más de la retribución de las personas que trabajan, aunque con una característica particular: su cobro se difiere al momento de la jubilación. Las retenciones a cuenta del IRPF sí son, en cambio, un impuesto, pues el dinero que se retira de la nómina por este concepto no retorna al menos directamente- al bolsillo del trabajador. Tal vez que el sistema de pensiones español sea de reparto y no de capitalización hace que algunos -entre los que se incluye la CE- “confundan” las cotizaciones con un impuesto sobre la nómina. Contribuye también a este embrollo la falsa distinción entre cuota empresarial y cuota del trabajador, que es
puramente literaria, así como las comparaciones internacionales que se hacen sobre el peso de una y otra.

1.3 Fraude Fiscal.


La propuesta de la CE, con planteamientos genéricos de lucha contra el fraude, como no podía ser de otra manera, elogia las capacidades de la administración tributaria, para la que reclama una mejora de medios materiales y personales, y señala medidas parciales, que se pueden compartir, de actuación sobre el IRPF y el IVA, las principales figuras recaudatorias. Sin embargo, elude medidas coercitivas claras, frente al fraude y la elusión fiscal, haciendo referencia a la reducción impositiva como desincentivadora del fraude, y obviar un régimen de sanciones duro pues plantea que éste “resalte más sus aspectos de estigma social que su peso pecuniario”.

En claro contraste, la Propuesta de Reforma Tributaria de CCOO en relación al Fraude Fiscal, reclama un mayor esfuerzo de medios materiales de la AEAT y la modificación de las figuras impositivas para que su diseño no facilite el fraude ni la elusión fiscal, a la vez que reclama una modificación del régimen de responsabilidad tributaria reformando la figura del delito fiscal con un endurecimiento de su carácter sancionador en todas las fases del procedimiento fiscal. Junto a ello proponemos elaborar planes anuales y plurianuales de recuperación de cantidades defraudadas y planes selectivos de inspección sin olvidar campañas de sensibilización social sobre los efectos negativos del fraude fiscal, cuyo efecto solo será efectivo si las medidas anteriores se realizan y son trasmitidas a la sociedad. Asimismo, hay que mejorar los medios materiales y humanos para garantizar la efectiva recaudación del fraude detectado y las cuantías, en forma de deuda tributaria, derivadas del mismo. Actualmente 26.000 millones de euros han sido determinados como deuda tributaria y se encuentran pendiente de cobro.

1.4 Unidad de mercado y Neutralidad fiscal.


Finalmente la CE realiza una serie de consideraciones sobre la unidad de mercado y la necesidad de evitar que las competencias fiscales de las comunidades autónomas (CCAA) puedan afectar al mercado interior español. En general son medidas que, sin negar abiertamente la capacidad de las CCAA, tratan de acotar y homogeneizar las figuras impositivas tanto de carácter estatal como las específicas de las CCAA en el marco de la filosofía que enmarca el informe de la CE.

La propuesta de Reforma tributario de CCOO opta por reforzar la corresponsabilidad fiscal de las CCAA y contempla, en el marco general de su propuesta, junto con cada una de las organizaciones territoriales el desarrollo de esta reforma fiscal en los marcos competenciales correspondientes

 2. Consideraciones finales sobre la propuesta de la Comisión de
Expertos.


La reforma fiscal planteada por el informe de la CE se desarrolla en el marco presupuestario definido por la Actualización del Programa de Estabilidad de 2013, donde los ingresos públicos se mantendrán en el entorno del 37-38% del PIB en el horizonte de 2016 y el gasto público se reducirá desde el 43,3% de 2013 hasta el 39,7% para 2016, es decir, 3,6 puntos porcentuales del PIB en tres años. Por tanto, el marco sobre el que se desarrolla la reforma delineada por el CE renuncia a recortar los 8 puntos porcentuales de menor presión fiscal que tiene España con respecto a Europa y deja que todo el ajuste de la consolidación fiscal recaiga sobre el ajuste del gasto público. Este esquema es opuesto al dibujado en la propuesta de CCOO.





Pero lo más sorprendente del informe es que no se detenga a analizar la repercusión de
sus propuestas sobre la equidad, cuestión ineludible en cualquier trabajo de valoración serio. Contrasta en este aspecto con el informe elaborado por el premio Nobel James Mirlees en 2010 para la reforma del sistema fiscal británico, que es el referente académico internacional en la materia y que señala entre las recomendaciones para construir un buen sistema fiscal: "lograr una progresividad tan eficiente como sea posible". El informe de la CE es, en consecuencia, un trabajo parcial pues no evalúa cómo sus propuestas afectan a la equidad redistributiva, limitándose a analizar los aspectos relacionados con la eficiencia, olvidando el previsible efecto negativo de sus propuestas sobre la equidad del sistema fiscal.

Llama la atención que el informe de la CE haya obviado las consideraciones que sobre esta cuestión han elaborado organismos multilaterales con los que el presidente de la CE, dice haberse reunido durante los trabajos de la comisión, y gusta citar como aval de sus postulados. La OCDE acaba de indicar en su ‘Panorama de la sociedad 2014”, que la desigualdad en el reparto de la renta y la exclusión social podrían enquistarse si los gobiernos no actúan con rapidez para ayudar a los más vulnerables. Por su parte, el FMI reconoce en un documento de reciente publicación -donde se analiza la relación entre política fiscal y desigualdad- el importante papel que juega la política fiscal (tributos y gasto público) en la redistribución de la renta y que puede jugar la imposición directa en la lucha contra la desigualdad. La redistribución de la renta producida por las transferencias públicas en efectivo reduce en un tercio la desigualdad en la distribución de la renta operada por el mercado. A este recorte de la desigualdad habría que sumar el inducido por los retornos en especie que reciben los ciudadanos del sector público (sanidad, educación, vivienda, etc.). Es importante resaltar que aunque el FMI otorga un poder redistributivo mayor a las políticas de gasto público, reconoce también el papel que en este terreno puede jugar la imposición directa sobre la renta.

Es de interés resumir algunos de los juicios más novedosos que se hacen sobre el aumento de la desigualdad para España por la OCDE en su Panorama de 2014:

Los ingresos de los hogares españoles cayeron aproximadamente 2.600 euros por persona entre 2008 y 2012, siendo una de las caídas más fuertes entre los países de la Eurozona.

El 10% de la población más pobre ha visto caer un 14% sus ingresos entre 2007 y 2010, siendo el mayor recorte de los países de la OCDE, que en media cayeron un 2%. En 2010, los ingresos medios del 10% de la población más rica eran 13 veces más altos que el 10% de la población más pobre.

España teniendo una tasa de desempleo 2,5 veces más alta que la media de la UE, tiene un gasto de prestaciones por desempleo y familia apenas por encima de la media UE. El gasto por desempleo para formación o búsqueda de empleo disminuyó en más de dos tercios entre 2007 y 2011, y la coordinación entre las oficinas públicas de empleo regionales y nacionales sigue siendo un desafío.

Los subsidios monetarios para personas de bajos ingresos (asistencia social) son modestos en España, alrededor de la mitad del ingreso que define la línea de pobreza.

Las transferencias públicas no están bien orientadas hacia los más necesitados. Las transferencias en efectivo destinadas a familias relativamente acomodadas es superior a la de la mayoría de países de la UE. En 2010, el 30% más rico recibía en España transferencias un 15% por encima de la media, mientras que el 30% más pobre recibía un volumen de transferencias un 25% por debajo de la media. Por el contrario, en la UE y los países de la OCDE, los pobres reciben más transferencia que los ricos. Esta brecha es aún mayor en España si se considera sólo a los hogares con personas en edad de trabajar.

La tasa de jóvenes (de 16 a 25 años) que ni trabajan ni estudian o siguen una formación (los 'ninis'), uno de cada cinco, es la quinta más alta de la OCDE.

El trabajo sobre política fiscal y desigualdad en el reparto de la renta publicado por el FMI y el informe Mirlees apuntan la importancia de evaluar ingresos y gastos de manera conjunta. El informe de la CE, sin embargo, se limita a redistribuir la carga fiscal de los ingresos sin reflexionar sobre los gastos y tomando como dado el nivel de recaudación como, por otro lado, había solicitado el Ministerio de Hacienda. No obstante, incluso dentro de este constreñido esquema la Comisión podría haber hecho alguna reflexión sobre una posible redistribución del gasto entre políticas y programas.

La propuesta de CCOO si toma en cuenta esta doble perspectiva y a corto plazo propone como se ha señalado- un aumento de los ingresos para atender urgentemente la situación de los desempleados en situación más vulnerable, con el fin de mitigar la pobreza y evitar que el paro se enquiste y se convierta en estructural. Plantea también un aumento de los ingresos a largo plazo para hacer frente al déficit en la protección de los jubilados, consecuencia del envejecimiento demográfico. Y propone una rebaja de la tributación indirecta de los bienes y servicios básicos (alimentos y suministros del hogar) con la intención de aliviar la situación de los menos favorecidos y fomentar -dentro de un planteamiento más estructural- la emancipación de jóvenes y el aumento de la natalidad.

Por último, señalar que estas comisiones integradas por académicos y expertos
independientes, pueden desarrollar una importante labor mostrando a la sociedad los efectos, que sobre la recaudación, crecimiento, creación de empleo y equidad, tienen las distintas opciones de política fiscal. Ahora bien, revelar las preferencias sociales sobre la dimensión deseada del sector público, el grado de eficiencia y el nivel de equidad en el reparto de la renta y la riqueza, corresponde a la política y a las organizaciones sociales que vehiculan el sentir de la sociedad en cada momento.

En este sentido, el informe de la CE es parcial por tres motivos: no estima los efectos de sus propuestas sobre la equidad, no considera de manera conjunta ingresos y gastos en su análisis, e invade el terreno de la política planteando una receta escorada hacia una concepción poco equitativa y redistributiva en aras de una discutible eficiencia económica en lugar de ofrecer diferentes opciones alternativas.